Dilema de la decapitación

A veces se cuenta la historia de que, en la batalla de Waterloo, un soldado se acercó a Wellington para informarle que las tropas británicas habían avistado a Napoleón y lo tenían en la mira al otro lado del campo de batalla. ¿Podían dispararle? Se dice que Wellington se negó a autorizar el disparo. Matar al comandante contrario — de hecho, al jefe del Estado enemigo — habría sido un comportamiento poco caballeroso y podría haber puesto en duda quién habría ganado la batalla de no ser por ello, empañando cualquier victoria.

Es muy posible que la historia de Wellington y Napoleón sea inventada. Pero ilustra una antigua pregunta que Donald Trump ha vuelto extremadamente oportuna. ¿Cuándo, si es que alguna vez, es una táctica apropiada de guerra o de política exterior llevar a cabo un "ataque de decapitación": el asesinato selectivo intencional de los líderes de otro Estado?

A ningún estudiante de historia o seguidor de los asuntos internacionales debería sorprenderle que los Estados se dediquen a los asesinatos. Sin embargo, parece haber algo diferente en el ataque explícito y, de hecho, jactancioso contra los líderes políticos de Irán por parte de EE. UU. e Israel en esta última guerra en el Medio Oriente. La operación estadounidense para capturar al presidente venezolano Nicolás Maduro en enero, aunque no se trató de un asesinato, conmocionó al mundo de manera similar. Ambos sucesos daban la sensación de haber roto un tabú.

El ataque aéreo inicial contra Irán no solo acabó con la vida del ayatolá Alí Jamenei, líder supremo del país desde 1989. Los estadounidenses también afirmaron abiertamente su intención de matar a quienquiera que ocupara su lugar si no era de su agrado. Trump reveló — con indiferencia, como si fuera una complicación menor de la estrategia — que los primeros ataques contra los líderes iraníes también habían eliminado a la mayoría de los sucesores previstos, de modo que Washington ya no podía estar seguro de a quién presentarle sus exigencias.

Los expertos en el tema coinciden en que las perspectivas sobre atacar a los líderes estatales han ido cambiando. El derecho internacional en sí mismo se ha mantenido razonablemente coherente. En tiempos de paz y mientras se encuentran fuera de su país, los líderes políticos gozan de una serie de inmunidades diplomáticas. En tiempos de guerra, se aplican las leyes generales de los conflictos armados.

"La cuestión clave es la definición de combatiente enemigo", explica el veterano diplomático y abogado estadounidense Philip Zelikow. "Los líderes enemigos pueden ser considerados combatientes enemigos". A menos que los civiles participen en el combate (aunque mucho depende de cómo se determine esto), el derecho internacional los protege.

Entonces, la respuesta a la pregunta de si es legal atacar a un líder extranjero con el objetivo de matarlo (o secuestrarlo) es que puede serlo. De hecho, algunos juristas rechazan explícitamente la existencia de una prohibición legal que prohíba atacar a los líderes estatales per se.

Pero la ley no lo es todo, y los asesinatos patrocinados por un Estado de líderes de otros Estados siguen infringiendo normas políticas y morales bien establecidas. Hasta hace poco, "la opinión general era que existía una prohibición internacional al respecto, basándose en que todos saldrían perdiendo", dice Lawrence Freedman, profesor emérito de estudios bélicos en el King’s College de Londres.

El asesinato por parte de EE. UU. del líder de Al Qaeda, Osama bin Laden, en 2011 bajo el mandato del presidente Barack Obama, cuya administración utilizaba una "lista de blancos" de terroristas, fue considerado un éxito de los servicios de inteligencia. Más recientemente, a muchos les impactó la ejecución del ataque israelí contra Hezbolá utilizando bípers y el asesinato del líder del grupo armado, Hasán Nasralá, en 2024.

Sin embargo, cuando se trata de jefes de Estado o de Gobierno, el umbral ha sido más alto. "Los líderes son una categoría diferente", dice Luca Trenta, profesor de relaciones internacionales en la Universidad de Swansea y autor de The President’s Kill List (La lista de blancos del presidente), un libro sobre la participación del gobierno de EE. UU. en asesinatos. "Esto se entendía como un acuerdo que se remonta a siglos atrás: está bien estar en guerra, pero no atacar a los líderes del otro bando".

La norma se ha incumplido a menudo. Trenta cita varios ejemplos, entre ellos el asesinato de Ngo Dinh Diem, de Vietnam del Sur, en un golpe de Estado respaldado por la CIA en 1963; el asesinato por parte de la Unión Soviética del líder afgano Hafizulá Amín en 1979; y las campañas francesas contra los líderes independentistas coloniales. En cuanto a Israel, "tiene una larga historia de asesinatos desde antes de la creación del Estado". Pero incluso allí, el liderazgo político hizo que las cosas fueran "una propuesta un poco más difícil", evalúa Trenta, como en el caso de Yaser Arafat.

Podemos encontrar antecedentes de las tácticas de decapitación de este año que se remontan a la antigüedad. La práctica romana de los "triunfos", en los que se exhibía a los líderes capturados en una procesión, guarda un parecido familiar con la extracción de Maduro por parte de EE. UU., un ataque de decapitación, sin lugar a dudas, aunque no fue letal para su objetivo.

En la era moderna, el uso más común de los asesinatos ha sido contra presuntos líderes terroristas y, más atrás en el tiempo, contra jefes de movimientos nacionalistas. El diplomático estadounidense Zelikow señala el precedente contra el terrorismo, pero dice que el hecho de que "un país como el nuestro tenga como objetivo a líderes estatales es una innovación contemporánea", y atribuye el cambio a la aparición de una "capacidad tecnológica cualitativamente diferente. Si los Estados hubieran podido llevar a cabo semejantes ataques antes, lo habrían intentado hace mucho tiempo".

En otras palabras, conforme los gobiernos se han familiarizado con estas capacidades, las perspectivas sobre su legitimidad han evolucionado y, al parecer, más rápido y más profundamente en algunos gobiernos que en el público en general.

Trenta distingue tres fases. Hasta finales del siglo XX, los asesinatos patrocinados por el Estado solían ser operaciones encubiertas, a menudo llevadas a cabo por intermediarios, y cualquier implicación se negaba públicamente y se condenaba si salía a la luz.

Las conclusiones del Comité Church del Senado de EE. UU. son representativas de esa época. En 1975, tras investigar las denuncias de participación de EE. UU. en intentos de asesinato contra líderes y funcionarios estatales, el comité presentó un informe provisional con lo que era, y seguramente sigue siendo, una opinión generalizada:

"Una vez que se eligen métodos de coacción y violencia, la probabilidad de pérdida de vidas siempre está presente. Sin embargo, existe una diferencia significativa entre el asesinato a sangre fría, selectivo e intencional de un líder extranjero concreto y otras formas de intervención en los asuntos de naciones extranjeras".

La presión que siguió a la publicación de ese informe llevó a que los asesinatos fueran prohibidos por decreto presidencial, primero bajo el mandato del presidente Gerald Ford, luego en decretos presidenciales consecutivos, con uno firmado por Ronald Reagan que aún sigue vigente.

Sin embargo, también bajo la presidencia de Reagan, la perspectiva oficial sobre la decapitación se estaba moviendo hacia una nueva fase. Se percibía menos la necesidad de negar y encubrir los ataques contra líderes enemigos, aunque seguía siendo imperativo situar esto dentro de los límites de la ley alegando inadvertida o defensa propia — en resumen, no un asesinato — como hizo el gobierno de EE. UU. con el ataque contra el líder libio Muamar Gadafi en 1986. En 2003 se produjeron los ataques estadounidenses para asesinar a Sadam Husein.

En la tercera fase, que según varios expertos con los que hablé comenzó con el asesinato del comandante iraní Qasem Soleimani en 2020 por parte de la primera administración Trump, se ha abandonado cualquier respeto por el derecho internacional, dice Trenta. Lo mismo ha ocurrido con el secretismo. De hecho, "los asesinatos selectivos se convierten en un gran espectáculo", como con los ataques a embarcaciones con presuntos narcotraficantes en el Caribe y la redada contra Maduro.

Lo mejor que se puede decir de esta tercera fase es que ahora se ha descartado cualquier hipocresía. Entonces, ¿por qué muchos de nosotros sentimos inquietud ante cómo este tipo de conducta se está normalizando? ¿Qué perdemos cuando perdemos la norma?

Para responder a esto, es útil reflexionar sobre las razones por las que la norma existía en primer lugar. Una razón fue siempre el interés mutuo recíproco: si cualquier líder es blanco de un ataque, entonces todos los líderes pueden serlo. Por razones similares a otras protecciones diplomáticas para los líderes estatales, el razonamiento ha sido que la reciprocidad es mejor para todos.

La norma también encaja con la filosofía que sustenta nuestro sistema estatal westfaliano de cuatro siglos de antigüedad, que otorga soberanía a los Estados con una presunción de inviolabilidad. Ir tras el jefe de Estado, la encarnación personal de la soberanía estatal, es socavar los cimientos de todo el sistema internacional y, con ello, las reglas — por imperfectas que sean — que hemos construido para mantener la paz.

En relación con esto, cabe señalar que, cuando se llevan a cabo "decapitaciones" de regímenes —incluyendo las no letales, como la redada contra Maduro — es habitual que los implicados menosprecien la condición del Estado afectado, dando a entender que se ha rebelado o que ha caído en manos de delincuentes.

Y no es casualidad que, cuando se ha atacado a jefes de Estado o de Gobierno, haya sido normalmente en lo que antes se conocía como el Tercer Mundo. Hay más que un atisbo de racismo o imperialismo en el respeto selectivo del que gozaba la norma en un principio, del mismo tipo que se ha denunciado en la Corte Penal Internacional por su tendencia a perseguir a los líderes de los países pobres.

El precio que paga el Estado que se dedica a los asesinatos de decapitación es que pierde la autoridad moral, señala Trenta, pero "también la pierde la comunidad internacional cuando se niega a decir que esto está mal". Y es un punto importante: la evaporación de esta norma está ocurriendo en un contexto de erosión de las normas internacionales en general.

Freedman señala que en un período anterior en el que los asesinatos de jefes de Estado y de Gobierno eran comunes — a finales del siglo XIX y principios del XX — a menudo eran perpetrados por anarquistas. Eran, literalmente, intentos de destruir el orden existente. Uno de esos intentos — el asesinato del archiduque austriaco y heredero al trono Francisco Fernando — desencadenó, como es bien sabido, la Primera Guerra Mundial. "Quizás debido a esa historia, aunque resultara tentador intentar el asesinato de Hitler, Stalin o Mussolini, no se llevó a cabo".

Si uno de los motivos de inquietud por el hecho de que los líderes estatales ya no sean intocables es que esto anuncia el fin del orden que conocemos, ¿qué orden podría ocupar su lugar? Se habla mucho del regreso de la competencia entre grandes potencias. Pero las grandes potencias han sido capaces de mantener la norma contra los ataques de decapitación en el pasado.

Una posibilidad más intrigante es lo que los politólogos Stacie Goddard y Abraham Newman han denominado "neomonarquismo": un orden "estructurado por un pequeño grupo de hiperélites" en el que la política sirve a "intereses personalistas estrechos en lugar de a objetivos nacionales". Aunque esos autores se enfocan en la acumulación personalizada de dinero y poder por parte de las camarillas gobernantes, nada parece más neomonarquista que ver la guerra a través del prisma de la destrucción física de un líder rival.

En ambos casos, dice Goddard, existe el "colapso total de las normas de no intervención soberana, la práctica de que las fronteras territoriales supuestamente establecen una especie de cortafuegos entre la política internacional y la nacional. En un sistema neomonarquista, los soberanos no reconocen este tipo de límites a su poder". También se produce una ruptura de la distinción entre el Estado y su líder. "No hay un 'interés nacional', solo los intereses o caprichos de los líderes y sus cortes", añade.

De hecho, Trump ha insinuado que uno de los motivos del ataque de decapitación era que Irán intentaba matarlo: "Maté a Jamenei antes de que él me matara a mí".

Frente a todo esto, se puede argumentar que lo único que realmente importa es si las decapitaciones funcionan. Si es así, sería porque desorientan, consternan y desmoralizan al adversario y causan trastornos, dice Freedman. Se puede considerar más probable "si piensas que estás lidiando con una autocracia donde todo depende de un solo hombre".

También puede considerarse justificada cuando la amenaza se percibe como existencial, como ocurre en Israel, dice Freedman. "El argumento israelí es que estos no son Estados normales, quieren eliminarnos, no vamos a pelear limpio con estos tipos". Incluso desde el punto de vista ético, "si puedes resolver el problema eliminando a un solo individuo en lugar de una guerra a gran escala, se puede argumentar que tiene sus atractivos". Esto recuerda al debate sobre el uso de la bomba atómica contra Japón en 1945, según el cual un ataque devastador salvaría más vidas al forzar una rendición rápida.

Pero, ¿funciona realmente la decapitación? "EE. UU. no ha tenido mucha suerte con sus intentos anteriores de llevar a cabo este tipo de ataques", señala Zelikow. Freedman señala que es difícil saber qué sucederá después. "¿Con quién se puede hablar? Es posible que los sustitutos no sean mejores que el que eliminas". Y si la persona asesinada es popular, un ataque de decapitación podría elevar la moral, provocando un efecto de fervor patrio.

Las investigaciones empíricas sobre las redes terroristas muestran que un ataque de decapitación contra este tipo de grupos a menudo puede no funcionar cuando han alcanzado un cierto nivel de sofisticación organizativa, escribe Jenna Jordan, autora de un libro sobre el tema. De hecho, "la decapitación puede envalentonar a los grupos para que lancen ataques de represalia o inspirar a seguidores anteriormente pasivos a participar activamente en la lucha".

Trenta también se muestra escéptico. "Cada vez que hay una campaña de contrainsurgencia, hay una estrategia de decapitación", dice. Con aire de resignación, continúa con la siguiente pregunta: "Si nunca ha funcionado especialmente bien, ¿por qué seguimos haciéndolo? Pero eso sucede con muchas otras cosas".

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