La República Dominicana no ha sido un país carente de pensamiento estratégico. A lo largo de su historia contemporánea ha contado con líderes que comprendieron que el desarrollo no es un accidente, sino una construcción deliberada. No nos han faltado ideas. Tampoco visión. Lo que ha sido intermitente es la continuidad estructural de ese rumbo.

Para entender esta afirmación conviene mirar más atrás que la coyuntura inmediata.

Juan Bosch representó la institucionalidad democrática como punto de partida del desarrollo. Su breve gobierno en 1963 dejó sembrada una idea esencial: sin reglas claras, sin derechos garantizados y sin educación como herramienta de movilidad social, el progreso es frágil. La Constitución que impulsó fue avanzada para su época, orientada a la justicia social y al equilibrio de poderes. Su programa de becas buscaba formar capital humano como base del crecimiento futuro. Bosch entendía que el desarrollo no era solo infraestructura; era ciudadanía.

Joaquín Balaguer, desde una óptica distinta, comprendió que el país necesitaba infraestructura física para sostener cualquier proyecto de modernización. Carreteras, presas, avenidas, edificios públicos, escuelas y obras hidráulicas transformaron la geografía económica del país. Pero, además, tomó decisiones estratégicas de largo alcance al declarar parques nacionales y proteger cuencas hidrográficas, adelantándose a una conciencia ambiental que décadas después se volvería imprescindible. Balaguer entendía que el desarrollo tampoco era solo crecimiento; era territorio organizado y recursos preservados.

Uno representaba la institucionalidad democrática y el capital humano; el otro, la infraestructura y la planificación territorial. Dos enfoques distintos, pero complementarios.

Y en un hecho singular de nuestra historia política, ambos coincidieron en señalar a un liderazgo emergente como síntesis de esas dos tradiciones: alguien con capacidad para articular institucionalidad, infraestructura y visión de Estado.

Ese reconocimiento no fue un gesto protocolar; fue la convergencia de dos corrientes históricas que entendieron que el país necesitaba integrar democracia, modernización física y planificación estratégica en un mismo proyecto nacional.

Esa tradición estratégica encontró continuidad en un período donde se articuló institucionalidad, infraestructura y planificación de largo plazo. Se consolidó infraestructura vial y urbana; se modernizó el transporte; se fortaleció el marco constitucional; y se promulgó la Ley 1-12 de Estrategia Nacional de Desarrollo, estableciendo metas al 2030 en institucionalidad, cohesión social, competitividad y sostenibilidad ambiental.

Pero hubo además una apuesta silenciosa y profundamente visionaria: la creación del Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA). En un momento en que el país aún no hablaba de economía digital, inteligencia artificial o industrias 4.0, se decidió invertir en la formación tecnológica del capital humano dominicano. Fue una decisión estratégica para preparar a una generación para el futuro que hoy vivimos.

El problema no fue la idea. El problema fue la falta de continuidad y expansión sistemática de ese modelo. Mientras el mundo aceleraba su transformación digital, nosotros no escalamos con la misma velocidad aquella visión anticipatoria. Y hoy pagamos el costo en brechas de innovación, productividad y competitividad.

Cuando hay continuidad, el país avanza. Cuando la visión no se sostiene, el futuro nos alcanza sin preparación suficiente.

La Estrategia Nacional de Desarrollo estableció metas claras. Pero su cumplimiento requiere coherencia presupuestaria, evaluación permanente y disciplina institucional. No basta con citarla; debe ordenar efectivamente el gasto público.

La planificación estratégica no se construye con consignas aspiracionales, sino con metas medibles, financiamiento identificado y políticas sostenidas en el tiempo. En ese contexto, iniciativas como el enunciado gubernamental de “Meta RD 2036”, aunque loables en su intención, carecen hasta el momento de anclaje institucional, ruta presupuestaria clara y vinculación efectiva con la Estrategia Nacional de Desarrollo. Sin esa coherencia estructural, cualquier meta de largo plazo corre el riesgo de convertirse en un ejercicio declarativo más que en una política de Estado.

El desarrollo depende de la calidad del gasto. Cuando el gasto corriente absorbe la mayor parte del presupuesto y la inversión de capital pierde centralidad, se compromete el crecimiento potencial. Cuando el mantenimiento de infraestructura no se integra como política permanente, se deteriora lo construido. Cuando el endeudamiento financia consumo en lugar de inversión productiva, se debilita el futuro.

Las naciones que logran desarrollarse no reinventan su modelo cada período político. Ajustan, perfeccionan, corrigen; pero sostienen su arquitectura estratégica.

Las decisiones de proteger parques nacionales, invertir en infraestructura, fortalecer la institucionalidad democrática o formar capital humano tecnológico no fueron episodios aislados. Forman parte de una tradición de visión de Estado.

La falla no ha sido la ausencia de referentes, ha sido la intermitencia en la continuidad.

Cada vez que la planificación se subordina a la coyuntura y el presupuesto se desvincula del plan nacional, se debilita la coherencia estratégica. Y sin coherencia sostenida, el desarrollo se vuelve episódico.

La República Dominicana ya produjo una tradición estratégica: educación como movilidad social, infraestructura como base productiva, medio ambiente como seguridad nacional, tecnología como futuro competitivo, planificación como norma institucional.

El reto no es diseñar una nueva visión. Es sostenerla.

Que la Estrategia Nacional de Desarrollo mande sobre la improvisación.

Que el presupuesto responda al plan y no al calendario electoral.

Que la continuidad del Estado sea regla y no excepción.

La República Dominicana ha tenido estadistas. Ahora necesita disciplina estratégica permanente. Porque el desarrollo verdadero no depende de episodios de lucidez, sino de continuidad institucional sostenida en el tiempo.

Juan Ramón Mejía Betances

Economista

Analista Político y Financiero, cursó estudios de Economía en la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU), laboró en la banca por 19 años, en el Chase Manhattan Bank, el Baninter y el Banco Mercantil, alcanzó el cargo de VP de Sucursales. Se especializa en la preparación y evaluación de proyectos, así como a las consultorías financieras y gestiones de ventas para empresas locales e internacionales.

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