El economista Andy Dauhajre produce con frecuencia interesantes análisis sobre diferentes problemáticas económicas. En un artículo de El Caribe de la semana pasada, titulado “¿Qué hacer con las EDE?”, propuso una solución al grave problema del mayúsculo subsidio a las deficitarias distribuidoras estatales de electricidad. Puesto que este drena onerosamente los recursos fiscales, la ingeniosa propuesta es digna de ser tomada en cuenta por los partidos políticos. Pero habría que modificarla al inferir su posible impacto sobre la concentración de la riqueza. Un análisis somero de los datos que ofrece la IA (ChatGPT-4) lleva a esa rigurosa conclusión.
Es bien conocida la razón por la cual hay que ponerle atención a esta propuesta de solución al subsidio eléctrico. En el 2024 este ascendió a la exorbitante suma de US$1,769 millones, lo cual representó un 8.25% de los ingresos fiscales y un 1.42% del PIB. Las pérdidas operacionales de las EDE son responsables del déficit: según las más recientes cifras Edeeste 54%, Edenorte 24% y Edesur 31%. Además de las perdidas técnicas, Dahuajre señala que una parte importante del déficit lo generan 644,000 hogares pobres que no pagan la electricidad, mientras otras fuentes apuntan a los enormes fraudes de grandes empresas y consumidores. En materia relativa, el reputado economista Lois Malkun ha señalado que de los RD$90,000 millones del subsidio, los pobres son responsable de solo unos RD$15,000 millones.
La propuesta de Dahuajre es que se traspasen las EDE al sector privado. “Necesitamos que las empresas que provean, facturen y cobren la electricidad tengan en su base accionaria a la mayor cantidad posible de personas, incluyendo a empresarios que estén dispuestos a arriesgar su capital en empresas que hoy pierden dinero, pero que, con decisiones responsables y sensatas, ofrecen oportunidades muy atractivas de “upside” del valor de sus acciones en el mediano y largo plazo”. Reconozcamos que, en ausencia de inversiones considerables, en el mejor de los casos, el valor de las EDE sería cero pues “las pérdidas continuarían ad infinitum.”
Después de una tasación bien hecha, “el Estado traspasaría las EDE a los 5.5 millones de trabajadores afiliados al régimen de pensiones de capitalización individual”. Tanto los fondos de pensiones como los inversionistas nacionales disponen de suficientes recursos como para poder comprar ese emporio. A una tasa de cambio de RD$63 por US$1 el patrimonio previsional actualmente ascendió a RD$1,108,995.1 millones al cierre de diciembre de 2024, lo cual equivale a US$17,603.1 millones. Aunque la solvencia de los inversionistas privados es insondable, no debe dudarse que pueden comprometerse a la inversión requerida.
“¿Quién asumirá la responsabilidad de invertir los US$1,650 millones que se requerirían en los próximos tres años para que las EDE puedan gradualmente emigrar desde la geografía de pérdidas a la de beneficios? Esas inversiones deberán ser realizadas por inversionistas nacionales dotados de la solvencia, la reputación y el demostrado compromiso con el desarrollo integral de la nación”. “Esos empresarios nacionales asumirían la administración de las EDE, sin requerir el cobro de un canon o cargo por administración. Si en el primer año los empresarios invierten US$550 millones, los trabajadores serían propietarios del 50% de la empresa y los empresarios nacionales del restante 50%. La participación en la base accionaria de los empresarios nacionales aumentaría en la medida en que las inversiones que ellos realicen en los siguientes años sean mayores a las que pudiesen realizar las AFP”, las que representarían los intereses de los trabajadores. Hasta aquí la fórmula de Dahuajre parecería plausible en tanto se puede suponer que una gerencia privada convertiría a las EDE en un emporio rentable.
Sin embargo, el primer problema de la propuesta del economista es el de la tasación. Independientemente de la metodología empleada para estimar el valor del patrimonio citado, cualquier resultado será cuestionable. De ahí que un acuerdo de los partidos mayoritarios sobre la tasación sería indispensable. El hecho de que las EDE son empresas deficitarias permite suponer que habría que venderlas a un precio razonable para motivar a los 5.5 millones de trabajadores –que son los dueños de los fondos de pensiones– y a los inversionistas nacionales. ChatGPT-4 concluye que la metodología de tasación más adecuada “sería una combinación de valor de activos netos ajustados + escenarios de flujo de caja proyectado con reformas regulatorias. El goodwill tendría un peso marginal o negativo, ya que la reputación y desempeño histórico de las EDE resta valor en vez de sumarlo”.
Asumiendo que se ha acordado una metodología de tasación, el más grave problema de la propuesta Dahuajre tiene que ver con quienes tendrían el control de las EDE una vez privatizadas. Se sabe que los fondos de pensiones son administrados en su totalidad por las llamadas AFP, cuya misión es lograr la más alta rentabilidad posible de la inversión de esos fondos. Pero según SIPEN, el 68% de esas inversiones a enero del 2025 estaban concentradas en valores estatales: 49% en Bonos del Ministerio de Hacienda y 19% en títulos/certificados emitidos por el Banco Central. ChatGPT-4 reporta que la rentabilidad general de las AFP en el 2024 fue de un 9%.
Esa no es una situación muy deseable, tanto porque así las AFP no corren riesgos como porque en nuestro país no hay garantía de que el Estado pueda pagar a tiempo la deuda ni garantizar las pensiones. Es preferible que esos fondos estén invertidos en bienes tangibles, siempre que estos produzcan una rentabilidad aceptable. Con la venta de las EDE el Estado estaría pagándole a los trabajadores una parte de lo que actualmente le debe a sus cuentas de capitalización individual. Eso implicaría, además, una reducción de la parte local de la deuda pública. La privatización de las EDE traería ambos efectos benéficos, representando un saneamiento del patrimonio previsional.
Ahora bien, tal medida implica también que la representación de los trabajadores en el consejo de administración resultante estaría en manos de las AFP. Y eso tiene sus bemoles. Aunque por un lado esa representación actuaría con criterios de empresa privada e influiría en que el manejo del emporio fuese idóneo, las AFP están, en su mayoria, en manos de accionistas muchos de los cuales serían los inversionistas nacionales que propone Dahuajre. De las seis principales AFP cuatro pertenecen a los bancos (Popular, Scotiabank, Banreservas, BHD). Esto equivale a que los grandes accionistas de los más grandes bancos privados del país serían los representantes de los trabajadores en el esquema de propiedad propuesto. Si a eso se añade que ellos posiblemente también serían los “inversionistas nacionales” que harían la inversión requerida para la mejora de las EDE, estaríamos propiciando un oligopolio en el sector eléctrico porque algunos de ellos son también grandes generadores de electricidad.
Aunque produzca la recuperación de las EDE, la resultante concentración de la riqueza erosionaría la libre competencia de nuestra economía de mercado, contribuiría a la desigualdad social y haría daño a la democracia. En consecuencia, la modificación requerida por la propuesta de Dahuajre es la introducción de inversionistas extranjeros sin vínculos locales en el esquema gerencial. Esto puede lograrse estableciendo un fideicomiso de grandes empresas extranjeras con experiencia en la comercialización de la energía para que representen a los trabajadores, declinando así una gerencia de las AFP. Alternativamente, también puede lograrse si se dispone que los inversionistas requeridos sean extranjeros sin vínculos locales. De este modo se estaría estimulando la libre competencia y se evitaría el oligopolio y la profundización de la desigualdad social.
La propuesta de Dahuajre merece una atención seria y el consecuente debate por parte de los partidos. Sería una irresponsabilidad que la clase política la ignorara porque se estaría prolongando la crisis actual y manteniendo la odiosa práctica de endeudamiento para cubrir el oneroso subsidio. Los tres principales partidos políticos deben abocarse a un nuevo Pacto Eléctrico con la privatización de las EDE como su objetivo principal.
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