El Día de la Constitución no debería limitarse a la conmemoración de una fecha histórica, sino invitarnos a reflexionar sobre el pacto de confianza que sostiene nuestra convivencia democrática. En 1844, los dominicanos de ese entonces decidieron el marco que nos permitiría vivir bajo reglas comunes, asumiendo la libertad y la cooperación como cimientos de la nación. Ciento ochenta y un años después, esa Constitución sigue siendo la guía que nos recuerda que la libertad no solo se defiende en los tribunales, sino también en la manera en que el Estado garantiza el ejercicio pleno de la ciudadanía.
Nuestra Carta Magna es clara: el artículo 47 reconoce el derecho a la libertad de asociación para fines lícitos; el artículo 48 protege la libertad de reunión pacífica, y el artículo 64 garantiza el derecho a la cultura, promoviendo la cooperación y el intercambio entre naciones. Estos principios son la base de la sociedad civil organizada, del voluntariado y de los programas de intercambio que tanto han enriquecido la vida nacional. Sin ellos, no existirían las organizaciones comunitarias, las fundaciones, ni los espacios de participación ciudadana que canalizan la solidaridad del pueblo dominicano.
Sin embargo, entre lo que la Constitución promete y lo que las leyes permiten persiste una brecha preocupante. La Ley 122-05 sobre las Asociaciones Sin Fines de Lucro, que nació hace dos décadas con el propósito de fomentar la acción social organizada y otorgar incentivos fiscales a quienes la sostienen, ha visto frustrado su espíritu. La administración tributaria ha tratado con recelo esos estímulos, imponiendo trabas administrativas que desincentivan la formalidad y reducen la capacidad del sector social para responder a los desafíos del país.
No se trata de reclamar privilegios, sino de hacer cumplir la ley. La filantropía no sustituye al Estado: lo complementa, movilizando recursos y voluntades hacia las raíces de los problemas sociales. Pero para que esa colaboración funcione, es necesario un entorno jurídico y administrativo que reconozca el valor público de las organizaciones sin fines de lucro y que respete los incentivos previstos por la legislación vigente.
Como señalé en mi artículo “Moral y Cívica: entre la obediencia y la ciudadanía activa”, la democracia no se fortalece únicamente enseñando deberes, sino garantizando derechos reales para ejercerlos. Esa misma lógica aplica aquí: no basta con reconocer el derecho a asociarse, hay que asegurar que ese derecho sea operativo, accesible y sostenido por instituciones confiables. La ciudadanía activa necesita un marco que confíe en ella, no que la someta a la sospecha permanente.
La falta de una aplicación justa de los estímulos fiscales ha generado una paradoja. En lugar de incentivar la transparencia y la formalidad, las trabas burocráticas empujan a muchas iniciativas sociales a operar sin reconocimiento o sin acceso a fondos. Esto erosiona la confianza en el sistema y frena el potencial transformador de la filantropía y del voluntariado. La consecuencia no es menor: los recursos que podrían fortalecer comunidades y proyectos sociales se quedan atrapados en la desconfianza institucional.
Por eso urge una reforma legal que devuelva vitalidad al régimen de las ASFL y que coloque en el centro el fomento, la proyección y el estímulo a la filantropía. No basta con administrar permisos o clasificaciones: el país necesita una política moderna que promueva la participación ciudadana organizada, que reconozca el valor de donar, servir y cooperar, y que ofrezca reglas claras para hacerlo.
Esa reforma podría incluso dar origen a una legislación unificada sobre la acción social, que integre en un mismo marco las normas sobre asociaciones sin fines de lucro, voluntariado y filantropía. Sería una forma de ordenar el sistema, simplificar procesos, fortalecer la transparencia y facilitar la canalización oportuna de los recursos privados hacia las causas públicas que más los necesitan.
En términos simples: el Estado no puede decir que promueve la participación ciudadana mientras mantiene bloqueados los mecanismos que la hacen posible.
La República Dominicana cuenta con una vasta red de organizaciones sociales, voluntarios y filántropos que actúan con responsabilidad y compromiso. Su labor, muchas veces silenciosa, sostiene causas que el Estado por sí solo no puede abarcar: educación, medio ambiente, cultura, inclusión, salud. Su acción no solo complementa las políticas públicas, sino que construye confianza, ese bien escaso que, como he escrito en otras ocasiones, es la moneda social que sostiene todo esfuerzo colectivo.
Reformar la ley para garantizar esos derechos no es un capricho técnico; es un acto de coherencia con nuestra Constitución. Es asumir que el pacto de 1844 sigue vivo en cada ciudadano que decide asociarse para el bien común, en cada organización que trabaja sin ánimo de lucro y en cada joven que participa en un intercambio cultural creyendo que la cooperación entre pueblos fortalece la paz.
Celebrar el Día de la Constitución significa también preguntarnos qué tan vigente está su espíritu en las decisiones cotidianas del Estado. Porque una Constitución no se honra solo declarándola inviolable, sino haciendo posible que sus libertades florezcan.
La confianza es la nueva independencia. Sin ella, los derechos quedan escritos; con ella, la Constitución cobra vida.
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