Al iniciar el año, se multiplican los balances y las proyecciones. Se habla de logros, de metas cumplidas, de lo que falta por hacer. El ejercicio es necesario; también es previsible. Lo que rara vez se formula con la misma claridad es una pregunta más incómoda: ¿por qué, a pesar de su estabilidad y de sus ciclos de crecimiento, la República Dominicana parece resistirse a transformaciones profundas que se traduzcan en bienestar compartido?
No se trata de negar avances ni de desconocer la complejidad de gobernar. La República Dominicana no es un Estado fallido ni un país ingobernable. Funciona. Hay instituciones, elecciones periódicas, inversión pública y continuidad administrativa. La vida cotidiana transcurre y el país mantiene una estabilidad que muchos envidian en la región. Sin embargo, esa funcionalidad convive con una sensación de estancamiento social, de desigualdades que se reproducen y de una pobreza que no logra cerrarse de manera estructural.
Quizás el problema no sea la ausencia de gobierno, sino la dificultad de cambiar la lógica que lo atraviesa. Aún cuando las intenciones son buenas, los presidentes se enfrentan a un mal menos visible que la crisis abierta: un entramado de prácticas, lealtades y desvíos que terminan diluyendo cualquier intento de transformación profunda. La corrupción, en ese sentido, no opera únicamente como un conjunto de actos aislados o de casos judiciales, sino como un sistema que permea la acción pública y limita su alcance.
Hace poco, conversando con un amigo extranjero que ha construido una vida empresarial exitosa en el país, surgió una observación reveladora. Después de décadas de crecimiento, resulta inevitable preguntarse qué habría sido de la República Dominicana, un pais que lo tiene todo, si una parte significativa de los recursos públicos desviados por prácticas de corrupción se hubiera orientado de manera sostenida a cerrar las brechas sociales. No se trata de pequeñas fugas, sino de mecanismos más profundos que han drenado al Estado durante años, incluso en sectores llamados a proteger la vida y el bienestar de la población.
Con frecuencia se argumenta que esos recursos no desaparecen, que vuelven a circular en la economía nacional. Pero no toda circulación produce bienestar. Cuando la corrupción alcanza ámbitos sensibles —como la salud pública o la seguridad vial—, sus efectos dejan de ser abstractos. Casos recientes como los de SENASA o el INTRANT han mostrado hasta qué punto el desvío de recursos puede traducirse en servicios debilitados, pérdida de confianza y mayor vulnerabilidad social.
A esa inercia se añade una escena conocida de la vida política nacional: la de los expresidentes convertidos en comentaristas del presente. Sus advertencias y juicios suelen chocar menos por lo que dicen que por el trasfondo que arrastran. No es fácil separar esas lecturas críticas de los años en que se consolidaron muchas de las prácticas que hoy se cuestionan. La situación actual no surge de la nada; es, en buena medida, una construcción acumulada a lo largo del tiempo. A cada gobierno su lista de corruptos.
Ese parece ser uno de los límites más profundos del modelo: un Estado que administra, pero no repara; que crece, pero no redistribuye con eficacia; que mantiene la estabilidad macroeconómica sin cuidar suficientemente los cimientos sociales sobre los que descansa. No se trata solo de voluntades individuales ni de liderazgos particulares, sino de una práctica política que ha aprendido a convivir con el desvío como si fuera parte inevitable del paisaje.
La pregunta, entonces, no es si el país puede ser gobernado, sino hasta dónde puede transformarse sin tocar esas prácticas que lo acompañan desde la caída de la dictadura. Gobernar no es únicamente gestionar, inaugurar obras o garantizar la continuidad. Es también decidir a quién sirven las políticas públicas, con qué prioridades y con qué límites.
Tal vez el mayor desafío de la República Dominicana sea la dificultad colectiva de romper con una corrupción que se condena en abstracto pero se tolera en la práctica.
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