El próximo 24 de agosto más de 2,6 millones de estudiantes dominicanos regresarán a las aulas. Como ocurre cada año, la apertura encontrará al sistema educativo ocupado en asuntos indispensables. Habrá que asegurar cupos, terminar aulas, distribuir libros, formar docentes, organizar horarios y conseguir que el calendario se cumpla. Esta vez, sin embargo, existe una razón poderosa para proponerse algunas metas más ambiciosas. Me gustaría invitar desde esta tribuna a las autoridades, a los educadores y a las familias a hacer de este año escolar 2026-2027 como aquel en el cual la República Dominicana comenzó a vincular deliberadamente su política educativa con su estrategia de productividad.

No se parte de cero. Antes del inicio de las clases, el Ministerio de Educación reportaba la distribución de más 3,071,000 libros de texto y  más de 4,530,000 cuadernos de trabajo. El INABIE proyecta beneficiar con útiles y uniformes a cerca de 1,807,000 estudiantes de 6,577 centros. El área de Infraestructura Escolar anunció 1,500 nuevas aulas para agosto y entre 2,300 y 2,500 antes de finalizar 2026. Más de 40,000 docentes están participando en diferentes programas de formación, incluidos 10,370 en alfabetización en la etapa oportuna, 9,788 en CRECE Primaria y 9,500 en habilidades digitales. Otros más de 7 mil cursan 146 programas de posgrado en 23 instituciones de educación superior, entre ellos escritura creativa. Son magnitudes importantes y revelan un esfuerzo público considerable.

También hay novedades que apuntan en la dirección correcta. El nuevo calendario incorpora un banco equivalente a dos semanas para recuperar docencia perdida. La Estrategia Nacional de Competencias Digitales introduce pensamiento computacional e inteligencia artificial. El programa Embajadores STEM que cuenta también con la incorporación del MICM (Ministerio de Industria Comercio y MiPymes) procura acercar profesionales de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas a estudiantes de quinto y sexto de secundaria. Su pertinencia se entiende mejor frente a otro dato. Apenas el 14 % de los egresados universitarios dominicanos procede actualmente de áreas STEM.

Todo esto importa. Pero sería insuficiente si al finalizar junio de 2027 solamente se contabilizaran más aulas, libros, computadoras, cursos impartidos y días de clase.

El cierre del año escolar anterior volvió a constatar una realidad recurrente en la matriz de desarrollo de la República Dominicana. Una economía capaz de crecer, exportar manufacturas sofisticadas y atraer inversión internacional, que convive al mismo tiempo con resultados de aprendizaje que continúan comprometiendo su productividad futura.

PISA 2022 dejó una fotografía difícil de ignorar. Los estudiantes dominicanos de 15 años obtuvieron 339 puntos en matemáticas, frente a 472 del promedio de la OCDE. En lectura alcanzaron 351 frente a 476 y en ciencias 360 frente a 485. Apenas el 8 % alcanzó el nivel mínimo de competencia matemática, mientras el promedio de la OCDE fue 69 %. En lectura el nivel mínimo satisfactorio lo logró el 25 % y en ciencias el 23 %. Asimismo, El 93.4 % presentó bajo desempeño en al menos una de las tres áreas evaluadas.

Hay, afortunadamente, otra lectura posible. Entre 2018 y 2022 República Dominicana mejoró 14 puntos en matemáticas, cerca de 10 en lectura y casi 25 en ciencias. No es suficiente, pero demuestra que los resultados educativos no constituyen una fatalidad. Pueden cambiar; y de hecho han comenzado a hacerlo

La cuestión adquiere una dimensión distinta cuando se observa desde Meta 2036. El país se ha propuesto duplicar su producto interno bruto hacia ese año. Alcanzarlo supone algo mucho más complejo que prolongar mecánicamente las tasas históricas de crecimiento. Exige elevar productividad, sofisticar sectores existentes, incorporar actividades de mayor valor agregado y conseguir que cientos de miles de dominicanos puedan desempeñar ocupaciones que hoy apenas existen.

El diagnóstico de capital humano elaborado para el Consejo Nacional de Competitividad y el PNUD plantea precisamente ese cambio de perspectiva. La política educativa no puede limitarse a preguntarse cuántos estudiantes terminan la escuela. Necesita comenzar a preguntarse qué saben hacer cuando la terminan y si esas capacidades permiten elevar productividad, adoptar tecnología, formalizar empleo y progresar dentro de cadenas de valor cada vez más sofisticadas.

La urgencia aparece también fuera de la escuela. En 2025 la informalidad laboral dominicana todavía alcanzaba el 54.1 %. Más de la mitad del empleo continúa, por tanto, desenvolviéndose bajo condiciones que suelen asociarse con menor productividad, menor protección y menores posibilidades de formación continua. El problema educativo y el problema productivo terminan encontrándose en la misma persona.

El territorio agrega otra advertencia. El modelo presentado por el Grupo BID en el marco del Foro META 2036 estima que el 51 % del PIB se concentra en apenas el 11 % del territorio nacional. En el 19 % de los municipios, el empleo informal supera el 65 %. Solo el 26 % de las exportaciones dominicanas corresponde a actividades consideradas de mayor complejidad, frente al 48 % en Costa Rica y 61 % en México.

Allí comienza a adquirir sentido hablar del año escolar de la productividad.

No se trataría de convertir la escuela en una industria ni de reducir la educación a las necesidades inmediatas de las empresas. Sería exactamente lo contrario. Una economía sofisticada necesita personas capaces de leer comprensivamente, escribir con precisión, calcular, interpretar información, resolver problemas, comunicarse, utilizar tecnología, aprender de manera autónoma y adaptarse a ocupaciones que cambiarán varias veces durante su vida laboral. Las competencias fundamentales vuelven a ser, paradójicamente, las competencias económicas más importantes.

Un niño que comienza primaria en agosto de 2026 tendrá alrededor de 16 años cuando llegue 2036. Quien hoy inicia secundaria tendrá aproximadamente 22 para ese momento. No se habla aquí de generaciones futuras en términos abstractos. Los trabajadores que deberán sostener buena parte del crecimiento prometido por Meta 2036 ya están sentados en las aulas de los centros educativos públicos y privados en todo el país.

Por eso resulta tan sugerente organizar la política de capital humano por cohortes. El diagnóstico elaborado para Meta 2036 identifica a las personas nacidas entre 1976 y 2018 como parte central de la población que sostendrá el esfuerzo productivo de la próxima década. Para quienes todavía permanecen dentro del sistema educativo, particularmente las cohortes nacidas entre 2006 y 2018, las variables decisivas son aprendizaje, sobreedad, abandono, trayectoria, culminación y preparación digital.

Esto permitiría hacer algo diferente durante el año que comienza. Cada escuela y cada maestro podría comprender que mejorar las competencias en lectura y matemática no constituye únicamente una meta educativa. Es también una intervención sobre la productividad futura del territorio donde está situada. Cada politécnico podría conocer cuáles son las actividades económicas que crecen a su alrededor. La educación secundaria podría incorporar con mayor intensidad inglés, competencias digitales, pensamiento computacional, inteligencia artificial, resolución de problemas y orientación STEM. La educación técnico profesional podría conectarse con prácticas reales, certificaciones acumulables y empresas. La universidad tendría que comenzar a recibir estudiantes mejor informados sobre las nuevas ocupaciones que demandarán manufactura avanzada, logística, turismo, servicios modernos, dispositivos médicos, electrónica y semiconductores. Las escuelas bien pueden dar ese primer paso y las empresas recibirlas con los brazos abiertos y dispuestas a integrarse en un proyecto nacional de mediano y largo plazo.

El mapa productivo que acompaña Meta 2036 refuerza esa oportunidad. El Grupo BID propone una arquitectura de 76 nodos, 15 polos de crecimiento, seis corredores y seis regiones de desarrollo. No todos los territorios necesitan formar las mismas capacidades. Un polo manufacturero requiere automatización, mantenimiento, calidad y analítica. Un territorio agroindustrial necesita trazabilidad, cadena fría y logística. Los servicios modernos demandan inglés, datos y competencias digitales. La educación nacional necesita conservar una base común de excelencia y, al mismo tiempo, aprender a dialogar con las posibilidades productivas de cada territorio.

Al mismo tiempo, de confirmarse los hallazgos del trabajo de Lisset J, Arnaud López (2025), en el cual se afirma que más del 48% de los jóvenes del 5to. y 6to. grado de secundaria gastan más de 3hs diarias en uso de redes sociales, más el continuo uso de WhatsApp, bien se pudiera inducir desde las aulas a esos jóvenes a que utilicen ese tiempo para aprender gratuitamente desde las innumerables aplicaciones y plataformas a las que pueden acceder.

Quizás entonces el éxito del año escolar que comienza pueda medirse de otra manera.

No solamente cuántos estudiantes asistieron, sino cuántos aprendieron. No cuántos recibieron una computadora, sino cuántos desarrollaron competencias digitales verificables. No cuántos jóvenes terminaron secundaria, sino cuántos lo hicieron comprendiendo un texto, resolviendo un problema matemático, comunicándose en otro idioma y pudiendo continuar aprendiendo. A su vez, cuántas empresas se incorporaron a la realidad de los centros educativos de su entorno.

El 24 de agosto abrirán nuevamente las puertas de las escuelas. También podría abrirse una década decisiva. Meta 2036 ofrece la oportunidad de colocar una fecha, una métrica y un propósito económico a una transformación educativa largamente postergada. Si se pretende duplicar la economía dominicana, también se tienen que multiplicar las capacidades de quienes deberán hacerla producir.

Referencias

Arnaud López, Lisset Josefin (2025) Impacto del uso excesivo de redes sociales en el rendimiento académico de estudiantes de secundaria. Revista Científica Horizontes Multidisciplinarios: (Rhomu)

Banco Interamericano de Desarrollo. (2026). Modelo de Desarrollo Territorial República Dominicana. Impulsando el crecimiento productivo hacia Meta RD 2036. Grupo BID.

Caraballo, E. D. (2026). Diagnóstico de necesidades de capital humano para los sectores productivos priorizados. Producto 2. Consejo Nacional de Competitividad y Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

Ministerio de Educación de la República Dominicana. (2026). Calendario escolar 2026-2027. MINERD.

Ministerio de Educación de la República Dominicana. (2026, 10 de junio). Consejo Nacional de Educación aprueba Calendario Escolar 2026-2027 y oficializa Estrategia Nacional de Competencias Digitales. MINERD.

Ministerio de Educación de la República Dominicana. (2026, 26 de julio). Ministerio de Educación avanza en la preparación integral del año escolar 2026-2027 con distribución de materiales, utilería e infraestructura. MINERD.

Ministerio de Educación de la República Dominicana. (2026, 29 de julio). Más de 40 mil docentes fortalecen sus competencias con programas de formación impulsados por el INAFOCAM para el año escolar 2026-2027. MINERD.

Ministerio de Educación de la República Dominicana. (2026, 30 de julio). MICM y Ministerio de Educación lanzan Embajadores STEM para impulsar el talento que demandará la economía del futuro. MINERD.

Organisation for Economic Co-operation and Development. (2023). PISA 2022 results. Country note, Dominican Republic. OECD Publishing.

EN ESTA NOTA

Enrique Darwin Caraballo

Licenciado en Ciencias Políticas, maestrías en Negocios y Administración, Innovación y Emprendimiento, diplomado en investigación social, machine learning, relaciones públicas y planificación de políticas públicas. Miembro del Consejo de Directores de UNICARIBE. Director Ejecutivo de EDUCA República Dominicana 2012-2025; Desde 2015 secretario del GPCN, una Usina de Pensamiento que reúne a los principales lideres empresariales de la República Dominicana. Desde 2020, miembro del Gabinete Presidencial de Educación. Desde 2024 Advisor Officer en Tavares Group. Entre 2004 y 2012 fungió como consultor senior y funcionario de organismos multilaterales y, organizaciones de los sectores público y privado de 17 países Latinoamericanos. Ha contribuido al Desarrollo a través del diseño, la coordinación y la gestión de múltiple políticas públicas y programas. Experiencia en la definición de marcos normativos, en gerencia pública y privada, en la evaluación de políticas, financiamiento y gestión y administración de carteras de crédito multilateral.

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