Gobernar no es habitar la calma; es aprender a sostener el timón cuando los mapas conocidos se disuelven. Esta máxima cobra especial vigencia al analizar el devenir político y económico de la República Dominicana desde agosto de 2020. La verdadera resiliencia de una gestión gubernamental se mide por su capacidad para anticipar el impacto, absorber las crisis y resurgir desde las cenizas de la incertidumbre. En un entorno global volátil, la administración de Luis Abinader ha debido estructurarse como una red de contención profundamente resiliente ante sucesivos choques externos.
El punto de partida de este ciclo histórico estuvo marcado por la crisis sanitaria de la COVID-19. Lo que para muchas naciones en vías de desarrollo representaba el fantasma del colapso institucional, en el contexto dominicano se transformó en una ventana de asombro internacional. Mediante un control riguroso, una estrategia de vacunación ejemplar y una reapertura veloz, el país rompió en tiempo récord los cerrojos del enclaustramiento.
Sin embargo, el éxito en la gestión de la pandemia fue rápidamente sucedido por desafíos de índole geopolítica y energética aún más complejos.
En la segunda mitad de 2021, Asia y Europa vivieron una escasez temporal de oferta de carbón mineral y gas natural que, sumada a la fuerte recuperación global de la demanda, disparó hacia arriba los precios internacionales de los combustibles, máxime cuando la OPEP mantuvo un lentísimo ritmo de inyección del crudo en los mercados.
Para el Estado dominicano, la consecuencia directa se tradujo en un incremento multimillonario de los subsidios destinados a los combustibles y al sector eléctrico. La partida de subsidio a los combustibles en 2021 ascendió a 15 mil millones de pesos y la de la electricidad aumentó 21 mil millones de pesos, al pasar de 34 mil millones a 55 mil 800 millones.
Este escenario empeoró drásticamente en febrero de 2022 con la invasión rusa a Ucrania, un evento que dinamitó los mercados internacionales y desató la crisis de suministro y precios de hidrocarburos más severa de la memoria reciente.
No obstante, estos sacrificios fiscales realizados de forma continua en 2020, 2021, 2022 y 2023, y de nuevo en este 2026, dejan un mensaje inequívoco: el Estado dominicano debe replantear la pertinencia, eficacia y suficiencia de algunos instrumentos institucionales de recaudación de ingresos, con el propósito de garantizar la estabilidad financiera a largo plazo.
El llamado «Plan Anticrisis», hoy Ley 3026, apunta en esa dirección y tanto el diseño como su explicación pública confirman la capacidad del actual gobierno para «resurgir de las cenizas de la incertidumbre» y colocarse en tierra firme… Resiliente.
Compartir esta nota