En una decisión que podría cambiar profundamente el enfoque del gobierno federal hacia la inmigración ilegal, una jueza federal de Washington, D.C., ha rechazado una solicitud de medida cautelar para impedir que el Servicio de Impuestos Internos (IRS) comparta información fiscal con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), permitiendo así que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) utilice estos datos para localizar a inmigrantes indocumentados sujetos a deportación.
El fallo, emitido el lunes por la jueza Dabney Friedrich, representa una victoria legal para las políticas de línea dura impulsadas bajo la administración Trump y ahora retomadas con fuerza por sectores conservadores que exigen una mayor cooperación interagencial para combatir la inmigración irregular.
El caso: privacidad fiscal vs. cumplimiento migratorio
La demanda fue presentada por el grupo defensor de inmigrantes Centro de Trabajadores Unidos contra el Secretario del Tesoro, Scott Bessent. El centro alegaba que el acuerdo de colaboración entre el IRS y el DHS violaba el Código Fiscal federal al permitir el acceso de ICE a datos confidenciales de contribuyentes, algunos de los cuales podrían ser inmigrantes sin estatus legal.
La jueza Friedrich, sin embargo, fue clara en su fallo:
“Este caso plantea una cuestión legal estrecha: ¿Viola el Memorando de Entendimiento entre el IRS y el DHS el Código de Rentas Internas? No lo hace.”
Este memorando de entendimiento, firmado en abril, establece mecanismos de protección para los datos fiscales, al mismo tiempo que permite su uso en investigaciones de posibles violaciones criminales, incluidas las relacionadas con el estatus migratorio.
Implicaciones para los inmigrantes indocumentados
La decisión judicial allana el camino para que ICE utilice la información fiscal —incluyendo datos presentados con el ITIN (número de identificación fiscal para personas sin seguro social)— como herramienta para rastrear y deportar a inmigrantes que, aunque contribuyen al fisco, carecen de estatus legal.
Esto genera una nueva capa de incertidumbre para cientos de miles de inmigrantes que, año tras año, presentan sus impuestos en cumplimiento con las leyes tributarias estadounidenses, en muchos casos como una muestra de buena fe mientras esperan regularizar su situación.
Grupos proinmigrantes han calificado la decisión como una “traición” a la promesa tácita de confidencialidad que tradicionalmente se otorgaba al uso del ITIN para propósitos fiscales.
Para el Estado, una herramienta más en el cumplimiento de la ley
Desde el otro lado del debate, funcionarios del Tesoro han enfatizado que la privacidad de los contribuyentes respetuosos de la ley sigue siendo una prioridad, pero recordaron que existen excepciones en casos de actividad criminal.
La alianza entre IRS y DHS representa una nueva etapa en la colaboración federal, donde la lucha contra el crimen —incluido el ingreso y permanencia ilegal en EE.UU.— se cruza con los sistemas fiscales y de información.
El uso de esta vía legal también reduce la dependencia de métodos más controvertidos de vigilancia o redadas, al otorgar a ICE una forma más precisa de identificar y localizar a personas sujetas a órdenes de deportación.
¿Un precedente duradero?
Aunque este fallo no cierra la puerta a futuras apelaciones o demandas, sienta un precedente judicial importante. La lógica del fallo de la jueza Friedrich podría ser utilizada en futuras decisiones para ampliar aún más la cooperación entre agencias fiscales y migratorias.
Además, con un entorno político marcado por crecientes tensiones sobre seguridad fronteriza, criminalidad y migración irregular, decisiones como esta apuntan a un posible endurecimiento del aparato administrativo contra quienes viven en el país sin estatus legal, incluso si cumplen con sus deberes fiscales.
Conclusión
Este fallo marca un punto de inflexión en la intersección entre privacidad fiscal y políticas migratorias. Para unos, es un avance en el respeto al imperio de la ley. Para otros, es una señal preocupante de que incluso el cumplimiento voluntario de normas fiscales ya no garantiza protección mínima frente a la maquinaria de deportación.
El futuro legal y político de millones de inmigrantes podría verse afectado por decisiones como esta. Y, en última instancia, queda planteada una pregunta esencial: ¿puede una sociedad reconciliar la justicia fiscal con la compasión migratoria?
Compartir esta nota