¿Un Estado socialmente fallido?

Luego de 181 años de nuestra independencia, pocos han sido los avances sobre los derechos, las políticas sociales y las garantías de acceso real a los servicios de salud, a pensiones dignas y a educación pública, como lo establece la Constitución.

Al cumplirse un aniversario de la fundación de la República Dominicana por Juan Pablo Duarte y los demás trinitarios, propicia es la ocasión para reflexionar sobre la importancia de esa epopeya. Y para, más allá de una simple exaltación vacía, evaluar cuánto hemos avanzado en la concreción de los sueños libertarios y progresistas de nuestros fundadores.

Es innegable que en las últimas siete décadas hemos tenido un crecimiento económico sostenido, sólo con pequeños tropiezos en circunstancias muy especiales. Según la CEPAL, estamos entre las élites de los países latinoamericanos con un 5% anual real durante las últimas décadas, frente a un 2.5% para el conjunto de América Latina (AL).

No obstante, en lo relativo al desarrollo social no podemos sentirnos tan orgullosos. En todos los indicadores sociales estamos muy por debajo de naciones incluso con menor crecimiento relativo. Nuestro gasto social está a 10.7 puntos porcentuales por debajo del promedio regional (19.0% versus 29.7%). Un rápido crecimiento económico, con un lento desarrollo social. Formamos parte de la vanguardia en la economía regional, y al mismo tiempo, de la retaguardia en la política social.

Y, lamentablemente, en ese campo, nos acercamos bastante a las características que tipifican a un Estado socialmente fallido. 181 años después todavía sacamos muy bajas notas en cuanto al acceso a los servicios públicos eficientes de educación, salud y pensiones. También en el cumplimiento de las leyes, en la administración de justicia y en la seguridad ciudadana.

Fortalecer el Estado de derecho y la funcionalidad de sus instituciones

A pesar de las repetidas promesas políticas, las escuelas públicas muestran notorias carencias y deficiencias que avergüenzan hasta a las familias más pobres y vulnerables. Todavía las escuelas públicas son asociadas a pobreza, con una baja calidad que malogra las oportunidades de superación de millones de niños pobres.

Sorprendería a los Padres de la Patria saber que, luego de 181 años de la independencia nacional, todavía los dominicanos no disfrutamos de un servicio sanitario universal orientado a promover la salud; que nuestros gobiernos no garantizan ni siquiera electricidad y agua potable en los hogares, y que más del 30% de los adultos desconoce que son hipertensos y diabéticos debido a la inexistencia de la atención primaria.

Más de siete décadas después de la decapitación del Tirano, salvo honrosas excepciones, nuestros hospitales continúan siendo sinónimo de ineficiencias, carencias extremas y deterioro. En sus instalaciones predomina un ambiente de enfermedad y pobreza, lejos del fomento de la salud y el bienestar.

De igual modo, todavía la gran mayoría de los dominicanos llegan a la edad de retiro en condiciones críticas, dependiendo de algún hijo agradecido para sobrevivir. La gran mayoría de los jubilados recibe una pensión insignificante, sin ser actualizada para mantener su poder adquisitivo.

Nuestros próceres quedarían sorprendidos al enterarse de que en el país que fundaron con tantos sacrificios, todavía no existe el debido respeto a la Constitución y que leyes fundamentales como la Seguridad Social se incumplen décadas tras décadas, sin que nadie se sienta responsable de este atropello al Estado de derecho.

Al celebrar este nuevo aniversario de la independencia nacional no podemos silenciar el hecho de que, lamentablemente, el Estado dominicano ha fallado en su promesa de reducir las desigualdades sociales y los privilegios. Tenemos un Estado segmentado donde las instituciones autónomas y descentralizadas disfrutan de privilegios irritantes.

Afortunadamente, cada vez más dominicanos tememos más conciencia sobre las desigualdades, inequidades y privilegios y reclamamos el cumplimiento de la Constitución y de las leyes.  Celebremos la independencia nacional proclamando cero tolerancias a las injusticias, a la corrupción y a las desigualdades sociales. Y demandando más protección social y mayor seguridad ciudadana.