Tratado de Aranjuez de 1777: primera frontera intra insular en la isla de Santo Domingo

Antes de 1777, la ocupación francesa en la isla se había expandido hacia el este, superando los límites establecidos en tratados anteriores. Los colonos franceses, impulsados por su dinámica económica esclavista y su mayor densidad demográfica, avanzaron hasta el río Rebouc (Guayubín) en el norte y el río Neiba en el sur. Esta expansión territorial, aunque carecía de reconocimiento legal, se consolidó como una realidad innegable. Para España, la firma del tratado representó una victoria diplomática: recuperó alrededor de 500 leguas cuadradas de territorio que, de facto, estaban bajo control francés. Sin embargo, para los colonos de Saint-Domingue, el tratado fue una traición a sus aspiraciones expansionistas, generando un profundo resentimiento.

El Tratado de Aranjuez de 1777 no fue un simple acuerdo diplomático ni un acto improvisado de cancillería, sino la consumación jurídica de un proceso histórico de desposesión territorial que se remonta a las Devastaciones de Osorio en el siglo XVII. España, heredera legítima de la isla de Santo Domingo, compareció en Aranjuez no como vencedora, sino como una potencia resignada, obligada a legalizar lo que ya no podía revertir con las armas ni con la presencia efectiva de sus colonos. El tratado no creó la división de la isla; la sancionó. Fue el reconocimiento solemne de que el derecho histórico, sin ocupación real, se disuelve ante la eficacia de los hechos.

La génesis de esta tragedia territorial se halla en las Devastaciones de Osorio (1605–1606), cuando España, en un acto de miopía estratégica, despobló el norte y el oeste de la isla para evitar el contrabando y los ataques de potencias rivales. Pero el vacío no perdona: lo que España abandonó, Francia lo ocupó. Primero llegaron los filibusteros, luego los colonos con respaldo estatal, y finalmente, la monarquía francesa transformó la piratería en colonia, y el hecho ilícito en derecho reconocido. Los tratados europeos del siglo XVII, como Nimega (1678) y Ryswick (1697), guardaron un silencio cómplice. España no protestó con la energía necesaria, y Francia avanzó con método, consolidando plantaciones, fundando poblaciones y convirtiendo a Saint-Domingue en la colonia más rica del Atlántico. Mientras tanto, Santo Domingo se empobrecía, se despoblaba y se resignaba a su suerte.

El tratado, refrendado en 1777, buscó poner fin a las disputas territoriales entre España y Francia en la isla. Sus objetivos eran claros:

• Establecer una frontera perpetua e invariable, desde la desembocadura del río Dajabón (Masacre) en el norte hasta la del río Pedernales (Anse-à-Pitre) en el sur.
• Legitimar la ocupación española sobre territorios que, aunque reclamados legalmente, habían sido controlados por Francia durante décadas.
• Regular el uso de recursos naturales, como las aguas de los ríos, prohibiendo obras que alteraran su curso.
• Garantizar la inviolabilidad de la frontera, mediante la colocación de 221 pirámides o bornees numerados, grabados con las inscripciones "FRANCE" y "ESPAÑA". Cada mojón era un símbolo de soberanía y un recordatorio de la nueva legalidad.
• Fomentar el tránsito regulado entre ambas colonias, pero bajo estrictas normas para evitar el contrabando y el movimiento no autorizado de tropas.
• Crear un mecanismo de vigilancia permanente, con inspectores designados por ambas coronas para asegurar el cumplimiento del acuerdo.

• El Tratado de Aranjuez fue, en esencia, la legalización de una usurpación. Para España, significó recuperar parte de su honor y territorio; para Francia, un sacrificio estratégico; y para los dominicanos, el inicio de una identidad marcada por la provisionalidad y la resistencia.

El tratado también ordenó el retiro de los colonos cuyas propiedades quedaban en el territorio de la nación vecina, una medida que, aunque justa en teoría, generó tensiones prácticas.

3. La delimitación técnica: los 221 bornes

La demarcación física de la frontera fue una obra de precisión técnica. Los comisarios Joaquín García y Moreno (España) y Jacinto Luis, Vizconde de Choiseul (Francia) lideraron el proceso, apoyados por ingenieros que levantaron planos topográficos detallados. El trabajo concluyó en 1776, con la colocación de los bornees desde el Dajabón hasta el Pedernales, pasando por accidentes geográficos clave:

• Ríos: Dajabón, Capotillo, Artibonito, Pedernales, entre otros.
• Montañas: Cordillera Central, Sierra de Neiba, Sierra de Bahoruco, Alto de las Palomas, Montaña Negra, y otros relieves que servían como límites naturales.
• Lagunas: Como la Laguna del Fondo (Saumâtre), que fue atravesada por la línea fronteriza.

Cada pirámide, además de marcar el límite, era un acto de soberanía. Su destrucción se castigaba con la pena de muerte, subrayando la seriedad del compromiso.

La demarcación de los 221 bornes fue una obra de precisión técnica y simbólica. Los comisarios Joaquín García y Moreno (España) y el Vizconde de Choiseul (Francia), acompañados de ingenieros, recorrieron la isla y fijaron una línea continua que combinaba tres tipos de frontera: fluvial, montañosa  y algunos valles. Cada pirámide, grabada con los nombres FRANCE : ESPAÑA, era un acto de soberanía y un epitafio de la unidad perdida. La frontera comenzó en el río Dajabón, siguió por arroyos como el Capotillo, cruzó montañas como la Cordillera Central y la Sierra de Neiba, y terminó en el río Pedernales, atravesando lagunas como la del Fondo. No era solo una línea en el mapa, sino una cicatriz geográfica que dividía dos mundos: el hispánico, pobre pero culturalmente continuo, y el francés, rico, explosivo y destinado a la revolución.

El Tratado  no debe leerse como un simple acuerdo de límites, sino como el acto final de una larga claudicación iniciada en el siglo XVII. Fue el momento en que España, heredera legítima de la isla entera, aceptó jurídicamente la mutilación de su dominio.

El Tratado de Aranjuez, firmado el 3 de junio de 1777, se presenta formalmente como un acuerdo entre dos monarquías absolutas en la plenitud de su aparato jurídico. No es un pacto colonial subalterno, sino un tratado de Estado a Estado, celebrado en la corte española, con toda la gravedad que ello implica.

Por España firmó don José Moñino y Redondo, Conde de Floridablanca, Consejero de Estado y Primer Secretario del Despacho de Estado de Carlos III. No era un funcionario menor: Floridablanca representaba la razón ilustrada del reformismo borbónico, el intento tardío de ordenar con derecho lo que ya no podía sostenerse con fuerza.

Por Francia firmó el Marqués de Ossun, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de Luis XVI, heredero de una política paciente y eficaz, iniciada no con ejércitos regulares, sino con corsarios, colonos y terratenientes.

Desde este primer dato se advierte el carácter del tratado: España comparece como potencia defensiva; Francia como potencia consolidada.

La proyección del Tratado de Aranjuez en el siglo XIX

La cuestión de la frontera entre la República Dominicana y Haití, más que una simple línea divisoria, encarna una divergencia profunda entre dos visiones del derecho y la historia. Tras el estallido de la Revolución Haitiana en 1792, mientras los dominicanos se aferraban a la legalidad establecida por el Tratado de Aranjuez —heredado de las metrópolis que dominaron la isla—, Haití emprendió una expansión sistemática hacia el este, ocupando poblaciones como Hincha, Las Caobas, San Rafael y San Miguel de la Atalaya. No fue casualidad, sino una estrategia calculada para imponer su soberanía sobre territorios que, según el derecho histórico, correspondían a lo que luego sería la República Dominicana. Durante los 22 años de la unificación forzada bajo Jean Pierre Boyer, la línea de Aranjuez fue borrada en la práctica administrativa haitiana, como si la tinta del tratado se hubiera diluido en la sangre de la ocupación. Al proclamarse la independencia dominicana en 1844, Haití, amparándose en el principio possideo quia possideo, se negó a retroceder a los límites de 1777, convirtiendo la posesión en derecho y la ocupación en soberanía.

El conflicto, como bien analizó Peña Batlle, no fue solo territorial, sino de criterios: mientras la República Dominicana defendía una frontera de derecho, Haití impuso una frontera de hecho. El Tratado de 1874, con su ambigua expresión "posesiones actuales", no hizo más que consagrar esta usurpación, permitiendo que Haití interpretara el término a su conveniencia, invocando el uti possidetis para reclamar soberanía sobre lo que ocupaba militarmente. Fue una política del fait accompli, donde la ocupación material se convertía en soberanía definitiva, imponiendo una frontera de facto sobre la frontera de derecho que defendía el pueblo dominicano. La divergencia, en esencia, radica en el desconocimiento haitiano de los tratados coloniales, la legitimación de hechos consumados y una estrategia de expansión que buscó, bajo el manto del derecho internacional, consolidar lo que en realidad eran usurpaciones territoriales.

En una isla de 76.420 km2, Haití había heredado, conforme al Tratado de Aranjuez, 21.087km2. Los dominicanos se mantuvieron aferrados a la letra de ese tratado que prescribía y limitaba la soberanía de los haitianos en las proporciones de la metrópoli que le había dado origen. Sin embargo, los haitianos iniciaron un vasto proceso de expansión, amparados en su poder militar y en su fuerza demográfica, hacia las poblaciones de Hincha, Las Caobas, San Rafael y San Miguel de la Atalaya. Estas ciudades, situadas en la zona ganadera de la Plaine Centrale (prolongación del Valle de San Juan), eran de soberanía española. El Tratado de Aranjuez establecía para Saint Domingue una superficie de   21.087 km2. Era ese el territorio soberano que Haiti recibía de su metrópoli. Sin embargo, mediante un proceso de expansión y colonización los haitianos conquistaron 6,663 km² a expensas de Santo Domingo. Es decir, una proporción de 31,6% con relación a la linde de Aranjuez. Tras esas amputaciones territoriales, la Republica Dominicana quedo reducida a  48.670 kilómetros cuadrados, equivalentes a 63.7% del territorio insular, y la republica de Haití fijaba su nueva frontera  en 27.750 kilómetros cuadrados, equivalente a un 36,6 % del territorio.

El tratado otorgó "vida en la esfera del derecho" a lo que durante siglo y medio había sido una usurpación material por parte de aventureros franceses. Esto completó la transición de una isla unificada bajo España a una isla binacional, legalizando la presencia de una fuerza social y política extraña en el occidente.

Aranjuez no solo trazó una línea, sino que estableció el escenario para el desarrollo de dos nacionalidades con raíces y modelos sociales opuestos: El occidente (francés/haitiano): Un modelo de producción industrial y esclavista rico. El oriente (español/dominicano): Una "orgullosa pobreza" basada en la ganadería y un modelo patriarcal. La doble insularidad convirtió a la frontera en algo más que una línea geográfica; se transformó en un "estado social". La identidad dominicana se configuró de manera reactiva, reafirmando su hispanidad y religión en oposición directa al vecino, que alguna vez, la ocupo. Lo que imprimió en el espíritu colectivo un sentimiento de provisionalidad e inestabilidad.

A largo plazo, el resultado geopolítico demostró que una simple demarcación no era suficiente para resolver los problemas de una sociedad transnacionalizada. La doble insularidad fomentó un "Estado débil" en ambas partes, donde tras los problemas generados por la contraposición de dos visiones: el carácter fusionista de Haiti y  la necesidad de independencia de los dominicanos, forzo a los pueblos a interactuar al través del conflicto. Estas tensiones debieron quedar zanjadas con el reconocimiento de a independencia dominicana por parte de Haiti en el tratado de 1874. A seguidas, aparece otra variable: la vecindad con un Estado fallido, la falta de un Estado de derecho compartido y la militarización de la línea divisoria impidieron una integración natural, forzando a los pueblos a interactuar principalmente a través del conflicto o la ilegalidad.

Referencias bibliográficas

• Lozano, W. (Ed.). (1993). La cuestión haitiana en Santo Domingo: Migración internacional, desarrollo y relaciones ínter-estatales entre Haití y República Dominicana. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) / Centro Norte-Sur de la Universidad de Miami.
• Páez Piantini, W. (2001). Relaciones domínico-haitianas: 300 años de historia. Recopilación de documentos desde el 1678 hasta el 2000. Secretaría de Estado de Relaciones Exteriores / Escuela Diplomática y Consular / Editora Centenario.
• Peña Batlle, M. A. (1988). Historia de la cuestión fronteriza domínico-haitiana (2.ª ed.). Sociedad Dominicana de Bibliófilos, Inc. (Obra original publicada en 1946).

• El Tratado de Aranjuez: Discordia y Dualidad Fronteriza. (s. f.). [Fragmentos de fuente secundaria sin autor especificado en el texto proporcionado].