El sábado 23 de agosto, durante el programa de Pablo McKinney transmitido por Color Visión, el defensor del pueblo, Pablo Ulloa, lanzó una afirmación que, por lo sorprendente, me dejó momentáneamente desconcertado. Sostuvo Ulloa que en “República Dominicana vivimos bajo una especie de socialismo encubierto”. Vinculaba su planteamiento a un dato que, de acuerdo con lo expresado en la entrevista, había publicado el periódico Nuevo Diario en el que se afirmaba que el 51% de la población dominicana recibe recursos del Estado a través de la nómina pública, las pensiones y los programas sociales de subsidios condicionados.
No es la primera vez que un funcionario, en los medios de comunicación, recurre a este tipo de afirmaciones. En otras ocasiones, voces con formación ideológica de izquierda o con sensibilidad progresista han sostenido que en el país se vive bajo un supuesto “socialismo democrático”. Incluso, en otro momento, un economista llegó a señalar que el modelo impositivo de la República Dominicana ha sido esencialmente progresivo desde hace muchos años.
Más que retratar con precisión la realidad, esas afirmaciones parecen funcionar como consignas políticas o giros retóricos que se sostienen en el aire. La vida dominicana dista mucho de cualquier “socialismo encubierto”. Las desigualdades son muy visibles, predomina una economía capitalista de naturaleza rentista, lo que alude a una forma de capitalismo donde la acumulación de riqueza no proviene principalmente de la producción de bienes y servicios, sino de rentas, privilegios, concesiones estatales, monopolios, especulación financiera, pagos de bajos salarios, evasión de impuestos, explotación y depredación de recursos naturales o incluso del clientelismo político.
A esto se suma el peso excesivo que el modelo tributario, profundamente regresivo, impone sobre la clase media y la población pobre, un diseño fiscal que nada tiene que ver con la idea de socialismo democrático. Estas aseveraciones también están muy lejos de las estadísticas que muestran a República Dominicana como una sociedad altamente desigual, con una deuda histórica acumulada de privaciones sociales y con una inversión pública insuficiente en salud, educación y servicios básicos. Estos rezagos profundizan las desigualdades estructurales y mantienen abiertas brechas que limitan la equidad. En ese contexto, el Estado, lejos de encarnar un modelo redistributivo, opera sobre todo como una maquinaria clientelar y productor de desigualdades.
Es cierto que el Estado se ha convertido en un empleador y benefactor masivo. Miles de dominicanos dependen de la nómina pública, de pensiones sin aportes contributivos, de subsidios sociales o transferencias condicionadas. Ese peso redistributivo recuerda uno de los rasgos del socialismo, la presencia del Estado en la vida cotidiana de la gente. Pero aquí radica la confusión de Ulloa.
El socialismo, como proyecto político y económico, no se limita a repartir dinero o empleos. Su lógica es redistributiva con un fin, universalizar derechos y reducir desigualdades. Salud, educación, vivienda y pensiones no son favores otorgados sino garantías para todos los ciudadanos. Se busca construir un piso común de equidad social.
En República Dominicana ocurre lo contrario. La redistribución no sigue un criterio de equidad, sino de conveniencia política. La nómina pública se infla para sostener lealtades, las pensiones se otorgan por vínculos clientelares más que por justicia social, y los subsidios terminan siendo un recurso electoral más que una política de Estado. Lo que debería ser un instrumento para fortalecer ciudadanía se convierte en mecanismo de dependencia.
Por eso, más que “socialismo encubierto”, lo que existe en República Dominicana es un capitalismo rentista con asistencialismo clientelista. La riqueza continúa concentrada en pocas manos, la desigualdad social se mantiene como rasgo estructural y la estructura productiva, lejos de permanecer inalterada, ha experimentado transformaciones desde la década de los ochenta con la apertura comercial, el auge del turismo, el crecimiento de las zonas francas y la expansión de los servicios financieros. Sin embargo, estos cambios no han alterado la concentración del poder económico ni han logrado reducir de manera significativa las brechas sociales. El Estado actúa como distribuidor de favores, no como garante de derechos.
En un verdadero socialismo democrático, la intervención estatal no se limita a otorgar empleos, subsidios o transferencias condicionadas, sino que procura universalizar derechos y construir igualdad real. La diferencia es fundamental, porque mientras en el modelo dominicano los beneficios dependen de la cercanía política o del intercambio clientelar, en un esquema democrático-socialista las garantías básicas de salud, educación, vivienda y pensiones son aseguradas como derechos universales, no como dádivas coyunturales de un gobierno de turno.
La confusión conceptual de Ulloa es relevante porque desdibuja el verdadero problema. Al confundir socialismo con clientelismo se oculta la necesidad de transformar el rol del Estado. La cuestión central no es si vivimos en socialismo, sino si el país puede superar un modelo en el que la dependencia y el patronazgo predominan sobre la institucionalidad y los derechos universales.
En República Dominicana no existe un socialismo encubierto ni un socialismo democrático, sino un entramado clientelar que garantiza la reproducción del poder político y la perpetuación de las desigualdades. Reconocer esta diferencia es fundamental para avanzar hacia un Estado social y democrático de derecho en el que la redistribución cumpla su verdadero propósito, garantizar equidad, ciudadanía y cohesión social.
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