El caso de Dileisi García, una joven influencer conocida como La del Morbo, es puesta bajo custodia por las autoridades después de un video que se hace viral, donde la joven agrede física y verbalmente a su hijo de aproximadamente un año. Es un video verdaderamente perturbador, al ver la violencia cruel de una madre hacia su propio niño.
Pero este caso no puede mirarse únicamente desde la indignación inmediata. Aunque el dolor que provoca ver a un niño siendo maltratado es legítimo e inevitable, también debe abordarse desde una reflexión más profunda sobre la estructura moral y legal que produce este tipo de casos, que son muy comunes y muchos terminan en tragedias como esta.
En República Dominicana, el Código Penal mantiene una de las posturas más rígidas frente al aborto: su penalización absoluta, incluso en contextos de violación, riesgo de vida o inviabilidad fetal. Y esto también es violencia; no es accidental; responde en gran medida a la histórica influencia de la moral religiosa en la construcción de la moral pública y la política educativa, especialmente en materia de sexualidad.
El resultado es una paradoja dolorosa: se restringe la autonomía reproductiva mientras se limita la educación sexual integral, en un país donde el embarazo adolescente sigue siendo significativamente alto. La ley y la moral convergen para imponer una obligación al cuerpo femenino: gestar y parir. Pero esa misma ley, cuando el resultado de esa imposición falla —cuando una madre no preparada, posiblemente forzada por circunstancias sociales, económicas o culturales, no logra sostener el rol que se le impuso— responde con castigos ejemplares, como el que esta joven podría cargar: hasta 30 años de prisión.
La incoherencia es evidente: el Estado que obliga a nacer también castiga severamente las consecuencias de haber obligado.
Esto no justifica la violencia hacia niños y niñas, nunca. Los menores indefensos no deben pagar el precio de las contradicciones sociales. Pero tampoco puede ignorarse que, en muchos casos, la madre puede ser también una víctima: de una educación incompleta, de una moral impuesta, de un sistema legal que prioriza el nacimiento sobre la vida digna y de calidad de las mujeres, y posteriormente de los niños y niñas.
No busco absolver responsabilidades, sino comprender: ¿qué responsabilidad tiene una sociedad que glorifica la maternidad obligatoria, pero no garantiza las condiciones materiales, emocionales y educativas para ejercerla?
¿Qué tipo de justicia es aquella que primero niega opciones y luego castiga las consecuencias de esa negación?
Tal vez la verdadera incoherencia no esté solo en el acto individual, sino en un sistema que produce víctimas en cadena: niñas y jóvenes sin capacidad emocional ni educación son obligadas a ser madres; madres incapaces de sostener lo que nunca eligieron de manera consciente, y niños y niñas que terminan sufriendo las fracturas de una moral que exige más de lo que está dispuesta a cuidar.
Si se quiere hablar de justicia, habría que empezar por revisar y corregir el Código Penal dominicano, en el que se violentan y vulneran cuerpos, para trabajar las causas a manera de prevención de tragedias como la del caso Dileisi García. Porque castigar sin transformar el origen del problema es, en el fondo, perpetuarlo.
La ley niega la autonomía corporal y la libre construcción identitaria de los cuerpos y las vidas; limita el derecho a la salud y expone de forma desproporcionada a niñas, jóvenes y mujeres pobres y de clase media, configurando una estructura que prioriza la imposición de la maternidad sobre la protección de la vida digna. Así no se salvan niños ni vidas.
Lo ambiguo de este caso es que el niño dependerá de decisiones de un sistema de protección deficiente, y se abren varios escenarios donde ninguno es ideal. Prevenir otros casos como este implica dejar de reaccionar solo ante la tragedia y empezar a transformar, de raíz, las condiciones que la hacen posible.
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