El próximo 21 de octubre se cumplen 18 años del lanzamiento del Plan Estratégico de Ciencia, Tecnología e Innovación 2008-2018 (PESCYT), presentado al país en octubre de 2008 por el entonces presidente de la República Leonel Fernández. No se pretende aquí discutir el impacto de dicho plan, sino utilizar esta fecha como referencia para, alcanzada la mayoría de edad del primer marco dominicano contemporáneo de políticas de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI), replantearnos el futuro de estas políticas. La discusión debería comenzar por una cuestión conceptual que dista de ser semántica o retórica: ¿necesitamos fortalecer un sistema nacional de ciencia y tecnología o construir un verdadero sistema nacional de innovación (SNI)? A casi dos décadas del lanzamiento del Plan, la respuesta importa porque ambas nociones identifican problemas distintos y conducen a prioridades e instrumentos de política pública diferentes.
El enfoque tradicional de sistema de ciencia y tecnología coloca en el centro la producción de conocimiento científico, la formación de investigadores, las infraestructuras de investigación y las capacidades tecnológicas. Sus actores fundamentales son las universidades, los centros de investigación y los organismos públicos responsables de financiar y coordinar esas actividades. Desde esta perspectiva, indicadores como investigadores por habitante, publicaciones científicas, inversión en I+D, patentes o formación doctoral constituyen aproximaciones razonables a las capacidades existentes.
La noción de SNI amplía considerablemente esta perspectiva. Desde los trabajos seminales de Freeman, Lundvall y Nelson, el desempeño innovador de una economía se entiende como resultado de las interacciones entre empresas, universidades, centros de investigación, Estado, sistema financiero y otras organizaciones, dentro de un marco institucional que condiciona los procesos de aprendizaje, generación, difusión y utilización del conocimiento. Lo relevante no es solamente cuánto conocimiento se produce, sino cómo circula en el sistema económico, quién puede absorberlo y en qué medida termina incorporándose a productos, procesos, servicios y soluciones socialmente útiles.
Esta distinción ayuda a comprender por qué resulta más apropiado hablar de políticas de ciencia, tecnología e innovación en el contexto de un sistema no consolidado, y no simplemente de política científica o de innovación. Se trata de tres dominios relacionados, pero no equivalentes. La política científica fortalece la generación de conocimiento y las capacidades para producirlo; la política tecnológica facilita el desarrollo, adquisición, adaptación, difusión y dominio de tecnologías; mientras que la política de innovación procura que empresas y organizaciones transformen conocimiento y capacidades en nuevas soluciones con valor económico y social. Las políticas tecnológicas están, además, mucho más cerca de la primera generación de políticas industriales impulsadas en la región a partir del modelo de sustitución de importaciones de la CEPAL durante las décadas de 1960 y 1970, pero ese es otro tema.
El problema surge cuando se supone que una de estas políticas puede sustituir a las demás. Financiar ciencia no garantiza automáticamente innovación empresarial; promover emprendimientos innovadores sin capacidades científicas y tecnológicas tampoco puede producir un ecosistema de innovación competitivo; e importar tecnología sin desarrollar capacidades de absorción puede modernizar determinados procesos sin modificar sustancialmente las capacidades endógenas de la economía. Aquí reaparece, precisamente, la conexión con las políticas industriales de primera generación.
La cuestión central consiste, por tanto, en articular las tres políticas dentro de un policy mix coherente, que parta de una comprensión clara de los retos del desarrollo productivo y la inclusión, así como de una visión política que les otorgue direccionalidad. Esta perspectiva adquiere mayor importancia con el surgimiento, durante las últimas dos décadas, de las políticas misionales y transformacionales. Las primeras introducen precisamente direccionalidad: no se limitan a corregir fallos de mercado, sino que movilizan recursos científicos, tecnológicos, empresariales e institucionales alrededor de problemas definidos, como la transición energética, la adaptación climática, la seguridad alimentaria, la salud o la transformación digital. Las políticas transformacionales van más lejos al plantear que determinados desafíos requieren modificar sistemas sociotécnicos, comportamientos, instituciones y trayectorias tecnológicas. No sustituyen las políticas tradicionales de CTI: cambian su orientación y exigen su articulación.
Aquí aparece un punto fundamental para economías de renta media como la dominicana. Las políticas misionales o transformacionales no pueden convertirse en sustitutos sofisticados de capacidades que todavía no existen. Una economía con baja productividad, reducida inversión en I+D, limitada capacidad tecnológica empresarial y fuertes debilidades institucionales necesita simultáneamente acumular capacidades y proporcionar direccionalidad a su utilización. Importar instrumentos concebidos para sistemas científicos y tecnológicos maduros sin construir, previamente o al mismo tiempo, las capacidades necesarias para ejecutarlos pueden producir políticas formalmente modernas, pero materialmente débiles.
Volviendo al PESCYT 2008-2018, con sus limitaciones, definió prioridades, articuló instrumentos y encontró en el FONDOCYT (creado en virtud de la Ley 139-01 de Educación Superior, Ciencia y Tecnología y puesto a funcionar entre 2005 y 2007) uno de sus principales mecanismos de ejecución. Parte del crecimiento posterior de las capacidades y de la producción científica nacional no puede entenderse al margen de aquella apuesta por financiar proyectos, formar recursos humanos, crear capacidades aún incipientes de investigación. La figura que acompaña este artículo muestra el crecimiento casi exponencial de la producción científica entre 2000 y 2025 y su comparación regional. Son avances modestos si se observan en una escala global o regional más amplia, pero significativos si se considera el punto de partida.
El panel A muestra el impacto transformacional en el país, mientras que el panel B evidencia la brecha persistente con las economías más competitivas de Centroamérica. Por su parte, el panel C presenta el efecto acumulado durante todo el período. El avance dominicano se ha producido con un gasto en I+D documentado por organismos internacionales de alrededor del 0.003 % del PIB. Sin embargo, el ajuste exponencial del panel A, indica que la producción científica dominicana indexada en Scopus creció entre 2000 y 2025 a una tasa equivalente al 14.7 % anual. A ese ritmo, el número de documentos se duplicó aproximadamente cada cinco años. La serie observada es consistente con esta trayectoria: pasó de 142 artículos en 2015 a 289 en 2019 y a 587 en 2025. Se trata de un promedio para el período completo, derivado de la curva ajustada, por lo que no implica una duplicación exacta en cada quinquenio.
Este crecimiento constituye una señal relevante para la política pública: las políticas de acumulación de capacidades pueden funcionar, pero sus resultados requieren tiempo para materializarse. Cuando se financia sostenidamente la construcción de capacidades, aun desde una base muy baja, estas comienzan a acumularse y a generar resultados. Este período de expansión, aunque marginal en términos de gasto, incluyó además la primera generación de patentes universitarias dominicanas y el equipamiento de infraestructura científica en distintos campus gracias al financiamiento del FONDOCYT.
El nivel alcanzado por Costa Rica refleja, por su parte, un sistema de CTI más consolidado que el de sus pares regionales y una producción científica acumulada que más que quintuplica la dominicana. Esto responde no solo a una mayor inversión histórica, sino también a una institucionalidad de CTI más robusta. Debe considerarse que el esfuerzo en I+D, medido como porcentaje del PIB, es alrededor de 130 veces superior en Costa Rica y más de 60 veces en Panamá respecto al dominicano. Los resultados de República Dominicana siguen siendo, por tanto, modestos frente a las necesidades del país, pero muestran el efecto acumulativo que pueden tener las políticas de CTI incluso bajo fuertes restricciones de recursos. Aquí dejo al lector con una pregunta en su mente, para que la responda para sí.
Desde la perspectiva de una política transformacional de CTI, el reto consiste en convertir estos avances todavía fragmentarios en densidad sistémica: más investigadores y mejores universidades, pero también empresas con mayores capacidades tecnológicas, mejores conexiones entre ambas, instrumentos financieros adecuados y capacidades públicas para formular y ejecutar políticas y misiones capaces de orientar estos recursos hacia problemas estratégicos del desarrollo nacional. La transformación productiva, la transición energética, el cambio climático, la salud, la seguridad alimentaria o la digitalización pueden proporcionar direccionalidad, pero ninguna misión tendrá profundidad sin organizaciones capaces de producir, absorber y utilizar conocimiento.
Después del PESCYT, las iniciativas, estrategias e instrumentos generados han sido más dispersos y, en general, de menor resolución analítica y sistémica. Ha faltado un nuevo marco integrador, con prioridades, instrumentos, recursos, gobernanza propia y mecanismos de seguimiento consistentes entre sí, que conecte orgánicamente con los desafíos de desarrollo productivo, inclusión y sostenibilidad que enfrenta la economía dominicana.
Esta situación interpela directamente dos procesos en curso: el desarrollo de las metas presidenciales 2036 y la denominada transformación educativa liderada por el MESCYT. En ambos debe definirse con claridad el papel de las políticas de CTI: si permanecerán como algo marginal, supeditado al modelo avasalladoramente docentista del sistema dominicano de educación superior, o se insertarán como políticas con peso propio, de carácter sistémico y orientadas a la acumulación de capacidades para el desarrollo productivo. El debate de ambos procesos y el diálogo público-público y público-privado abren la posibilidad de dotar al país de un nuevo marco de políticas de CTI que responda a estos desafíos.
Para concluir, volvamos a la pregunta inicial: ¿sistema nacional de ciencia y tecnología o sistema nacional de innovación? Para República Dominicana, la respuesta no debería ser escoger uno u otro, sino uno y otro. El objetivo debe ser construir un sistema nacional de innovación, pero ello exige fortalecer deliberadamente el sistema científico y tecnológico que constituye una parte esencial de sus capacidades. Sin capacidades científicas no hay suficiente conocimiento propio; sin capacidades tecnológicas no existe capacidad adecuada para absorber, adaptar y escalar conocimiento; y sin innovación esas capacidades difícilmente se traducen en productividad, transformación económica y bienestar.
En una economía de renta media y baja productividad como la dominicana, el desafío consiste simultáneamente en acumular capacidades, conectarlas y proporcionarles dirección. Esa tríada debería constituir el punto de partida de una nueva generación de políticas de CTI. Quizás, esta sea la principal lección después de alcanzada la adultez del último esfuerzo sistémico de formulación de políticas de CTI en el país.
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