En su reciente discurso de rendición de cuentas, el presidente Luis Abinader dejó clara la idea dominante que marcará el tramo final de su gestión: la Meta RD 2036 como proyecto histórico, como plataforma de continuidad y como promesa de futuro.
La narrativa es evidente: ya no se trata —según el planteamiento oficial— de si el país crece, sino de cómo crece y para quién. Se proyecta la imagen de una economía que transita hacia la productividad, la innovación, la inteligencia artificial, el hub digital e incluso la aspiración de insertarse en industrias emergentes como los puertos espaciales. Se presenta la gestión actual como la base estructural para duplicar el tamaño de la economía en la próxima década. El eje central del discurso fue claro: estabilidad macroeconómica, modernización del Estado y Meta RD 2036 como gran hoja de ruta.
Sin embargo, el verdadero debate no es comunicacional. Es estratégico. La República Dominicana no carece de una visión de desarrollo. Desde 2012 existe una estrategia consensuada, aprobada por ley y concebida como política de Estado: la Estrategia Nacional de Desarrollo (Ley 01-12). Ese marco no fue diseñado como un documento ornamental, sino como la arquitectura que debía orientar el presupuesto, las políticas públicas y las prioridades nacionales hasta 2030.
Ahí es donde surge la tensión fundamental.
Meta RD 2036 puede presentarse como una plataforma de articulación productiva o como un mecanismo de coordinación público-privada. Pero no puede sustituir —ni desplazar en la práctica— el marco estructural de la END sin generar inconsistencias estratégicas.
Porque cuando un gobierno prioriza una narrativa de futuro sin anclarla rigurosamente en la planificación estratégica de Estado, el riesgo no es político. Es estructural.
Los propios informes oficiales de seguimiento de la END, publicados por el Ministerio de Economía, evidencian que una parte significativa de los indicadores estratégicos no ha sido cumplida y que en distintos ejes se registran retrocesos respecto a las metas trazadas. Esto ocurre en ámbitos tan sensibles como institucionalidad, cohesión social, competitividad económica y sostenibilidad ambiental. Estos no son juicios partidarios. Son resultados derivados del sistema oficial de monitoreo del marco estratégico nacional.
Si el país aún presenta desviaciones relevantes respecto a los objetivos establecidos hacia 2030, la discusión no debería centrarse en anunciar nuevas metas hacia 2036, sino en corregir las brechas del plan vigente.
Aquí emerge una paradoja difícil de ignorar.
Tras el enunciado de Meta RD 2036 como gran proyecto de futuro —una iniciativa que se plantea como objetivo central duplicar el tamaño del producto interno bruto en la próxima década— el país registró uno de los años de menor crecimiento económico de los últimos tiempos: apenas 2.1%. Un desempeño que, además, se situó por debajo del promedio latinoamericano, cuando históricamente la República Dominicana se había mantenido de manera consistente entre las economías de mayor expansión de la región, ocupando en numerosos años el primer o segundo lugar.
Y para colmo, ese anémico desempeño estuvo sustentado principalmente por motores exógenos —remesas, el aumento en los precios internacionales del oro que elevó el valor de las exportaciones, la inversión extranjera y, en menor medida, el turismo— más que por una dinámica sólida de los sectores productivos internos, tradicionalmente responsables de impulsar la expansión económica.
No se trata de reducir el análisis a un solo año. Pero sí de observar que el anuncio de metas ambiciosas no sustituye la necesidad de fortalecer los fundamentos estructurales del crecimiento. Porque el crecimiento sostenible no se construye sobre enunciados, sino sobre productividad real.
Y la productividad depende de factores estructurales que la END identificó con claridad hace más de una década: calidad educativa, capital humano competitivo, eficiencia institucional, sostenibilidad fiscal, infraestructura moderna y, de manera crítica, la corrección definitiva del déficit estructural del sector eléctrico.
La experiencia histórica es clara: los gobiernos que no se ajustan rigurosamente a una estrategia nacional de desarrollo tienden a improvisar. Y la improvisación no siempre se manifiesta como desorden visible; muchas veces se expresa como dispersión de prioridades, superposición de iniciativas y sustitución de planificación por narrativa.
Meta RD 2036 podría ser una herramienta útil si se inserta disciplinadamente dentro del marco rector de la Estrategia Nacional de Desarrollo. Pero si pretende ocupar su lugar o desplazarlo en la práctica, el país corre el riesgo de repetir un patrón conocido: metas ambiciosas sin fundamentos estructurales consolidados.
La República Dominicana no necesita una nueva visión de país. Esa visión ya fue consensuada y está vigente hasta 2030. Lo que necesita es coherencia estratégica.
Porque duplicar el tamaño de la economía no es, en sí mismo, una política de desarrollo. Es el resultado posible de instituciones sólidas, educación de calidad, energía eficiente y planificación consistente.
Sin ese anclaje estructural, cualquier meta corre el riesgo de convertirse en aspiración declarativa.
El debate nacional no debería ser entre pasado y futuro, ni entre estrategia y modernización. Debería ser entre planificación estructural y política coyuntural.
Y cuando la planificación se debilita, el crecimiento pierde consistencia y el país deja de liderar la región como lo hizo durante décadas.
Volver al marco rector no es nostalgia. Es la única forma de evitar que el futuro se improvise.
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