De una reunión entre presidentes siempre se espera decisiones trascendentes, pero el presidente Luis Abinader y los expresidentes Hipólito Mejía, Leonel Fernández y Danilo Medina se han vuelto a reunir para el torpe ejercicio de anunciar al país lo que, por separado, ya han dicho hasta la saciedad: la necesidad de que la ONU se implique más directamente en la búsqueda de una solución a la crisis haitiana.
No por hacerlo, esta vez al unísono, tendrán más posibilidades de éxito.
Parecería que los jefes de la clase política dominicana no entienden la magnitud de la crisis haitiana, una fragilidad arraigada en su historia que requiere de reales propuestas y no de simplistas y gastadas recetas.
Siempre hay que recordarlo, después de su independencia en 1804, Haití fue forzado a pagar a Francia una indemnización que comprometió sus posibilidades de desarrollo durante todo el siglo XIX y parte del XX. Luego, una intervención norteamericana que dejó profundas secuelas. Y más recientemente, el sismo de 2010 que agravó su situación, causando más de 280 000 muertos, 300 000 heridos, entre 1.3 y 1.5 millones de personas sin casas y daños materiales estimados en más de 14 000 millones de dólares, que hicieron recular por décadas la débil economía del país.
Junto a estas calamidades, el sistema político haitiano ha estado tradicionalmente gangrenado por el autoritarismo de sus dirigentes y la corrupción en favor de las élites políticas y económicas.
Es en ese contexto que han surgido las bandas de matones que hoy aterrorizan al país. Estas bandas, tradicionalmente vinculadas a sectores políticos, no son nuevas, diferentes gobiernos las han utilizado a través del tiempo para consolidar su poder. Recordemos los macoutes, formados por el régimen duvalierista para consolidar su reinado de terror.
Haití es, pues, una larga historia de calamidades e indolencias de sus élites políticas y económicas.
Desde que los primeros esclavos africanos pusieron pie en ese pedazo de isla, hasta su independencia en 1804, se impuso un implacable régimen colonial francés de explotación y muerte. Luego vinieron recurrentes períodos de inestabilidad política y catástrofes naturales que han engendrado la vulnerabilidad, pobreza endémica, desigualdades sociales y violencia generalizada de hoy.
Hasta ahora, la gravedad de esta crisis ha hecho fracasar, uno tras otros, todos los intentos de Naciones Unidas para rescatar al país.
Veamos las diferentes misiones que desde los años 1990 ha desplegado la ONU en Haití:
- Misión de Naciones Unidas en Haití (1993-1996)
- Misión de Apoyo de la ONU en Haití (1996-1997)
- Misión de Transición de la ONU en Haití (1997)
- Misión de la Policía Civil ONU en Haití (1997-2000)
- Misión de la ONU para la Estabilización de Haití-MINUSTAH (2004-2017)
- Misión de la ONU para el Apoyo de la Justicia en Haití-MINUJUSTH (2017-2019)
Ninguna de estas misiones ha cumplido con su mandato de desmantelar las bandas armadas para establecer un contexto favorable a la celebración de elecciones. Más bien, han venido a agravar la situación. Recordemos la funesta MINUSTAH, cuyos soldados llevaron la epidemia del cólera y cometieron numerosas agresiones sexuales.
Luego del retiro de la última de estas misiones en 2019, la MINUJUSTH, las bandas armadas han aprovechado el vacío de seguridad para retomar el control del territorio. Es en medio de esta agravante que se produce el asesinato de Jovenel Moïse, en 2021, desencadenando una lucha por el poder que desembocó en su reemplazo por el primer ministro Ariel Henry.
La legitimidad de Henry fue siempre contestada. Bajo la presión de las bandas armadas, que ya controlaban el 80% de Puerto Príncipe, se vio forzado a renunciar. Tras su demisión, se instauró el actual Consejo Presidencial de Transición, que con enormes dificultades sobrevive al asedio de las bandas armadas.
Finalmente, con el despliegue de unas cuantas centenas de policías kenianos, insuficientemente financiados y equipados, nada se ha logrado. En las propias narices de estas tropas, las bandas armadas provocaron la muerte 5 600 personas, en 2024, alrededor de 1 500 secuestros y el desplazamiento interno de más de un millón de personas.
Definitivamente, la Policía Nacional de Haití, débilmente equipada y con muy pocos efectivos, y la Misión Multilateral de Sostenimiento a la Seguridad (MSS), que apenas ha recibido unas pocas centenas de los 2 500 efectivos prometidos por la comunidad internacional y menos de 100 millones de dólares de los 600 prometidos, son netamente insuficiente para lidiar con bandas armadas numerosas, bien equipadas, con un amplio conocimiento del territorio y hasta el apoyo de ciertos sectores de la población, más temor que por convicción.
De manera, que la reunión del presidente Abinader y los tres vicepresidentes para solo acordar que continuarán con su inútil lloriqueo a la ONU, en momento en que el vecino país vive una crisis humanitaria sin precedentes, la mitad de población afectada por la inseguridad alimentaria, más de un millón de desplazados internos viviendo en situación de extrema precariedad (expuestas a la violencia y extorsión de las bandas armadas), es un torpe ejercicio que ofende la inteligencia de quienes tienen algún interés por el tema haitiano.
Pese a la narrativa oficial de que lo único que puede hacer la República Dominicana por Haití es pedir a la ONU que se implique más a fondo en búsqueda de una solución a su crisis, creo que el país sí tiene posibilidad de hacer varias cosas a su favor.
- La conformación de un acuerdo político por una transición pacífica y ordenada en Haití, el 3 de abril de 2024, y la creación de un Consejo Presidencial de Transición (CPT) desmienten la narrativa de que en Haití no hay actores políticos y sociales con quienes dialogar. El Haití agonizante sigue ahí y urge un diálogo franco con sus actores sobre intercambio comercial, inmigración, seguridad fronteriza y cooperación en educación, sanidad y medio ambiente.
- Burlando el embargo impuesto por la inoperante ONU, las armas continúan entrando ilegalmente a Haití, provenientes principalmente de Florida y República Dominicana, armas empleadas por las bandas de matones para aterrorizar a la población, violar mujeres y niñas, y hasta asaltar hospitales. Las autoridades dominicanas no tienen control sobre las armas que salen de Florida, pero sí deberían tenerlo con las que, saliendo de allí, pasan por RD antes de llegar a Haití.
- Los más de 270 000 haitianos que las autoridades dominicanas deportaron en 2024 y más de 180 000 en los últimos meses del año son una agravante más de la crisis política y humanitaria que sufre Haití. El masivo flujo de estos repatriados agrava la situación en las regiones exteriores a Puerto Príncipe donde reina una relativa calma, aumentando las dificultades de sus familiares que ni siquiera tienen para darle de comer a sus propios hijos. No sé cuántos cientos de miles de personas dependían en Haití de las pequeñas remesas que enviaban estos repatriados, pero podrían ser también centenares de miles. Una suspensión de estas deportaciones masivas, podría perfectamente combinarse con un reforzamiento de la seguridad en la frontera para que no sigan entrando más y, al mismo tiempo, dar a Haití un pequeño respiro en medio de su asfixiante situación.
- Pese a la cada vez más escasa ayuda al desarrollo de los países ricos, el gobierno dominicano debería gestionar, ofreciendo pequeñas contrapartidas nacionales, la construcción de dos o tres pequeños hospitales en la frontera, del lado haitiano, donde las parturientas de ese país puedan dar a luz con un mínimo de seguridad.
- En ocasión del 200 aniversario de la imposición de la deuda de Haití, el presidente de la República Francesa se comprometió a un diálogo con Haití y a una eventual reparación. Pedir al jefe de la República Francesa que cumpla con su palabra no debería ser solo tarea de Haití, sino también de República Dominicana, que es el más afectado por la crisis haitiana, y también de los países de la región que les ha tocado una parte de esta crisis.
La implementación de cualquiera de estas propuestas, que distan mucho de ser las únicas posibles (nuestros presidentes deberían estar en capacidad de idearse muchas otras), tiene más posibilidades de éxito que un eterno lloriqueo a una Naciones Unidas que ha perdido toda capacidad de solución de conflictos.
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