Senasa, corrupción y el malestar del sistema político

Con el reciente escándalo de corrupción en el Senasa, se pudiera pensar que el abuso y apropiación de los recursos públicos para el enriquecimiento privado en el país se ha convertido en un problema endémico del sistema político dominicano.

La historia nos recuerda que la corrupción política no es un problema nuevo, que siempre ha existido en la historia de la humanidad y en particular en la sociedad dominicana. La cultura de la avaricia, el afán de lucro, el deseo de poder y la codicia han estado presentes en las sociedades tradicionales, modernas, capitalistas, socialistas, democráticas y autoritarias.

En la historia política dominicana, la corrupción ha persistido sin importar que sean gobiernos autoritario-centralizados o liberal-democráticos. Lo nuevo de la corrupción son las diversas formas en las que se presenta en diferentes contextos históricos.

Durante la Era de Trujillo, el monarca-dictador no establecía una distinción (fuerte) entre los bienes públicos y los privados (de él y su familia). Las instituciones políticas como el Estado y el Partido Dominicano (PD) se utilizaban —mediante leyes y concesiones legales— como un patrimonio personal, un medio de apropiación de los recursos públicos del Estado.

En el marco de la democracia liberal, ha persistido la cultura tradicional del patrimonialismo y el presidencialismo, debilitando la credibilidad y legitimidad de las instituciones políticas tradicionales como el Estado y los partidos. Además, se ha fortalecido la cultura del individualismo, del egoísmo, y lo público se ha privatizado.

Con el golpe de Estado a Juan Bosch y el vacío institucional que siguió entre 1963-65, se produjo una corrupción política generalizada. Durante el consejo de Estado, la corrupción se diversificó y/o descentralizó. Las élites de poder militar, burocrática y empresarial participaron en una corrupción generalizada, produciendo un desorden en el gasto público.

Durante los doce años del gobierno de Joaquín Balaguer, las prácticas de apropiación del patrimonio público de la élite militar y los altos funcionarios se convirtieron en una política de Estado. La corrupción pasó a ser un recurso, una estrategia para garantizar fidelidades, lealtades y compromisos políticos con el mandatario y, en muchos casos, cooptar y comprometer a sus adversarios.

Durante los doce años, la cultura política del presidencialismo, el patrimonialismo, la corrupción, el clientelismo, la impunidad, el macuteo, el tráfico de influencia y las extorsiones de los militares se institucionalizaron en la administración pública, estructurando una corrupción incontrolada que –a decir del propio Joaquín Balaguer– solo se paraba en la puerta de su despacho.

Con la transición democrática en 1978, ingenuamente, muchos pensamos que la corrupción acabaría, pero –lamentablemente– no fue así. Durante el primer período de gobierno del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), el opositor Partido de la Liberación Dominicana (PLD) publicó el Álbum de la Corrupción, donde se denunciaba el rápido enriquecimiento de los funcionarios del Estado. A través de fotografías y datos comparativos se revelaba el enriquecimiento y los cambios de vida de los más altos funcionarios: De la pobreza de los sectores populares, pasaron a residir en casas lujosas, villas y apartamentos que, supuestamente, habían adquirido durante su gobierno.

En el segundo período del PRD, las denuncias y los casos de corrupción continuaron. Como resultado, hubo sometimientos a la justicia, arrestos de funcionarios y exilio “voluntario” del exmandatario.

Durante los 10 años de Joaquín Balaguer, los grupos de poder —militar, empresarial, burocrático— se actualizaron y reconfiguraron en un contexto democrático, pero las prácticas patrimonialistas y de corrupción en la administración pública —al igual que el autoritarismo y los abusos de poder en contra de la oposición y los ciudadanos— prosiguieron sus agitados cursos.

A partir de 1996 hasta la actualidad, durante el período de “consolidación democrática”, de las reformas constitucionales, de la modernización de la administración pública, del fin de los caudillos y la aparición de una nueva generación de liderazgo político, la corrupción se ha transformado, pero –lamentablemente– no ha desaparecido.

Con la entrada en vigor del capitalismo neoliberal, caracterizado por la desregulación empresarial y la privatización de las empresas públicas, se han fortalecido los vínculos entre el Estado y el mercado, las élites políticas y empresariales. La construcción de infraestructuras urbanas como avenidas, carreteras, asfaltados de caminos vecinales, elevados, trenes, los servicios públicos de energía eléctrica, salud, educación, etc., ha pasado a ser provista por el sector privado y pagada por el Estado, fortaleciendo las redes de complicidades entre las élites políticas y empresariales.

En el marco de la democracia liberal, ha persistido la cultura tradicional del patrimonialismo y el presidencialismo, debilitando la credibilidad y legitimidad de las instituciones políticas tradicionales como el Estado y los partidos. Además, se ha fortalecido la cultura del individualismo, del egoísmo, y lo público se ha privatizado.

Durante la Era de Trujillo, el monarca-dictador no establecía una distinción (fuerte) entre los bienes públicos y los privados (de él y su familia). Las instituciones políticas como el Estado y el Partido Dominicano (PD) se utilizaban —mediante leyes y concesiones legales— como un patrimonio personal,

Por tanto, la corrupción política en la sociedad dominicana está relacionada con la crisis del sistema político: primero, con la persistencia del patrimonialismo, el caudillismo, que –actualmente– ha adquirido la forma de presidencialismo. Segundo, con la debilidad institucional del Estado, los partidos políticos y las instituciones de control de la administración pública. Tercero, con la crisis de las ideologías (el déficit de sentido y la mercantilización de la política) y, cuarto, con el deterioro de la moral social, el auge del individualismo y el egoísmo que afecta a la sociedad, pero en particular, a la esfera pública.

Con los recientes casos de corrupción del Senasa, Calamar, Medusa, Anti pulpo y otros, la corrupción ha dejado de ser un asunto de macuteo, de chantajes menores, de estrategias de cooptación política y se ha convertido en una megacorrupción que ejemplifica las nuevas formas de relación de complicidades y corrupción entre las élites políticas y empresariales.

La corrupción en la sociedad dominicana no ha discriminado época, no ha diferenciado partidos políticos, tipos de gobiernos ni generación política. A pesar de la alternabilidad de los partidos, el surgimiento de nuevos actores políticos y la transición democrática, la corrupción ha proseguido su agitado curso, poniendo en evidencia el malestar cultural e institucional del sistema político dominicano.