Si algo ha caracterizado a la República Dominicana en las últimas décadas han sido los avances en seguridad jurídica. Pese a no ser considerada una de las más fuertes por múltiples factores, lo cierto es que los últimos veinte años han sido determinantes para generar confianza a nivel internacional, materializar inversiones extranjeras e inspirar confianza local.
Es preciso resaltar que un país suele evaluarse a través de indicadores internacionales tales como: estado de derecho, gobernanza, control de la corrupción, calidad regulatoria y funcionamiento del sistema judicial (World Bank, 2017).
Asimismo, a partir de datos del Banco Mundial, del World Justice Project y de evaluaciones citadas por el Banco Central de la República Dominicana, así como de organismos multilaterales, es posible procurar una evaluación aproximadamente objetiva de la seguridad jurídica (Banco Central de la República Dominicana, 2023; World Bank, 2023).
En tal sentido, el presente escrito procura examinar brevemente cada uno de los factores determinantes al momento de analizar la seguridad jurídica.
En primer lugar, resulta necesario empezar con la posición internacional de la República Dominicana como estado de derecho. Para ello, uno de los indicadores más utilizados para medir la seguridad jurídica es el Índice de Estado de Derecho (Rule of Law Index) del World Justice Project.
Según esta medición, la República Dominicana ha experimentado avances relevantes en los últimos años. De acuerdo con el Rule of Law Index 2025, el país se ubica en una posición intermedia dentro del ranking global, reflejando mejoras en comparación con mediciones anteriores.
Este índice mide ocho dimensiones claves: límites al poder del Gobierno, ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento regulatorio, justicia civil y justicia penal (World Justice Project, 2025).
En el caso dominicano, el país se ubica cerca de la mitad del ranking global, situándose por debajo de países con instituciones particularmente sólidas, como Uruguay o Chile, aunque por encima de varios países latinoamericanos con debilidades institucionales más pronunciadas. Esto sugiere una situación institucional moderada, pero en proceso de fortalecimiento.
En cuanto a la gobernanza institucional, los Worldwide Governance Indicators (WGI) del Banco Mundial constituyen otra herramienta importante de medición. Estos indicadores evalúan seis dimensiones de gobernanza relacionadas con la seguridad jurídica: voz y rendición de cuentas, estabilidad política, efectividad del Gobierno, calidad regulatoria, estado de derecho y control de la corrupción (Kaufmann, Kraay, & Mastruzzi, 2010; World Bank, 2023).
De acuerdo con estos indicadores, la República Dominicana ha mostrado mejoras graduales en áreas como efectividad gubernamental y calidad regulatoria. No obstante, el control de la corrupción continúa presentando niveles relativamente bajos en comparación con otros indicadores institucionales (World Bank, 2023).
En relación con la gobernanza y la corrupción, evaluaciones institucionales multilaterales señalan avances importantes, aunque persisten desafíos estructurales. Informes recientes indican mejoras en el estado de derecho y la efectividad gubernamental, así como avances moderados en el control de la corrupción (MAPS Initiative, 2023).
Lo anterior sugiere que el país muestra un progreso institucional gradual, aunque todavía se encuentra por debajo de los estándares de países con altos niveles de seguridad jurídica.
Desde el punto de vista económico, diversos organismos financieros internacionales sostienen que la seguridad jurídica influye directamente en la inversión extranjera, el crecimiento económico y la estabilidad macroeconómica (World Bank, 2017).
En ese sentido, mejoras en la calidad regulatoria y en la efectividad estatal han contribuido a favorecer la inversión privada y a reducir barreras burocráticas mediante reformas administrativas y procesos de digitalización institucional.
Entre las principales fortalezas institucionales de la República Dominicana, diversos indicadores internacionales destacan:
- un marco regulatorio relativamente estable, sustentado en leyes económicas previsibles;
- mejoras graduales del sistema judicial, particularmente en justicia civil y administrativa (Poder Judicial de la República Dominicana, 2023);
- avances en materia de apertura institucional y protección de derechos fundamentales.
Por otro lado, entre las principales debilidades estructurales se señalan:
- control limitado de la corrupción;
- debilidad relativa en los contrapesos institucionales;
- desafíos en materia de seguridad pública y protección de la propiedad.
En consecuencia, la evaluación general de la seguridad jurídica en la República Dominicana, según datos internacionales, ubica al país en un nivel intermedio dentro del contexto mundial, con una tendencia de mejora gradual durante la última década.
Esto implica que la seguridad jurídica dominicana no puede considerarse débil en términos regionales, pero tampoco plenamente consolidada. Así lo reflejan tanto los indicadores del Banco Mundial como el Índice de Estado de Derecho del World Justice Project (World Bank, 2023; World Justice Project, 2025).
En el contexto regional de América Latina y el Caribe, el Rule of Law Index muestra que la República Dominicana se ubica aproximadamente en la mitad de la tabla regional, con puntuaciones cercanas al promedio regional (World Justice Project, 2025).
En términos comparativos, los países con mayores niveles de seguridad jurídica en la región incluyen a Uruguay, Costa Rica y Chile, caracterizados por una justicia independiente, bajos niveles de corrupción y altos estándares institucionales. En un nivel intermedio se ubican países como Panamá, Argentina, Jamaica, República Dominicana y Brasil, que cuentan con instituciones funcionales pero enfrentan desafíos institucionales persistentes (World Justice Project, 2025).
En fin, alcanzar la seguridad jurídica anhelada conlleva grandes sacrificios. Los avances no se deben al esfuerzo de ocho años de gobierno, mucho menos de seis; es el resultado de décadas de trabajo conjunto de distintos actores de la vida nacional, voluntad política y de un sector privado comprometido con la competitividad y progreso de la República Dominicana. Se trata de una decisión como país más allá de los intereses particulares.
Referencias bibliográficas
Banco Central de la República Dominicana. (2023). Informe de la economía dominicana. Banco Central de la República Dominicana. https://www.bancentral.gov.do
Kaufmann, D., Kraay, A., & Mastruzzi, M. (2010). The worldwide governance indicators: Methodology and analytical issues (Policy Research Working Paper No. 5430). World Bank.
MAPS Initiative. (2023). Institutional assessment: Dominican Republic. MAPS Initiative.
Poder Judicial de la República Dominicana. (2023). Informe de gestión institucional. https://poderjudicial.gob.do
World Bank. (2017). World development report 2017: Governance and the law. World Bank. https://www.worldbank.org
World Bank. (2023). Worldwide governance indicators. https://info.worldbank.org/governance/wgi
World Justice Project. (2025). Rule of law index 2025. https://worldjusticeproject.org/rule-of-law-index
World Justice Project. (2025). WJP rule of law index 2025: Methodology. https://worldjusticeproject.org
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