Un buen lugar en un posicionamiento regional no garantiza que lo que se paga por trabajar alcance para vivir. Detrás de los promedios salariales se esconden desigualdades derivadas de la segmentación del mercado laboral y de las condiciones institucionales en que se remunera el trabajo, realidades muy distintas, que rara vez aparecen en las comparaciones internacionales.
En el debate público sobre salarios suele repetirse una idea tranquilizadora: la República Dominicana aparece bien posicionada en materia de salarios mínimos dentro de América Latina y el Caribe. Según datos difundidos por Bloomberg Línea, el país figura entre los primeros diez de la región. El dato, presentado de forma aislada, luce positivo. Sin embargo, encierra un problema importante: el promedio, por sí solo, no cuenta la historia completa.
Aunque el debate suele centrarse en el salario mínimo, el problema es más amplio. Tiene que ver con cómo se remunera el trabajo en general y con cuánto de esa remuneración alcanza realmente para sostener condiciones de vida dignas. El salario mínimo es una pieza clave del sistema de regulación salarial, pero no lo agota ni determina por sí solo las condiciones efectivas de vida de quienes trabajan.
En ámbitos socioeconómicos, los promedios no son falsos, pero su uso aislado tiende a sacar esos números de su contexto y a ocultar las condiciones sociales en que viven las personas. Al condensar situaciones muy distintas en un solo número, tienden a ocultar diferencias relevantes. Sirven para ordenar países en una tabla comparativa, pero dicen poco sobre cómo viven realmente las personas que dependen de su trabajo para cubrir gastos básicos.
La remuneración del trabajo no cumple la misma función ni tiene el mismo alcance en todos los países. En algunos contextos institucionales específicos, caracterizados por alta formalización y negociación colectiva, el salario mínimo cubre a la mayoría de los trabajadores formales y actúa como una referencia efectiva para el resto de las remuneraciones. En otros, como ocurre en la República Dominicana, el sistema es fragmentado: existen múltiples salarios mínimos según sector y tamaño de empresa, una parte significativa del empleo es informal y una gran proporción de los salarios se sitúa apenas por encima del mínimo legal.
Esta estructura contribuye a que el salario mínimo tenga un alcance real limitado y desigual y que muchas personas, aun sin estar estrictamente en el mínimo, enfrenten dificultades similares para cubrir sus necesidades básicas. Por eso, reducir el análisis al salario mínimo, sin considerar la estructura general de remuneración del trabajo, puede llevar a conclusiones incompletas.
Comparar salarios —mínimos o promedios— como si todos cumplieran la misma función institucional ignora las diferencias en los regímenes laborales y en la distribución del poder salarial. Un país puede aparecer bien posicionado en un ranking regional y, aun así, registrar ingresos laborales que no alcanzan para cubrir lo básico. El promedio no muestra quiénes quedan efectivamente cubiertos, quiénes quedan fuera, ni qué proporción del costo de la vida logra compensar la remuneración del trabajo.
A esta distorsión se suma un elemento clave: el costo de la vida. Un salario expresado en dólares corrientes dice poco si no se contrasta con los precios de bienes y servicios esenciales. En la República Dominicana, incluso después de aumentos recientes, tanto el salario mínimo como una parte importante de las remuneraciones laborales muestran una capacidad limitada para cubrir alimentación, transporte, vivienda, servicios básicos y salud. Esta brecha no es homogénea: varía según el territorio, el tipo de hogar y la inserción laboral, pero constituye una experiencia cotidiana para amplios sectores de trabajadores.
Cuando la remuneración no alcanza, los hogares se ven forzados a activar múltiples estrategias de supervivencia para cerrar la brecha entre ingresos y gastos. Estas pueden incluir la búsqueda de empleos adicionales, el endeudamiento, la reducción de consumos esenciales o el apoyo en redes familiares. En la práctica, estas respuestas suelen combinarse y sostenerse en el tiempo, generando efectos acumulativos negativos sobre el bienestar y la estabilidad económica de los hogares. Nada de esto aparece en los rankings internacionales ni en las comparaciones basadas en promedios.
Los promedios también tienden a ocultar desigualdades internas. No muestran las diferencias entre grandes y pequeñas empresas, entre zonas urbanas y rurales, entre trabajadores formales e informales, ni las brechas persistentes de remuneración asociadas al género. Dos países pueden compartir posiciones similares en una tabla comparativa y, sin embargo, ofrecer condiciones de vida muy distintas a quienes viven de su trabajo.
En este contexto, el problema no es la existencia de comparaciones internacionales, sino el uso acrítico que se hace de ellas en el debate público. Un buen lugar en un ranking puede funcionar como un dato tranquilizador, pero no sustituye un examen más profundo sobre la capacidad real de la remuneración del trabajo para sostener la vida cotidiana.
La pregunta relevante, entonces, no es en qué puesto aparece la República Dominicana en un posicionamiento regional, sino si lo que se paga por trabajar —en sus distintas formas y niveles— permite cubrir de manera razonable y digna las necesidades básicas de la población. Un buen lugar en una lista no paga la comida, el transporte ni la vivienda. Cuando la remuneración no alcanza, el promedio deja de ser una referencia útil y se convierte en una ilusión estadística en su interpretación social que ordena países, pero desconecta los indicadores de las condiciones materiales concretas de vida de la mayoría de la población.
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