La Inteligencia Artificial (IA) ya no es una promesa del futuro: es el presente que nos interpela. Está en los teléfonos, en las aulas, en los hospitales, en las decisiones de gobierno y hasta en la manera en que nos relacionamos con los demás. Pero, ¿sabemos realmente qué es y por qué urge legislarla?
En términos sencillos, la IA es la capacidad de las máquinas para aprender, razonar y tomar decisiones basadas en datos. Su fuerza está en la velocidad con que puede procesar información que a un ser humano le tomaría siglos analizar. Esa potencia, sin embargo, encierra su mayor riesgo: cuando una tecnología puede pensar, decidir y actuar sin supervisión ética, se convierte en un poder sin control.
Por eso la UNESCO, la ONU y la Unión Europea han levantado la voz. Todas han advertido que el desarrollo de la IA no puede seguir el camino de la improvisación. Han propuesto marcos normativos que garanticen el uso ético, responsable y humano de estas herramientas. No se trata de frenar la innovación, sino de proteger la dignidad, la privacidad y los derechos fundamentales de las personas.
La República Dominicana ha dado un paso histórico en esa dirección. Desde el Senado, trabajamos en una propuesta de ley para crear un marco ético y regulatorio de la Inteligencia Artificial. Una ley que garantice que la IA esté al servicio de la gente, y no la gente al servicio de la IA. Esta iniciativa reconoce que la tecnología debe ser un instrumento del desarrollo humano y no su reemplazo.
El desafío no es solo técnico, sino profundamente moral. Porque lo que está en juego no es el futuro de las máquinas, sino el futuro de la humanidad. La IA puede ayudarnos a reducir desigualdades, optimizar servicios públicos y mejorar la educación, pero también puede amplificar los sesgos, manipular la información y sustituir la creatividad humana si no se usa con criterio.
La verdadera inteligencia no está en el algoritmo, sino en el corazón y la conciencia de quienes lo programan. Por eso, legislar la Inteligencia Artificial no es una cuestión de modernidad: es una cuestión de humanidad.
Pero cuando hablamos de legislar sobre un tema de la trascendencia y profundidad de la Inteligencia Artificial, no podemos limitar la mirada al componente tecnológico. Los aspectos éticos, el impacto social y la universalidad de su alcance exigen que el eje educativo sea considerado tan importante —o incluso más— que la propia ciberseguridad que toda ley debe garantizar.
Me atrevo a citar al colega y amigo Dr. Radhamés Mejía, quien en su artículo del domingo 9 de noviembre (ayer), nos recordaba que lo que el país necesita no es solo una teoría del cambio, sino —como él mismo señala— “transformar la gestión pública en un proceso de aprendizaje colectivo”.
Esa reflexión no solo aplica al sistema educativo, sino también al modo en que el Estado y la sociedad deben aprender juntos a convivir con la inteligencia artificial: con conciencia, con propósito y con una ética que nos preserve como seres humanos.
No estamos ante una revolución tecnológica. Estamos viviendo una revolución humana.
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