Lecciones y desafíos para la niñez y la adolescencia en la República Dominicana
El año 2025 deja lecciones reveladoras sobre la situación de la niñez y la adolescencia en la República Dominicana. En un país donde más del 30 % de la población está conformada por niños, niñas y adolescentes menores de 18 años, cada avance —y cada omisión— impacta de manera directa en el desarrollo social y económico de la nación.
A lo largo de este año se han registrado progresos importantes y se han fortalecido iniciativas orientadas a mejorar el acceso a servicios esenciales como la educación, la salud, la protección social y la prevención de la violencia. Asimismo, se han impulsado programas enfocados en la primera infancia, la permanencia y el aprendizaje en la escuela, la prevención de las uniones tempranas y del embarazo adolescente, así como la integración de los derechos de la infancia en las políticas climáticas. Estos esfuerzos reflejan el compromiso sostenido del Gobierno de la República Dominicana de invertir alrededor del 5 % del PIB en programas dirigidos a la niñez y la adolescencia.
Avances que conviven con brechas persistentes
Pese a estos progresos, el Estado dominicano continúa enfrentando desafíos estructurales que afectan de manera desproporcionada a la niñez y la adolescencia. Persisten problemáticas como la mortalidad materna y neonatal, el castigo físico, la violencia sexual, las uniones tempranas, el embarazo adolescente y la insuficiente atención a la salud mental de adolescentes y jóvenes.
En los últimos años, el país ha experimentado un crecimiento económico sostenido; sin embargo, 31 de cada 100 niños y niñas siguen viviendo en situación de pobreza. Esta realidad se acentúa en zonas rurales, periurbanas y comunidades marginadas, muchas de ellas expuestas a múltiples amenazas climáticas, donde el acceso a una nutrición adecuada, a servicios de salud oportunos y a entornos protectores continúa siendo limitado.
Los indicadores de mortalidad infantil y neonatal han mostrado una mejora en los últimos años, al descender de 18.37 a 15.92 por cada 1,000 nacidos vivos. No obstante, más del 80 % de las muertes infantiles sigue ocurriendo durante el período neonatal, en su mayoría por causas evitables como dificultad respiratoria, sepsis neonatal, asfixia y prematuridad.
Uno de los problemas emergentes es que, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Micronutrientes, el 29 % de los niños, niñas y adolescentes de entre 6 y 18 años presenta sobrepeso u obesidad, superando por primera vez al bajo peso como principal forma de malnutrición en el país.
En 2025 se actualizó el Código Penal, incorporando avances significativos como el establecimiento de la edad de consentimiento sexual y la tipificación de la violencia sexual, el acoso sexual y la violencia en línea. En contraste, el Código mantiene excepciones que permitirían el uso de la violencia física en el hogar, una práctica que afecta al 64 % de los niños y niñas menores de 14 años y que tiene repercusiones profundas y duraderas en su bienestar emocional, cognitivo y social.
En el sector educativo, el Gobierno ha dado prioridad al aprendizaje en los primeros grados de primaria. Esto se ha materializado en políticas públicas, asignación de recursos, formación docente y desarrollo de materiales educativos que han rendido frutos. Los “Datos Cuentan” (iniciativa de UNICEF) indican que los niveles de aprendizaje satisfactorios y aceptables en lengua española han aumentado del 17 % al 50 %, mientras que en matemáticas pasaron del 47 % al 65 % en primero, segundo y tercer grado. Sin embargo, persiste el desafío de la deserción escolar: el 40 % de los estudiantes no ha concluido la educación secundaria y permanece fuera del sistema educativo. A ello se suman las desigualdades territoriales y las limitadas opciones para la inclusión de estudiantes con discapacidad.
Por otro lado, los datos de la ENHOGAR 2024 confirman una mejora en la protección de la niñez y la adolescencia, al evidenciar una reducción cercana al 7 % en las uniones tempranas antes de los 18 años, rompiendo una tendencia histórica. No obstante, sigue siendo alarmante que el 29.5 % de las niñas dominicanas continúe uniéndose antes de alcanzar la mayoría de edad.
Prioridades que no admiten postergación
Como país, existe la oportunidad de transformar las lecciones del presente en acciones de mayor impacto. El año 2026 debe convertirse en un punto de inflexión para reafirmar el compromiso de mantener a la niñez y la adolescencia en el centro de las políticas públicas, como sujetos de derecho y protagonistas del desarrollo nacional.
Entre las prioridades impostergables para los próximos años se destacan:
- Crear oportunidades sostenibles para las familias en situación de pobreza, articulando la protección social, la salud, la educación y la prevención de la violencia.
- Mejorar la calidad y la humanización de la atención a madres y recién nacidos, garantizando prácticas seguras, afectuosas y centradas en la madre y el niño.
- Promover políticas públicas que regulen la publicidad de alimentos poco saludables y fortalezcan la educación nutricional.
- Aumentar la cobertura y calidad de los programas de primera infancia, reconociendo el rol fundamental de las familias y cuidadores en una crianza respetuosa.
- Integrar la adaptación al cambio climático en los servicios básicos dirigidos a la infancia, haciéndolos más resilientes, inclusivos y sostenibles.
- Fortalecer el marco jurídico dominicano para prohibir de manera definitiva el castigo físico como forma de crianza.
- Crear oportunidades para que adolescentes y jóvenes concluyan la educación secundaria y para que quienes están fuera de la escuela accedan a modalidades de educación flexible y formación para el trabajo.
- Ampliar los programas de educación sexual integral como estrategia clave para prevenir la violencia sexual, las uniones tempranas y el embarazo adolescente.
- Escuchar y empoderar a la juventud, promoviendo su participación activa en la toma de decisiones y en la construcción de respuestas a los desafíos que enfrentan.
Para enfrentar estos desafíos, es fundamental incrementar y optimizar la inversión en sectores sociales clave, especialmente en salud, educación y programas de protección contra la violencia infantil. Asimismo, resulta indispensable utilizar de manera sistemática la información sobre resultados para mejorar la eficiencia del gasto, reducir brechas, garantizar la sostenibilidad de los programas y aplicar un enfoque territorial en la asignación de recursos, priorizando a las comunidades más vulnerables.
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