Residuos sólidos en RD: del impuesto improvisado al modelo de cero desechos

Un acto administrativo no suspende una ley. Con esa afirmación directa, el abogado Edgar Barnichta Geara pone en evidencia algo más que un debate jurídico: revela el nivel de improvisación con el que el país sigue abordando la gestión de residuos sólidos.

Cada año, según estimaciones de organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en 2023 República Dominicana generó más de siete millones de toneladas de residuos sólidos. Sin embargo, continúa discutiendo este tema como si el problema fuera únicamente dónde botar la basura o cómo financiar su recolección. El verdadero desafío es abandonar el modelo lineal "recoger-enterrar-cobrar" y sustituirlo por uno que prevenga, separe, valorice y disponga inteligentemente lo que no pueda aprovecharse.

Ese cambio no es incremental. Es un cambio de lógica.

A nivel internacional, el paradigma de "cero desechos", promovido por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, busca reducir al mínimo la generación de residuos y reincorporar los materiales al ciclo productivo. No se trata de eliminar la basura por completo, sino de rediseñar el sistema para que la mayor parte deje de ser desperdicio y pase a ser recurso.

El país no parte de cero. En los últimos años se han producido avances importantes: el Plan Nacional de Gestión Integral de Residuos Sólidos 2025-2035 establece una hoja de ruta con metas e indicadores alineados a la economía circular, y la Hoja de Ruta de Acción sobre los Plásticos plantea objetivos ambiciosos hacia 2040. Además, diversos estudios y organismos han desarrollado propuestas técnicas sobre separación en origen, valorización y gobernanza.

Sin embargo, la realidad territorial sigue mostrando otra cara: persisten vertederos a cielo abierto, sistemas municipales débiles y una brecha significativa entre lo planificado y lo ejecutado.

Esa contradicción revela que el problema no es solo técnico ni ambiental. Es también institucional y económico.

En el plano institucional, el debate reciente sobre la contribución especial ha puesto en evidencia un nivel preocupante de improvisación. Como se ha señalado, un acto administrativo no puede suspender una ley vigente. La idea de suspender provisionalmente su aplicación mientras se modifica nuevamente evidencia la fragilidad del proceso de diseño de la política pública.

Este punto no es menor. Cualquier corrección estructural del marco legal, incluyendo la Ley 98-25, debe realizarse por la vía correspondiente establecida en la Constitución, es decir, a través del Congreso Nacional. Intentar ajustar sus efectos mediante decisiones administrativas no solo debilita la seguridad jurídica, sino que introduce mayor incertidumbre en un sector que requiere reglas claras, estables y predecibles para atraer inversión y garantizar cumplimiento.

En el plano económico, como ha advertido el economista Andrés Dauhajre hijo, el problema no es solamente cuánto se cobra, sino cómo se cobra. Un esquema basado en ventas brutas, desvinculado de la generación real de residuos, no solo resulta inequitativo, sino que elimina cualquier incentivo a reducir, separar o reciclar. En lugar de premiar la eficiencia, la penaliza.

Sin incentivos correctos, no hay transición posible.

Sin embargo, los incentivos por sí solos no bastan. Todo sistema que funciona descansa también en el cumplimiento de las reglas y en consecuencias claras para su incumplimiento. La separación en origen, la disposición adecuada de residuos y el respeto a las normas no pueden quedar a discreción. Deben formar parte de un marco donde ciudadanos, comercios y empresas entiendan que el sistema exige corresponsabilidad.

Sin disciplina operativa y sin aplicación efectiva de la ley, incluso los mejores diseños terminan fallando. No se trata de endurecer por endurecer, sino de garantizar que las reglas que organizan el sistema se cumplan de manera consistente.

La experiencia internacional muestra que este equilibrio no es teórico. En países como Alemania, la separación de residuos es obligatoria y su incumplimiento conlleva sanciones. En Corea del Sur, el sistema de pago por generación vincula directamente el costo al volumen de residuos producido, lo que ha transformado el comportamiento ciudadano. En Chile, la responsabilidad extendida del productor ha obligado a las empresas a asumir un rol activo en la gestión de los residuos que generan. Y en ciudades como San Francisco, la combinación de separación obligatoria, simplicidad operativa y fiscalización efectiva ha permitido alcanzar niveles avanzados de valorización.

El patrón es consistente: las reglas son claras, el sistema está preparado para ejecutarlas y su incumplimiento tiene consecuencias. No es la cultura la que crea el sistema. Es el sistema el que, con el tiempo, transforma la cultura.

Hoy el país recoge residuos, pero no los gestiona como sistema. Y sin sistema, no hay transformación posible. Tampoco hace cumplir de manera consistente las reglas que lo sostienen.

Lo que está en juego, por tanto, no es simplemente mejorar la recolección ni cerrar vertederos. Es construir un modelo completo donde los incentivos, las reglas y la infraestructura empujen en la misma dirección.

Más allá de los avances recientes, el país no parte de cero ni carece de propuestas. En los últimos años se han desarrollado instrumentos públicos y hojas de ruta que configuran una base técnica relevante para avanzar hacia un modelo de economía circular.

Entre estos destacan el Plan Nacional de Gestión Integral de los Residuos Sólidos (PLANGIR) 2025-2035, la Hoja de Ruta de Acción sobre los Plásticos, los esfuerzos de armonización normativa impulsados con apoyo de GIZ, iniciativas del sector empresarial como las promovidas por la AIRD, así como las recomendaciones de Pro-Competencia orientadas a corregir distorsiones estructurales del sistema. A ello se suman diversas iniciativas de financiamiento, cooperación internacional y proyectos piloto en curso.

El diagnóstico, por tanto, es claro: el país cuenta con propuestas, hojas de ruta y lineamientos técnicos suficientes. Sin embargo, más allá de su calidad, persiste una brecha crítica entre lo que se ha construido en términos de acuerdos y lo que efectivamente se ejecuta. Esfuerzos que podrían articularse en un sistema terminan operando de forma aislada, perdiendo impacto y diluyendo su potencial transformador.

El país necesita dar el siguiente paso: transformar el conjunto de planes y diagnósticos existentes en una política pública integrada, operativa y medible. Esa política debería apoyarse en cinco pilares.

Primero, reducción en origen y separación obligatoria y gradual, comenzando por grandes generadores, zonas turísticas, mercados e instituciones públicas.

Segundo, desarrollo de una estrategia nacional de valorización, tratando los residuos como insumos económicos.

Tercero, un sistema de financiamiento basado en generación real y desempeño, que premie la reducción y elimine distorsiones.

Cuarto, una gobernanza territorial eficiente mediante mancomunidades intermunicipales y alianzas público-privadas.

Quinto, la incorporación de métricas económicas y mecanismos efectivos de cumplimiento, que permitan medir impacto más allá de lo ambiental y garantizar que las reglas se respeten en todos los niveles del sistema.

La comparación con países que han logrado avances significativos muestra una realidad incómoda: la diferencia no radica en la cantidad de diagnósticos ni en la voluntad declarada, sino en la alineación del sistema. Allí donde funciona, los incentivos económicos premian la reducción, la infraestructura permite la valorización, la gobernanza es clara y la escala operativa es eficiente. En República Dominicana, en cambio, estos elementos operan de forma fragmentada o contradictoria.

Mientras el mundo reduce, valoriza y mide, nosotros seguimos recogiendo y enterrando sin transformar.

El resultado es un sistema que gestiona residuos, pero no los transforma.

República Dominicana se encuentra en un punto de inflexión. Puede seguir administrando un modelo costoso, ineficiente y ambientalmente insostenible, o puede dar el salto hacia uno más inteligente, donde los residuos dejen de ser un pasivo y se conviertan en un activo.

El país no necesita más diagnósticos. Necesita un sistema que funcione.

Y ese sistema no empieza en los vertederos. Empieza en cómo decidimos producir, consumir y responsabilizarnos por lo que generamos. Tampoco puede construirse sobre la base de actos administrativos divorciados de las decisiones, acuerdos y marcos legales que deben regirlo.