República Dominicana: una democracia secuestrada

Desde el retorno formal de la democracia tras la muerte de Rafael Leónidas Trujillo Molina y el colapso de su dictadura de treinta y un años, la República Dominicana no ha logrado construir un sistema político verdaderamente democrático, ético ni institucionalmente sólido. La llegada de Juan Bosch al poder en 1962, lejos de inaugurar una tradición republicana estable, evidenció desde el inicio la fragilidad de nuestras estructuras políticas y la incapacidad de las élites para sostener un proyecto nacional basado en la legalidad, la justicia social y el respeto a las instituciones. A partir de entonces, la política partidista dominicana se ha convertido en un terreno difuso, degradado y oportunista, más cercano a la depredación del Estado que a su fortalecimiento.

Lo que se ha llamado “democracia” en el país ha funcionado, en la práctica, como un simulacro. Un ritual electoral periódico que no transforma la naturaleza del poder ni modifica las relaciones profundas de corrupción, clientelismo y patrimonialismo que dominan la vida pública. No ha existido, en ninguno de los partidos que integran el sistema político dominicano una ética de compromiso real con el interés nacional. La política se ha reducido a un mercado de oportunidades, a un espacio donde se trafican cargos, favores, lealtades y conciencias.

El problema no es únicamente la corrupción, entendida en su dimensión económica, sino una corrupción mucho más grave y estructural: la corrupción moral de la política misma. Los partidos no forman ciudadanos, no producen pensamiento, no elaboran proyectos de nación. Son maquinarias electorales cuyo único horizonte es la conquista del poder para su usufructo privado. Gobernar se ha vuelto sinónimo de enriquecerse; administrar el Estado equivale a saquearlo; representar al pueblo significa, en los hechos, traicionarlo.

En este contexto, la democracia dominicana se vacía de contenido. El voto, que debería ser un acto soberano de decisión ciudadana, se transforma en una operación cínica donde el elector no elige, sino que apenas escoge entre opciones igualmente degradadas. La pregunta entonces se vuelve inevitable y profundamente incómoda: ¿cómo participar en política partidista cuando las instituciones han sido reducidas a caricaturas? ¿Cómo creer en el proceso electoral cuando los resultados no alteran el fondo del sistema, sino que simplemente rotan a los beneficiarios de este?

La debilidad institucional es una de las consecuencias más visibles de este proceso. En la República Dominicana, las instituciones no funcionan como contrapesos del poder, sino como extensiones de este. El Congreso legisla al servicio del Ejecutivo; la justicia responde a intereses partidarios; los organismos de control son inoperantes o cómplices. El Estado, en lugar de ser una estructura racional al servicio del bien común se ha convertido en un botín disputado por facciones políticas que lo utilizan para reproducir su dominio económico y social.

Ante esta realidad, la consigna reiterada de que “hay que participar en política” suena cada vez más hueca, incluso ofensiva. Participar, ¿cómo? ¿para qué? ¿en qué condiciones? Si la participación significa legitimar un sistema viciado desde su raíz, entonces no se trata de un acto democrático, sino de una forma de complicidad involuntaria. La abstención, en este sentido, no siempre es apatía; a veces es una forma desesperada de protesta silenciosa ante la falta absoluta de alternativas reales.

Alguien me dijo una vez, con brutal honestidad, que, si se le ofreciera la posibilidad de votar entre Hitler o el diablo, no habría una elección auténtica. La metáfora es extrema, pero revela una sensación ampliamente compartida en la sociedad dominicana: la percepción de que no existen opciones éticas dentro del sistema político vigente. Todas las salidas parecen cerradas; todos los caminos conducen al mismo punto muerto. La democracia deja entonces de ser una promesa de futuro y se convierte en una trampa circular.

El resultado de este proceso es una profunda desconfianza ciudadana. La gente no cree en los políticos, no cree en los partidos, no cree en las instituciones. Y sin confianza, no puede haber democracia real. Lo que existe es una gobernabilidad precaria sostenida por el cansancio, el miedo o la resignación, no por el consenso ni la legitimidad. El futuro del país, bajo estas condiciones, se percibe como un punto negro: opaco, incierto, imprevisible.

Sin embargo, es importante hacer una distinción fundamental que suele perderse en el debate público. La crítica no debe dirigirse a la política como concepto, sino a los políticos como práctica histórica concreta. La política, en su sentido más noble, es una ciencia y un arte orientados a la organización racional de la vida colectiva. Así lo entendía Juan Pablo Duarte cuando hablaba de la política como una actividad regida por la virtud, la responsabilidad y el sacrificio personal en favor de la patria. Lo que hemos perdido no es la política, sino la dignidad de su ejercicio.

La tragedia dominicana radica en que quienes acceden al poder no llegan con un compromiso previo de servicio, sino con un proyecto personal de ascenso social y acumulación de riqueza. El adecentamiento de la vida pública no puede ocurrir después de alcanzar el poder; debe ser una condición ética anterior, una vocación demostrada, una coherencia vital. Mientras la política siga siendo el atajo más rápido hacia la riqueza y el privilegio, seguirá atrayendo a los peores y expulsando a los mejores.

Por eso, cualquier discurso sobre reformas, modernización institucional o fortalecimiento democrático será inútil si no se enfrenta el núcleo del problema: la ausencia de una ética pública compartida. No se trata solo de cambiar leyes, sino de transformar mentalidades. No se trata de nuevos partidos con los mismos vicios, ni de líderes carismáticos sin estructura moral. Se trata de reconstruir la política desde abajo, desde la educación cívica, desde la cultura, desde el pensamiento crítico.

Mientras esa transformación no ocurra, la República Dominicana seguirá atrapada en una democracia nominal, vacía, administrada por políticos que confunden el Estado con una empresa privada y el poder con un derecho hereditario. El país seguirá avanzando sin rumbo, acumulando frustraciones, desigualdades y desencanto. Y el futuro, lejos de ser una promesa, continuará siendo una amenaza latente.

La historia demuestra que las sociedades no colapsan de un día para otro; se descomponen lentamente, normalizando el abuso, aceptando la mediocridad, justificando lo injustificable. Aún estamos a tiempo de evitar ese destino, pero solo si asumimos con claridad que el problema no es abstracto ni inevitable. Tiene nombres, prácticas, responsabilidades. Y solo enfrentándolo con lucidez, rigor y valentía moral podremos aspirar a recuperar la política como lo que debería ser: un ejercicio de dignidad colectiva y no un negocio privado.