Grupos radicales plantean la estatización total como la panacea a los problemas de la salud y de las pensiones. Si la estatización excluyente es la única solución y la comisión es muy elevada ¿por qué no demandan que la estatal AFP Reservas la reduzca sustancialmente para favorecer a los afiliados?
¿Cómo esperar que un Estado calificado por estos grupos como “neoliberal” elimine a todas las AFP, si ni siquiera es capaz de disponer que su propia AFP compita con las privadas reduciendo la comisión? Las respuestas son tan obvias que las saben hasta los chinos de Bonao.
Resulta incomprensible propiciar “un sistema totalmente público de pensión como la panacea social mientras se reconoce que se trata de un Estado neoliberal al servicio de los grandes grupos económicos que obtienen ganancias extraordinarias a través de privilegios que concentran la riqueza social y el poder económico”.
Cualquier propuesta “revolucionaria” presupone una política de desarrollo inclusivo y un Estado de bienestar con políticas basadas en la equidad e igualdad de oportunidades. Pero todavía estamos muy lejos. Tenemos un modelo de crecimiento económico excluyente, con grandes retrasos y resistencias a las reformas sociales.
A pesar de que en las últimas tres décadas nuestra economía ha crecido a un 5.1% anual promedio, más del doble del 2.3% de América Latina, la mezquindad estatal ha mantenido el gasto público en salud en apenas un 2.1% del PIB, mientras la media latinoamericana promedia el 4.1%.
Las propuestas presentadas, además de desequilibradas de origen, son tan radicales que carecen de la más mínima viabilidad política, ya que presuponen profundos cambios políticos de los cuales estamos muy distantes. En cambio, nuestra Fundación propone las reformas posibles para mejorar la protección social de la población en general.
En medio siglo el Estado no ha resuelto un solo de los grandes problemas esenciales de la población. Todo lo contrario, quebró al Banco de los Trabajadores, a la Compañía de Seguros San Rafael, a los ingenios azucareros y al CEA. Privatizó a las empresas estatales, liquidó al IDSS, y ha quebrado varias veces a los principales hospitales públicos. En cambio, ha fomentado a las clínicas e igualas médicas privadas, con un alto gasto familiar de bolsillo.
Esas demandas radicales, de espaldas a la lógica popular, responden a la necesidad de preservar un Estado manipulable por los grupos y gremios mediante huelgas y paros de los servicios públicos esenciales
Si se condena el “carácter privado” de la capitalización individual, ¿no sería más viable demandar que este sistema sea administrado exclusivamente por el Estado en vez de eliminarlo? Si se insiste en la falta de solidaridad social ¿no sería más lógico apoyar el fortalecimiento del Fondo de Solidaridad Social para duplicar las pensiones de los trabajadores con aportes insuficientes?
Durante la segunda mitad del siglo pasado, esas propuestas radicales abortaron cuatro intentos de reformar al IDSS. Al igual que ahora, la estatización excluyente fue la consigna común, a pesar de las tradicionales deficiencias públicas y de las ostensibles preferencias populares por las clínicas y las igualas médicas privadas.
Reconocemos el derecho a esos planteamientos radicales, porque constituyen parte esencial del derecho a la libre expresión y del ejercicio democrático. Lo que lamentamos es su formulación como la única vía de solución posible y su desprecio olímpico de las demás propuestas de reformas democráticas.
Además, criticamos las posiciones basadas en el todo o nada, cuya rigidez siempre ha terminado en NADA, ya que resultan incapaces de concertar soluciones políticamente posibles que mejoren la situación de los más necesitados. Por esta radicalización extrema estos grupos han pagado un alto precio en aislamiento popular durante más de medio siglo.
Si no existen condiciones para una “revolución” del SDSS, lo que espera la población son reformas viables y sostenibles. Los radicalismos a ultranza siempre terminan consolidando al estatus quo, acentuando las desigualdades y la pobreza general. Demandar lo ideal es correcto, pero siempre que se tenga la suficiente flexibilidad para concertar y aceptar lo posible.
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