República Dominicana enfrenta un dilema: los fondos de pensiones (AFP) se han convertido en compradores obligados de deuda pública, financiando el déficit cuasifiscal del Banco Central y las emisiones de Hacienda. Esto limita la capacidad de estos recursos de financiar la economía real y atrapa el ahorro de los trabajadores en deuda improductiva.
La pregunta central es: si no son las AFP, ¿quién fináncia al Estado?
La respuesta está en tres pasos: reducir la necesidad de deuda, diversificar la base de inversionistas y coordinar Hacienda con el Banco Central.
Aquí se propone un plan tentativo, de 60 meses, dividido en fases, con ejemplos internacionales, impactos y riesgos.
Fase I (0–12 meses): Estabilización inmediata
Objetivo: reducir la dependencia inmediata de las AFP y estabilizar la financiación pública en el corto plazo.
Medidas:
– Fortalecer y optimizar la Tesorería Única existente, asegurando la coordinación plena entre Tesorería Nacional, Ministerio de Hacienda y Banco Central para administrar eficientemente los saldos públicos y reducir emisiones innecesarias; como recientemente se hizo en ejercicios fiscales previos al 2025.
– Priorizar el uso de préstamos de apoyo presupuestario de multilaterales (BID, Banco Mundial, CAF) para sustituir deuda interna adquirida por las AFP y reducir la presión sobre las emisiones locales.
– Escalar el programa de bonos temáticos (verdes, sociales, sostenibles), ampliando la oferta para captar inversionistas ESG y diversificar la base de compradores internacionales.
– Lanzar un programa de Bonos de la Diáspora, apalancando plataformas digitales y fintech para permitir inversiones desde 1,000 USD, tomando como referencia experiencias exitosas de India y Nigeria.
– Expandir y optimizar las coberturas de líneas contingentes y seguros paramétricos contra desastres (vía CCRIF y otras multilaterales) para reducir la necesidad de endeudamiento de emergencia.
Impacto esperado: alivio inmediato de la presión sobre las AFP, reducción del costo financiero, ampliación de la base de inversionistas y fortalecimiento de la confianza en la gestión fiscal.
Ejemplo: Perú y Chile centralizaron sus tesorerías logrando ahorros significativos en intereses; México emitió más de 5,000 millones USD en bonos verdes con alta demanda internacional.
Lección: medidas administrativas rápidas y multilaterales pueden ganar tiempo sin comprometer el ahorro previsional.
Fase II (12–24 meses): Sinceramiento y diversificación
Objetivo: Iniciar el desmonte ordenado y transparente del déficit cuasifiscal, con un cronograma gradual que dé confianza al mercado y atraiga nuevos inversionistas institucionales e internacionales
Medidas:
– Acelerar el cumplimiento de la Ley de Recapitalización del Banco Central (Ley 167-07), estableciendo un cronograma público y verificable de traslado de pasivos cuasifiscales al Tesoro, con metas anuales de reducción.
– Consolidar el programa de bonos globales en pesos dominicanos ‘euroclearable’, emitiendo de forma periódica para profundizar la liquidez, reducir primas de riesgo y ampliar la participación de inversionistas internacionales.
– Desarrollar instrumentos de deuda indexados a inflación (similar a UF/UVR), junto a bonos de proyecto (project bonds) destinados a vivienda, energía renovable y agua, para canalizar inversión de largo plazo y proteger el poder adquisitivo de los ahorristas.
– Lanzar una plataforma digital de inversión minorista, tipo ‘cetesdirecto’, que permita a ciudadanos comprar deuda pública desde sus celulares en montos accesibles, fomentando educación financiera y democratizando el acceso al ahorro seguro.
– Constituir fondos de deuda público-privada, preferiblemente listados en el mercado de valores y eventualmente tokenizados, con cláusulas de desempeño que condicionen los desembolsos a la reducción progresiva del cuasifiscal.
Impacto esperado: Balance del Banco Central fortalecido, reducción del riesgo país, mayor participación de inversionistas internacionales y profundización del mercado de capitales local, con oportunidades de inversión para el ciudadano común.
Ejemplo: Chile redujo su déficit cuasifiscal en los 90 con recapitalizaciones graduales; Colombia emitió bonos globales en pesos captando más de 1,500 millones USD; Chile y Colombia usaron instrumentos indexados a inflación para dar seguridad a inversionistas.
Lección: el sinceramiento fiscal y la diversificación de instrumentos son pasos indispensables para liberar el ahorro previsional.
Fase III (24–48 meses): Reformas estructurales
Objetivo: Atacar las causas estructurales del déficit fiscal y cuasifiscal, con metas verificables y reportes públicos periódicos, para asegurar sostenibilidad y credibilidad de largo plazo.
Medidas:
– Ejecutar una reforma eléctrica integral con metas anuales por EDE (pérdidas y cobranza), subsidio focalizado a hogares vulnerables, subastas tecnológicas y gestión de demanda, y un plan quinquenal de redes financiado con instrumentos de mercado (bonos de proyecto/APP). Los resultados y desvíos se publicarán trimestralmente.
– Establecer una regla fiscal de balance estructural con ancla de deuda y un Consejo Fiscal independiente, que cubra también el resultado cuasifiscal del BCRD, con cláusulas de escape acotadas y obligación de retorno a la senda.
– Adoptar la ‘golden rule’ para que la deuda se destine exclusivamente a inversión productiva priorizada y evaluada (ex-ante/ex-post), financiada con bonos de proyecto y APP cuando sea viable.
– Publicar trimestralmente un reporte integrado fiscal–cuasifiscal–eléctrico con metas, desvíos y medidas correctivas, sujeto a auditoría externa independiente.
Impacto esperado: Reducción estructural y verificable del déficit (incluido el cuasifiscal), disminución del costo de financiamiento, profundización del mercado de capitales y aumento de la credibilidad macrofiscal.
Ejemplo: Chile logró mantener la deuda bajo 40% del PIB por años gracias a su regla fiscal; Alemania y Reino Unido aplican la golden rule; Perú redujo subsidios eléctricos con reformas graduales.
Lección: sin atacar las causas estructurales, el déficit cuasifiscal siempre volverá a crecer.
Fase IV (48–60 meses): Consolidación y modernización
Objetivo: Consolidar las finanzas públicas, reducir la deuda de mayor costo y modernizar el esquema de financiamiento, posicionando a República Dominicana como emisor de activos financieros sostenibles y de largo plazo.
Medidas:
– Ejecutar un programa de asset recycling, concesionando parcialmente activos maduros (autopistas, puertos, aeropuertos) con procesos transparentes y destinando los recursos a amortización de deuda o inversión en infraestructura crítica.
– Monetizar activos no estratégicos mediante subastas, tokenización inmobiliaria y vehículos de inversión colectiva, utilizando los recursos para reducir deuda y financiar proyectos de alto impacto social y productivo.
– Emitir bonos azules y de carbono con certificación internacional, garantizados parcialmente por multilaterales, para financiar proyectos de resiliencia costera, conservación marina y reducción de emisiones.
– Integrar de manera ordenada a las AFP en fondos cerrados y vehículos de inversión productiva (MIPYMES, energías renovables, vivienda social), con garantías parciales del Estado y posibilidad de tokenización para ampliar la base de inversionistas.
Impacto esperado: reducción del servicio de deuda cara, atracción de capital internacional y alineación con tendencias globales de financiamiento sostenible.
Ejemplo: Australia recaudó más de 20,000 millones USD con concesiones parciales de autopistas; Belice redujo 500 millones USD de deuda con un blue bond ligado a protección marina; Malasia monetizó activos estatales para financiar nueva infraestructura.
Lección: Reducción acelerada del servicio de la deuda de mayor costo, atracción de capital internacional ESG, dinamización del mercado de capitales local y alineación de la estrategia de financiamiento público con estándares globales de sostenibilidad.
Un plan a 60 meses no es una excusa para “patear la lata”, sino una hoja de ruta realista para liberar el ahorro previsional, reducir el déficit cuasifiscal y modernizar el financiamiento público.
La clave está en marcar hitos verificables a los 36 meses: recapitalización del BCRD en marcha, déficit eléctrico en reducción, regla fiscal implementada y base inversora diversificada.
De esa manera, los fondos de pensiones podrán gradualmente regresar a su verdadera misión: financiar el desarrollo económico, generando empleo, productividad y competitividad, en lugar de sostener déficits.
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