Recientemente circuló una carta [1], fechada el 13 de octubre, del dirigente perremeísta Guido Gómez Mazara, dirigida a la cúpula de su partido, en la cual denuncia prácticas y estilos políticos que se están implementando en el Estado, en medio del proceso para definir la candidatura presidencial de cara a 2028.
No se trata de un exabrupto de un vocinglero irresponsable, sino de un funcionario público en funciones y alto dirigente de una larga trayectoria, quien conoce al dedillo el tema que aborda en su carta.
Lo oportuno de la mencionada comunicación es que, más que una simple solicitud, es una radiografía de las fronteras difusas entre política partidaria y Estado que caracterizan al sistema político dominicano. En ese sentido, esta es una práctica común de todos los que han ocupado la dirección del Estado desde la fundación de la República, salvo honrosas y escasísimas excepciones,
“Desarrollar aspiraciones de cualquier naturaleza en el marco de horarios destinados al buen desempeño gubernamental…, confundir la gestión con un botín personal…”. Esto nos permite preguntar si quienes asumen funciones públicas actualmente pueden distinguir entre el papel que deben desempeñar como funcionarios públicos y el que asumen como dirigentes partidarios. La falta de una separación clara entre ambos roles no es una simple confusión; es una cultura política establecida que modela una práctica igualmente instituida.
“Convertir simpatías legítimas por las aspiraciones de 2028 en criterios de exclusividad y privilegio para quienes las comparten, dando a las instituciones destinadas a servirles a todos un carácter excluyente y de adhesión cuasi obligada…”. Aquí ya no se trata de la falta de distinción entre lo público y lo privado, ni de la confusión en relación con lo atinente a la función pública y al rol partidario, sino que se va más allá. Se trata de colocar la función pública al servicio de intereses político-partidarios particulares. Lo cual implica una gravísima distorsión del papel que debe desempeñar cualquier institución del Estado para resolver problemas que afectan a la ciudadanía, no los exclusivos de un funcionario/a-candidato/a o de un grupo en particular.
La vieja práctica de usar las funciones públicas para ganar respaldo político, acumular recursos y construir y difundir narrativas interesadas nos recuerda que la política de hoy se caracteriza por el abandono del debate de ideas, de propuestas, de proyectos y de visiones de largo plazo, en favor del amarre y de la búsqueda de apoyos a través de las dádivas y el clientelismo.
En la carta se critica a “quienes anteponen la agenda partidaria propia al interés nacional”, lo cual debería abrir la reflexión acerca de la tendencia a convertir el ejercicio del Gobierno en un escenario permanente de competencia por la sucesión, incluso cuando las prioridades públicas deberían ocupar el centro de la actividad política. Para nadie es un secreto que el país está inmerso en graves problemas y amenazas en el orden económico y social, derivados de la compleja situación mundial y de la propia forma en que está estructurada la sociedad dominicana: bienestar para unos pocos, miseria y calamidades para las mayorías. Razones de más para que quienes asumen el papel de funcionarios públicos se enfoquen en lo verdaderamente importante.
Otro aspecto de no menor relevancia es el planteamiento siguiente: “…debemos recordar siempre las causas que nos llevaron a las victorias en 2020 y 2024, así como los motivos que condujeron a la derrota de nuestros adversarios. Creer que las mayorías electorales son eternas o que los triunfos representan un pasaporte para la complacencia ciudadana configura un manual de equivocaciones torpemente repetido por aquellos que menosprecian el sentido de la historia, viven fascinados por el halago y desdeñan toda expresión de conciencia crítica.” En esta parte, es oportuno recordar que manejar el Estado, con todos sus recursos y medios, y ponerlos al servicio de un determinado partido para mantenerse en el poder tiene sus límites, sobre todo cuando el cansancio y el desaliento de la gente se hacen evidentes porque sus problemas básicos no han sido medianamente resueltos. Cuando el desencanto social se convierte en una corriente mayoritaria tiende a inutilizar el papel que juegan la narrativa oficial y sus repetidores, y los recursos invertidos en el clientelismo.
Todas estas cuestiones nos remiten al patrimonialismo como una forma de concebir y ejercer el poder político en la que se desdibujan las fronteras entre el Estado y los intereses particulares de quienes lo dirigen. Desde esta perspectiva, las funciones públicas y los recursos institucionales dejan de estar orientados exclusivamente al cumplimiento de responsabilidades frente a la sociedad y pasan a utilizarse como instrumentos para construir lealtades, acumular apoyos y reproducir el poder político. No se trata únicamente de la apropiación de recursos públicos, sino de una lógica de ejercicio del poder que subordina el interés general a los intereses particulares de quienes controlan las instituciones y de quienes representan el poder económico.
Las relaciones entre patrimonialismo y clientelismo son obvias. En este marco, las instituciones se convierten en medios para ganar adherentes, y quienes trabajan en ellas pueden verse obligados a asumir el papel de prosélitos del funcionario/a-candidato/a para mantener sus empleos. Esta es una modalidad de clientelismo desde arriba, que se complementa con otra desde abajo, basada en los vínculos que se establecen con quienes no ocupan posiciones públicas mediante los favores y las dádivas. Ambas modalidades responden a una misma lógica: la búsqueda de apoyos políticos a través de relaciones de dependencia y de un Estado capturado por las élites políticas y económicas como su propiedad exclusiva.
Sin lugar a dudas, esta es otra de las falencias de la democracia dominicana.
1] "Guido Gómez Mazara pide al PRM regular las aspiraciones internas de cara a 2028″, Acento.com, 19 de octubre de 2026.
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