El Gobierno volvió a colocar los combustibles en el centro del debate económico al establecer un esquema de congelamiento por 90 días, con precio de referencia de US$90 por barril. La medida busca proteger a los consumidores frente a la incertidumbre internacional y a tensiones geopolíticas que han afectado el mercado petrolero.
La decisión merece una evaluación equilibrada.
Sería incorrecto afirmar que el congelamiento carece de justificación. El conflicto en Medio Oriente y las amenazas sobre el tránsito marítimo en el Estrecho de Ormuz provocaron aumentos en los precios internacionales durante los primeros meses de 2026. En ese contexto, evitar una transferencia inmediata a los consumidores constituye una política defendible.
Pero el debate de fondo no está ahí.
La pregunta importante no es si el Gobierno debe intervenir temporalmente cuando el petróleo sube. La pregunta es qué ocurre cuando baja.
Desde 2022, el país opera bajo un sistema de compensación que permite trasladar parcialmente alzas y reducciones de los precios internacionales. El problema es que los dominicanos conocen cada semana el monto del subsidio anunciado por las autoridades, pero desconocen la información decisiva: el balance completo del sistema.
No se publica el saldo acumulado de la cuenta de compensación. Tampoco existe información periódica sobre cuánto se adeuda a los importadores, cuánto se ha pagado, cuánto se ha recuperado durante períodos de petróleo barato y cuánto ha terminado ingresando al Tesoro Nacional.
Esa opacidad impide determinar quién ha sido el verdadero beneficiario del esquema.
La política de bandas anunciada en 2022 fijó con claridad qué ocurriría cuando el petróleo superara determinados niveles. Pero nunca se explicó con la misma precisión qué sucedería cuando los precios internacionales cayeran por debajo de esos parámetros.
Durante buena parte de 2025, el petróleo se mantuvo por debajo de los niveles que justificaron los subsidios extraordinarios. Aun así, el país no recibió una rendición de cuentas detallada sobre el comportamiento de la cuenta de compensación.
Por eso, el nuevo límite de US$90 por barril debe llamar la atención.
No porque el Gobierno carezca de razones para congelar los precios en un momento de incertidumbre internacional, sino porque cada esquema de estabilización amplía una pregunta sin respuesta.
¿Cuál es el resultado neto del sistema?
Los dominicanos conocen cuánto se subsidia. Lo que no conocen es cuánto se recauda, cuánto se recupera cuando el petróleo baja y cuál es el saldo final después de varios años de compensaciones.
La transparencia exige más que anunciar subsidios semanales. Exige publicar una cuenta completa, auditable y verificable. Eso permitiría saber si el sistema ha protegido efectivamente a los consumidores o si se ha convertido en fuente adicional de financiamiento fiscal.
Mientras esa información permanezca oculta, la discusión sobre los combustibles seguirá incompleta.
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