¿Quién dio la orden al policía?

Andrés Fortunato, quien fusil en manos defendió la soberanía nacional frente al yanki invasor en abril de 1965, 60 años después ha tenido que defender, esta vez con su verbo, el derecho de la Cofradía del Espíritu Santo de los Congos Villa Mella cuando un oficial policial, obedeciendo  la siempre sospechosa “orden superior”, pretendía que su patrulla cometiese el despropósito de impedir que la referida cofradía ejerciera  un culto que ejerce desde hace más de tres siglos y que es declarado Patrimonio Intangible de la Humanidad por la UNESCO.  Esa “orden superior”, violatoria al artículo 45 de la Constitución sobre la libertad de culto, no se basaba en ninguna ley sino en el prejuicio sobre una expresión cultural no “oficial”, no hispánica, como si el nuestro fuese un Estado étnico y no formalmente laico como lo establece la Constitución.

Es posible que nadie le diera la orden al policía y que, peor aún, actuase siguiendo una suerte de sentido común enajenante y discursivamente impuesto a determinados sectores de la sociedad dominicana por los sembradores de mitos y odios, para los cuales toda actividad imaginariamente asociada a lo africano, no hispánica, instintivamente y al margen de toda razón, ley o lugar debe que rechazarse e impedirse. Guiado por ese instinto primitivo creado mediante arengas en determinados centros de enseñanza, otra patrulla policial trató de impedir un acto frente al Altar de la Patria en que una folklorista dominicana cantaba una salve, una ancestral expresión cultural dominicana, porque sin escucharla, por instinto “oyó” que cantaba en creole.

El atávico malestar que en algunos sectores provoca el Ga-Ga dominicano fue siempre eso, un malestar. Pero de hecho y arbitrariamente, en los últimos años ese irracional sentimiento algunas autoridades nacionales y/o locales han querido convertirlo en ley para impedir el derecho a la expresión cultural en algunos espacios, lesionando nuestra imagen país.  Alguien podría decir estos son excesos y que por tanto no constituyen una política de Estado, pero ese Estado no impide de manera inequívoca esos excesos. Con su inacción, permite que cualquier autoridad policial, alcalde o director de distrito municipal o algún fanático pastor religioso favorezca y haga efectiva esas prohibiciones o que una alta autoridad las justifique.

En otro equivoco, algunas autoridades dicen que “ningún haitiano ilegal” puede manifestarse ante el referido altar. Consciente, inconsciente e indistintamente en el discurso oficial y no oficial a los miles de dominicanos de origen haitiano reducidos a la condición de apátridas por la Sentencia 168-13 se les llama ilegales. Pero no lo son, están en un proceso de reconocimiento de su estatus expresamente ralentizado por anteriores autoridades y de hecho, actualmente detenido por Migración que, según la Ley 169-14, debe seguir ese proceso. En este caso, quien está en la ilegalidad es el Estado.  Y es que en el fondo subyace la intención, consciente o inconsciente, no de regularizar la migración sino de expulsar o invisibilizar la población de origen haitiana, sin importar condición  alguna.

Por su carga moral, difícilmente alguien se asume racista; nos recuerda Bobbio, pero de manera abierta y desalmada, el racismo hoy día constituye uno de los ejes centrales del discurso y práctica política de la ultraderecha y del ultranacionalismo. Uno de esos ejes es el mito del “remplazo”, o sea que la población inmigrante o de origen terminará siendo mayoritaria en los países receptores e incluso en enteros continentes, como el europeo. Aquí, difunden esa ficción, comunicadores, sectores de la academia, articulistas, doctos ensayistas, redes sociales, además de militantes y colectivos políticos de todo signo. Como correlato, esa fábula conduce instintivamente al peligroso nacionalismo étnico y este, de alguna manera al intento de limpieza étnica.

Pero ¿cuál etnia?, la nuestra es una nación multiétnica y como toda sociedad también tiene diversas expresiones culturales y por tanto este gobierno debe recoger esa realidad y cuidarse de no asumir expresiones del pretendido Estado étnico que, sin tenerlo claro, es el Estado que está en la cabeza de algunos sectores. Este, como cualquier gobierno, no debe caer en esa lógica/trampa perversa de los ultranacionalistas que, en su febril rechazo a todo lo que parezca o les parezca haitiano buscan producir, a través de las instancias del Estado y de sectores de la sociedad civil, una pretendida limpieza étnica en un país mayoritariamente negro, de mezcla étnica extrema y con sectores productivos absolutamente dependientes de la mano de obra extranjera. Precisamente.

A ese propósito, diversos sectores productivos, agropecuarios y ligados a la industria radicados en la frontera que emplean miles de obra de origen haitiano y que contribuyen a fijar la población haitiana en su territorio, claman la regularización de esa mano de obra, situando al gobierno en un dilema: regularizar, garantizar su existencia y protegerla, o dejar que esa sea acosada y aterrorizada por grupúsculos paramilitares narigoneados por neotrujillistas. Igualmente, hacer respetar el pluralismo cultural y el carácter laico del Estado o dejar que siga el terror de las “órdenes superiores” basadas en prejuicios de carácter étnicos/o religiosos. Zanjar esos dilemas es fundamental en el manejo de la cuestión migratoria.