Al comenzar el año escolar 2026-2027 volvemos a discutir la materialidad de la educación: aulas, transporte, uniformes, libros, desayuno, calendario. Todo eso importa. Ningún aprendizaje ocurre en el aire. Pero casi no hablamos de los contenidos que nuestros estudiantes reciben ni del tipo de ciudadanía que esos contenidos ayudan a formar. La polémica reciente entre la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y el historiador Roberto Cassá ofrece una ocasión para hacerlo.

La discusión aparece, además, cuando vuelve a circular una vieja idea: que la identidad dominicana solo puede afirmarse a la defensiva y que necesita del antihaitianismo para hablar con una legitimidad que no logra producir por sí misma. Según esa lógica, conectar nuestra historia con el Caribe y el mundo, estudiar procesos sociales o examinar críticamente la desigualdad equivaldría a “debilitar la dominicanidad”. Conviene mirar este conflicto a la luz de una carta escrita hace noventa años.

Una pluma que no tenía precio

El 13 de febrero de 1936 Américo Lugo escribió a Rafael Trujillo para corregir públicamente una afirmación del dictador. Trujillo había dicho que le había encargado escribir, como “Historiador Oficial”, la historia del pasado y del presente. Lugo respondió que su contrato excluía la historia del presente y, sobre todo, cualquier subordinación de su conciencia. Recordó que en 1934 había rechazado dinero para escribir la historia de la década, aun a costa de perder su casa. Aceptar, dijo entonces, habría tenido el aire de vender su pluma, y su pluma no tenía precio.

Lugo distinguía entre historiador e historiógrafo. El primero investiga y juzga según su conciencia; el segundo, pensionado por el príncipe, corre el riesgo de convertirse en cortesano. Su carta no defendía una neutralidad imposible. Lugo atribuía a la historia una responsabilidad pública: formar conciencia nacional, educar moralmente e iluminar la acción política. Precisamente por tomarse en serio esa responsabilidad se negaba a entregar el relato al gobernante.

De la carta de Américo Lugo puede extraerse una tipología de modos de escribir la historia de un país. Está, primero, el historiador patriótico, que narra para sostener la existencia de la patria: es la historia que suele llamarse “oficial”. Está, luego, el historiógrafo del poder, que narra para glorificar a un gobernante o presentar un régimen como inevitable: es la historia “oficialista”. Finalmente está el historiador crítico, consciente de su función pública, pero dispuesto a conservar independencia frente al Estado, el partido, el caudillo y también frente a sus propios prejuicios. José Gabriel García representó, con sus grandezas y límites, la primera figura; el trujillismo impuso la segunda; la negativa de Lugo abre una clave para la tercera.

Cassá responde a la ADP

En agosto de 2026 la dirigencia de la ADP cuestionó en bloque los libros de Ciencias Sociales del programa Libro Abierto. Su informe habló de “degradación de la historia dominicana”, debilitamiento de la identidad nacional, subordinación a paradigmas globales y hasta de una supuesta agenda de fusión con Haití. La gravedad de las imputaciones exigía señalar libros, páginas, frases y enfoques precisos. En cambio, predominó una condena general.

Roberto Cassá, quien coordinó el equipo del Archivo General de la Nación que preparó los textos de secundaria y escribió dos de ellos, respondió con argumentos a ser tomados en cuenta, aun cuando no tomara distancia del todo de la historia oficial. Explicó que los primeros cursos siguen el currículo al conectar la historia nacional con América, el Caribe y el mundo; sin esas conexiones, la historia dominicana se vuelve ininteligible. Para buscar la venia del auditorio, añadió que los libros de quinto y sexto abordan las invasiones haitianas, el régimen de 1822, Duarte y su ideario democrático, la proclamación de 1844, la Restauración, la ocupación estadounidense, Trujillo, la Revolución de Abril y los Doce Años de Balaguer.

La diferencia central no reside, por tanto, en incluir o excluir las luchas nacionales. Reside en cómo se entienden y si estas refriegas y sus héroes ocupan toda la atención del lector. Los manuales han de relacionar acontecimientos políticos con sistemas productivos, clases, sectores sociales, dinámicas demográficas y expresiones culturales. También deben examinar pobreza, inequidad, clientelismo, peculado y degradación ambiental. Para Cassá, la reacción de la ADP sugiere que sus dirigentes ven la crítica social y cultural como si fuera antinacional.

La ADP tiene derecho a examinar los libros y a exigir calidad. Esa posibilidad pertenece a la democracia que hace posible su propia existencia sindical. Pero el derecho a cuestionar trae consigo deberes: leer lo criticado, aportar pruebas, aceptar la réplica y rendir cuentas de los criterios utilizados; pero sobre todo, mejorar la profesionalidad y el compromiso de los docentes con una educación de calidad.

Del relato defensivo a la historia crítica

La tipología inspirada en Lugo ayuda a interpretar el conflicto. La posición de la ADP se acerca a la demanda de una historia patriótica convertida en vigilancia identitaria: los hechos serían aceptables si fortalecen una imagen previa de la nación. El peligro aparece cuando esa vigilancia exige una versión única y sospecha de toda crítica; entonces la historia oficial puede deslizarse hacia la historia oficialista. No hace falta que exista ya un dictador celebrado en cada página. Basta con acostumbrar al alumnado a que la patria no debe ser interrogada y a que quien señala una injusticia se vuelve sospechoso.

El reconocido historiador portorriqueño Fernando Picó, SJ propuso a la Academia Dominicana de la Historia otros criterios para escribir una auténtica historia social crítica del Caribe. Hacer historia no consiste en coleccionar anécdotas ni repetir gestas, sino en analizar sistemáticamente economías, jerarquías, conflictos, solidaridades, rupturas, continuidades, valores y mitos. Esto exige rigor con las fuentes, pero también conciencia de la voz narrativa, de las metáforas empleadas y de la provisionalidad de nuestras clasificaciones. Ningún historiador carece de ideología; la honradez comienza cuando reconoce sus lentes y somete sus argumentos a discusión.

Picó pedía, además, colocar los márgenes en el centro: mujeres, niños, ancianos, desempleados, comunidades desplazadas y guardianes de saberes desestimados. Una historia de opción preferencial por los pobres. No se trata de borrar héroes ni luchas nacionales, sino de evitar que solo cuenten los poderosos y los “bien pensantes”. Una historia crítica narra procesos colectivos, muestra el costo social de las decisiones y recupera resistencias que los relatos triunfales silencian. En nuestro caso, debe contar la independencia junto con la esclavitud y la abolición; la soberanía junto con los derechos; la frontera junto con los intercambios históricos de la isla; el Estado junto con quienes padecieron su arbitrariedad.

Por eso una historia crítica es inseparable de los derechos fundamentales. Enseña que la nación no es propiedad de un grupo racial ni patente de corso del gobierno de turno. La patria se vuelve democráticamente legítima cuando protege libertades, reconoce la dignidad de todas las personas y permite pedir cuentas a quienes mandan. La apología identitaria, por el contrario, alimenta personalidades autoritarias y regímenes totalitarios: ofrece enemigos externos para evitar preguntas internas y reemplaza la rendición de cuentas por exhibiciones de lealtad.

Al iniciar este año escolar, no basta preguntar si llegaron los libros o cuántas aulas faltan. Debemos preguntar qué lectura del país enseñan y qué lectores desean formar. Necesitamos estudiantes capaces de amar la República sin idealizarla, reconocer sus conquistas sin ocultar a sus víctimas y relacionarse con Haití sin ingenuidad, pero también sin racismo. La historia crítica no debilita la nación. La libera de la «mentira cortesana», como argumentó Américo Lugo. Una escritura de la historia crítica funda su legitimidad donde verdaderamente corresponde: en la verdad discutida públicamente, en la memoria de las luchas colectivas y en la vigencia efectiva de los derechos.