En los últimos meses, la agenda marítima y oceánica ha adquirido una presencia creciente en el debate nacional. Las conversaciones entre instituciones públicas, especialistas, académicos y actores del sector, así como la mayor visibilidad de estos temas en los medios de comunicación y redes sociales, reflejan un interés renovado por el papel del mar en el desarrollo del país.
Ese interés se refleja en las decisiones institucionales más recientes. En junio de este año, el Poder Ejecutivo dispuso mediante el Decreto 353-26 la elaboración de la Estrategia Marítima de la República Dominicana, bajo la coordinación de la Autoridad Nacional de Asuntos Marítimos (ANAMAR). El país ratificó (1), además, el Acuerdo sobre la Conservación y el Uso Sostenible de la Diversidad Biológica Marina de las Zonas Situadas Fuera de la Jurisdicción Nacional, conocido internacionalmente como Acuerdo BBNJ y denominado comúnmente Tratado de Alta Mar (2), y ha participado activamente en diferentes espacios regionales e internacionales vinculados con los océanos.
En septiembre, como parte de estos procesos, el Gobierno reunió a las instituciones competentes para avanzar en la elaboración de la Estrategia Marítima. En ese mismo período, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con el acompañamiento del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), convocó un espacio interinstitucional para preparar la implementación nacional del Tratado de Alta Mar.
La relación de estos procesos se entiende mejor al considerar la dimensión marítima del país. Según la Oficina Nacional de Estadística (ONE, 2025), la superficie marina país (4) alcanza aproximadamente 430,000 kilómetros cuadrados, frente a unos 48,442 kilómetros cuadrados de superficie terrestre (5). Es decir, un espacio marino casi nueve veces mayor que la superficie terrestre nacional.
A esta dimensión geográfica se suma su importancia económica. Más del 65 % de las exportaciones dominicanas se moviliza por vía marítima, según el Ministerio de la Presidencia (6). Ante la meta nacional de duplicar el tamaño de la economía hacia 2036, estimaciones de la Asociación de Navieros de la República Dominicana (ANRD) apuntan a que el volumen total de carga portuaria podría aumentar alrededor de un 45 %, mientras que la carga contenerizada podría crecer hasta un 85 %. (7)
Ante estas proyecciones, buena parte del debate sobre el desarrollo del sector marítimo está concentrado, razonablemente, en cómo preparar al país para esa expansión: infraestructura portuaria, conectividad, logística, digitalización, formación de capital humano, eficiencia de las terminales y consolidación del país como plataforma logística regional. El reciente Foro Visión Marítima, organizado por la Asociación de Navieros (ANRD), recogió esas prioridades y planteó una visión de largo plazo, de 20 o 30 años, para el desarrollo marítimo dominicano.
Junto a estas prioridades, conviene profundizar en otra dimensión clave del debate: la evolución de la gobernanza internacional de los océanos y sus posibles implicaciones para las prioridades marítimas del país. Aunque su relación con las operaciones portuarias, el transporte marítimo y el comercio exterior puede resultar menos evidente, forma parte del contexto en el que estas actividades se desarrollan. En efecto, las rutas marítimas internacionales, la protección del medio marino, la seguridad de la navegación, la pesca, la investigación científica y la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad en alta mar conviven dentro de una arquitectura internacional formada por tratados, organizaciones y mecanismos de cooperación.
La entrada en vigor del Tratado de Alta Mar representa un desarrollo significativo dentro de esta arquitectura. Vigente desde el 17 de enero de 2026, es el tercer acuerdo de aplicación de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y establece un nuevo marco para la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad marina en las zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional
Es importante precisar que el Tratado de Alta Mar no es un tratado sobre transporte marítimo y no sustituye las competencias de la Organización Marítima Internacional (OMI) ni de otros organismos sectoriales. El propio Tratado reconoce que la gobernanza de la alta mar requiere coordinación entre los diferentes regímenes que operan sobre ella. El artículo 5 establece que su implementación deberá promover la coherencia y coordinación con los instrumentos, marcos jurídicos y organismos mundiales, regionales y sectoriales pertinentes, sin menoscabar sus competencias. En particular, los artículos 19 y siguientes regulan los mecanismos de gestión basados en áreas, incluidas las áreas marinas protegidas.
El artículo 21 dispone que el análisis de estas propuestas deberá incluir procesos de consulta transparentes e inclusivos en los que pueden participar organismos internacionales, comunidad científica, sociedad civil y, expresamente, el sector privado. Lo que vemos por tanto es que en el Tratado se prevén procesos de consultas con todos los sectores, y que la importancia de estas consultas radica en que la conservación de la biodiversidad marina y las actividades económicas comparten un mismo espacio oceánico. La navegación, la pesca, la investigación científica y las actividades relacionadas con los cables submarinos requieren condiciones adecuadas para su desarrollo, al tiempo que los ecosistemas marinos necesitan medidas de protección basadas en evidencia científica. La participación de los distintos sectores permite incorporar ambas perspectivas en los procesos de toma de decisiones, considerando tanto los objetivos de conservación como las características de las actividades que se desarrollan en esas áreas.
Para el sector naviero, estos procesos ofrecen un espacio para aportar información sobre las rutas comerciales, la seguridad de la navegación y las condiciones operativas, así como para conocer las propuestas de conservación que se examinen. En República Dominicana, esa participación puede contribuir a identificar puntos de encuentro con la Estrategia Marítima Nacional, particularmente en cooperación institucional, conocimiento oceánico y desarrollo sostenible de las actividades marítimas.
La creación de capacidades constituye otro punto de encuentro entre ambas agendas. Para el sector marítimo, la formación de capital humano especializado es una prioridad asociada a su crecimiento. A su vez, la participación del país en la gobernanza internacional de los océanos requiere capacidades científicas, técnicas e institucionales, así como acceso a información y tecnologías marinas. El Tratado de Alta Mar incorpora disposiciones sobre creación de capacidad y transferencia de tecnología marina, orientadas especialmente a fortalecer la participación de los países en desarrollo en su implementación. Estas incluyen formación científica y técnica, investigación, intercambio de información, desarrollo tecnológico y fortalecimiento institucional.
Aunque responden a objetivos distintos de los que orientan la formación portuaria y logística, ambas agendas ponen de relieve la importancia de invertir en capacidades especializadas, tanto para el desarrollo del sector marítimo como para una participación efectiva del país en la gobernanza oceánica internacional. El fortalecimiento de estas capacidades puede apoyarse en las instituciones públicas, la comunidad científica y los actores del sector marítimo. Su articulación permitirá aprovechar mejor los recursos existentes y contribuir al cumplimiento de los compromisos internacionales.
En esa línea, durante 2026 se han desarrollado iniciativas regionales de cooperación para acompañar a los países de América Latina y el Caribe en la implementación del Tratado de Alta Mar. En República Dominicana, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con el acompañamiento técnico del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el financiamiento del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF), impulsa desde 2025 acciones de análisis técnico, formación y coordinación interinstitucional.
Al mismo tiempo, en el país se han estado desarrollando espacios de diálogo sobre el futuro del sector marítimo, con la participación de autoridades públicas, representantes empresariales y otros actores vinculados a las actividades portuarias, logísticas y comerciales. Estos esfuerzos encuentran un marco de referencia en el Decreto 353-26, que establece que la Estrategia Marítima Nacional deberá promover el desarrollo del sector, el cumplimiento de las obligaciones internacionales y la gestión integral, coordinada y sostenible de los espacios marítimos.
La coincidencia de estas iniciativas nacionales adquiere especial relevancia ante la próxima etapa de implementación del Tratado de Alta Mar. Su arquitectura institucional se encuentra todavía en desarrollo, y la primera Conferencia de las Partes deberá avanzar en la definición de mecanismos, procedimientos y prioridades para hacerlo operativo. República Dominicana llega a este proceso como Estado Parte y, al mismo tiempo, avanza en la elaboración de su Estrategia Marítima Nacional. Este contexto ofrece oportunidades para identificar áreas de cooperación entre las prioridades del desarrollo marítimo y los compromisos internacionales de conservación de la biodiversidad.
Aprovechar estas oportunidades requiere el intercambio de conocimientos y experiencias entre las instituciones públicas, la comunidad científica y académica y los actores del transporte marítimo, los puertos, la logística y el comercio internacional. Su participación puede contribuir a una planificación marítima que considere las necesidades de conectividad y competitividad del país, los avances de la gobernanza oceánica internacional y la conservación de la biodiversidad marina como parte de una visión compartida de desarrollo sostenible.
Notas:
- El 26 de marzo de 2026 la República Dominicana depositó el instrumento de ratificación del Acuerdo sobre la Conservación y el Uso Sostenible de la Diversidad Biológica Marina de las Zonas Situadas Fuera de la Jurisdicción Nacional (BBNJ), convirtiéndose en el Estado número 87 en depositar su instrumento de ratificación.
- El nombre oficial de este instrumento es «Acuerdo en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar relativo a la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica marina de las zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional» (Acuerdo BBNJ, por sus siglas en inglés). A efectos de facilitar la lectura, en este artículo se utilizará la denominación «Tratado de Alta Mar», ampliamente empleada en su divulgación pública. Ambas expresiones se refieren al mismo instrumento jurídico internacional.
- Nota aclaratoria: La denominación «Tratado de Alta Mar» se utiliza en este artículo para facilitar la lectura, por ser una expresión ampliamente empleada en la divulgación del Acuerdo BBNJ. No obstante, su ámbito de aplicación comprende las zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional, que incluyen tanto la alta mar como la Zona internacional de los fondos marinos, conforme a las definiciones de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.
- Oficina Nacional de Estadística (ONE). (2025). Anuario de Estadísticas Ambientales 2025, cuadro 1.2.6, «Superficie (km²) total marina de República Dominicana». Santo Domingo, República Dominicana. Disponible en: https://www.one.gob.do/media/dcvni4xe/anuario-de-estad%C3%ADsticas-ambientales-2025.pdf
- Ministerio de la Presidencia de la República Dominicana. (30 de septiembre de 2026). Paliza destaca inversiones por más de US$500 millones en infraestructura portuaria de RD. Disponible en: https://minpre.gob.do/comunicacion/notas-de-prensa/paliza-destaca-inversiones-por-mas-de-us500-millones-en-infraestructura-portuaria-de-rd/
- El Dinero. (30 de septiembre de 2026). Asociación de Navieros plantea visión marítima de largo plazo para acompañar el crecimiento económico de RD. Estimaciones de la Asociación de Navieros de la República Dominicana (ANRD) presentadas durante el Foro Visión Marítima 2026. Disponible en: https://eldinero.com.do/383165/asociacion-de-navieros-plantea-vision-maritima-de-largo-plazo-para-acompanar-el-crecimiento-economico-de-rd/
- El Dinero. (30 de septiembre de 2026). Asociación de Navieros plantea visión marítima de largo plazo para acompañar el crecimiento económico de RD. Estimaciones de la Asociación de Navieros de la República Dominicana (ANRD) presentadas durante el Foro Visión Marítima 2026. Disponible en: https://eldinero.com.do/383165/asociacion-de-navieros-plantea-vision-maritima-de-largo-plazo-para-acompanar-el-crecimiento-economico-de-rd/
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