Almería, España.– Siete países europeos han emitido disculpas formales o reconocido los abusos cometidos durante sus períodos de conquista y colonización. Mientras, el tema en Puerto Rico parece atrapado en la ausencia de exhaustiva investigación histórica tanto como en el agobio por la falta de soberanía.
Entre los casos más destacados en emitir disculpas se incluyen:
Países Bajos: El rey Guillermo Alejandro pidió disculpas públicas y reconoció la responsabilidad de la Casa Real en la trata transatlántica de esclavos, catalogándola como un crimen de lesa humanidad.
Bélgica: El rey Felipe expresó su profundo pesar por los abusos, la violencia y las crueldades cometidos durante la época del dominio colonial en el actual Congo.
Alemania: El Gobierno alemán pidió disculpas y ofreció reparaciones morales por las matanzas y el genocidio cometidos contra los pueblos herero y nama en la actual Tanzania a principios del siglo XX.
Francia: Aunque no ha pedido perdón formal por la esclavitud, el presidente Emmanuel Macron ofreció disculpas a los harkis (argelinos que lucharon junto a Francia en la Guerra de Argelia) por el abandono sufrido.
Italia: Pidió perdón a Libia por los abusos coloniales y a Etiopía por el uso de armas químicas durante la invasión de 1935.
Reino Unido: El Gobierno británico se disculpó por las torturas y abusos cometidos en Kenia contra el pueblo kikuyu durante el levantamiento Mau Mau en la década de 1950.
En la complejidad del caso, Puerto Rico y los posibles pedidos de reparación incluyen a dos potencias: España y Estados Unidos.
Hasta el momento, el tema en Puerto Rico ha sido discutido en forma parcial. Incluso la academia no ha tratado la asignatura en forma puntual, ya en ausencia de una tesis, aun ante la disponibilidad de las fichas bibliográficas y facultades de derecho.
Al parecer, no se dispone de inicio de camino hacia el tema. Incluso la falta de soberanía fija más escollos para acudir con denuncias o querellas a los foros internacionales.
Los únicos foros hábiles podrían ser la Corte Penal, en caso de que se admita, o una querella en la OEA. Incluso queda pendiente la posibilidad de un pronunciamiento del pleno de Naciones Unidas.
Organismos locales podrían acudir a la OEA, pero a la Corte Penal y la ONU un país amigo tendría que hacerlo a nombre de Puerto Rico. Y, claro, ello podría traer consecuencias diplomáticas al proponente.
Aun cuando España se ha negado a emitir disculpas por los abusos en su colonización, quién sabe si la lista a presentarse contra España rivaliza en extensión con la que se presentaría contra Estados Unidos y el sistema colonial vigente en Puerto Rico. Y, claro, otros países hermanos podrían tener sus reclamos.
El sistema colonial en Puerto Rico se divide en dos grandes etapas históricas: la española y la estadounidense. Ambas, caracterizadas por profundas estructuras de abuso, explotación económica, represión política y asimilación forzada.
Durante más de cuatro siglos bajo la Corona española, los abusos se centraron en la extracción de recursos y el control social estricto y, peor, la eliminación de los taínos y el sistema de encomienda, que los obligaba al trabajo forzado en las fincas y en la extracción del oro. De paso, estudios realizados en el Archivo de Indias por el profesor Jalil Sued Badillo estiman en algunos 30 millones de dólares o más (al precio actual) el oro extraído por los españoles en los ríos de la isla en los primeros 30 años del descubrimiento. No hay que negar que el descubrimiento fue una empresa comercial, en su inicio, redituosa para España.
Pero la lista de abusos aún no termina e incluye los que comete EE. UU. en Puerto Rico:
Invasión militar no provocada, gobiernos militares, sistema de corte federal, juicios federales contra nacionalistas con jurados amañados, persecuciones por el FBI y la CIA, masacres a nacionalistas, persecuciones a independentistas, pruebas con el herbicida agente naranja, pruebas con ácido nafténico y palmítico (napalm), asfixiante agroempresarismo, Ley de Cabotaje, servicio militar obligatorio.
Igualmente, pruebas secretas de medicamentos inyectados a pacientes e, incluso, irradiaciones secretas.
Pero la más abominable de todas fue la Ley 116 de 1937, que legalizó la esterilización y estableció una Junta de Eugenesia que marcó el inicio de un proceso histórico donde miles de mujeres fueron esterilizadas, muchas de ellas engañadas o sin un consentimiento informado.
La esterilización y el control de la natalidad tuvieron el objetivo de ofrecer una solución rápida para reducir la «sobrepoblación». Entre las décadas de 1930 y 1970, aproximadamente un tercio de las mujeres puertorriqueñas en edad fértil fueron esterilizadas. Esto le otorgó a Puerto Rico la tasa de esterilización más alta del mundo durante esa época.
La lista de violaciones es larga y su estudio, complicado, cual interesante, pues no es una, sino dos potencias las que podrían responder. Una de ellas no termina, tal vez porque los puertorriqueños no saben lo que quieren, pero saben lo que no quieren.
Pero si el tema por el momento se aleja de la academia, más lejos podría estar del alcance de los gobiernos, peor aún de administraciones anexionistas que dirán: «El que perdona la ofensa cultiva el amor; el que insiste en la ofensa divide a los amigos». Y el tema, en asignatura pendiente.
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