Resumen
La protección social en América Latina y el Caribe (LAC) ha experimentado una notable expansión en las últimas dos décadas, especialmente a través de programas de transferencias condicionadas y no contributivas. Sin embargo, los avances en cobertura conviven con debilidades estructurales que limitan su efectividad, sostenibilidad y legitimidad. Este artículo analiza críticamente los principales desafíos de los sistemas de protección social en LAC a la luz del State of Social Protection Report 2025: The 2-Billion-Person Challenge (Banco Mundial, 2025).
Introducción
En el mundo en desarrollo, la cobertura de programas de protección social alcanzó a 4.7 mil millones de personas hacia 2022, lo que representa tres cuartas partes de la población de los países de ingresos bajos y medios (Banco Mundial, 2025). Sin embargo, persisten brechas significativas; esto es, 1.6 mil millones de personas carecen por completo de protección, mientras que 400 millones reciben beneficios tan reducidos que resultan inadecuados para superar la pobreza o enfrentar crisis (Banco Mundial, 2025). Este contraste entre expansión cuantitativa e insuficiencia estructural sintetiza la situación en América Latina y el Caribe (Lustig, 2018; Cecchini & Martínez, 2012).
Programas que alivian, pero no transforman
En LAC, las transferencias monetarias condicionadas, como Bolsa Familia en Brasil y Prospera en México, constituyen la columna vertebral de la expansión. Evaluaciones muestran impactos positivos en reducción de pobreza extrema y acumulación de capital humano (Fiszbein & Schady, 2009). No obstante, el Banco Mundial (2025) reporta que en países de bajos ingresos estos beneficios representan apenas el 11 % del ingreso de los hogares pobres. Su carácter paliativo contrasta con la ausencia de estrategias integrales para atacar determinantes estructurales como la informalidad laboral, la baja productividad o la desigualdad educativa (Cecchini, Filgueira, & Robles, 2014).
Desfase entre cobertura y necesidades
La informalidad laboral, que en la región supera el 50% de la población ocupada, limita la inclusión en esquemas contributivos (Gasparini & Tornarolli, 2009). Según el informe, más del 80% de la población en países de ingresos bajos y alrededor del 30% en países de ingresos medio-bajo sigue sin cobertura (Banco Mundial, 2025). Las brechas afectan de manera desproporcionada a comunidades indígenas, afrodescendientes y rurales, reflejando un desfase persistente entre cobertura estadística y necesidades sociales reales.
Incoherencias en el financiamiento
El uso de subsidios generalizados en combustibles, agricultura o transporte constituye una política fiscal regresiva que beneficia en mayor medida a sectores de ingresos medios y altos. El Banco Mundial (2025) estima que estos subsidios alcanzan alrededor del 8% del PIB global y propone su reasignación hacia transferencias focalizadas. En LAC, esta incoherencia erosiona la capacidad de los sistemas para reducir la pobreza y consolidar una distribución equitativa de recursos (Cornia, 2021).
Fragmentación e integración deficiente
La fragmentación institucional es otra limitación estructural. Los programas suelen operar de manera aislada, sin vínculos con políticas de empleo, salud o educación. El informe destaca la importancia de registros sociales dinámicos y gestión de casos integrados como condición para impactos sostenibles (Banco Mundial, 2025). Sin integración intersectorial, la protección social corre el riesgo de perpetuar dependencias en lugar de promover movilidad social.
Débil adaptación a choques y transiciones
La COVID-19 evidenció la importancia de contar con sistemas adaptativos. Países con registros sociales robustos pudieron expandir con rapidez sus coberturas, mientras que otros enfrentaron retrasos críticos (Gentilini, Almenfi, & Dale, 2020). En LAC, los sistemas aún carecen de capacidad para enfrentar desafíos emergentes como el envejecimiento, la digitalización del trabajo o el cambio climático. El déficit de preparación constituye una desconexión estratégica frente a transiciones estructurales inevitables.
Reforma del Estado y sostenibilidad institucional
La protección social no puede sostenerse sin modernización estatal. El informe enfatiza que instituciones transparentes y profesionalizadas son esenciales para garantizar eficiencia, legitimidad y confianza ciudadana (Banco Mundial, 2025). En LAC, donde la corrupción y el clientelismo erosionan la credibilidad, la construcción de capacidades estatales y mecanismos de rendición de cuentas es condición indispensable para avanzar hacia sistemas universales, equitativos y resilientes (Levy, 2018).
Conclusión
La protección social en América Latina y el Caribe ha alcanzado un nivel de expansión sin precedentes, pero su arquitectura sigue anclada en limitaciones históricas que impiden que sea un verdadero instrumento de equidad. Más personas reciben apoyos, pero estos son insuficientes para garantizar movilidad social o reducir de manera sostenible las desigualdades. La persistencia de subsidios regresivos, la fragmentación institucional y el predominio de transferencias de corto plazo muestran que la ampliación de la cobertura no ha estado acompañada de una transformación cualitativa.
La experiencia de las últimas décadas confirma que los avances logrados no han modificado las estructuras que reproducen desigualdad, tales como la informalidad laboral, las brechas educativas, la baja productividad y la debilidad de los Estados en su rol redistributivo. A ello se suma la falta de capacidad de los sistemas para adaptarse a un contexto de transición global marcado por crisis climáticas, pandemias, digitalización y envejecimiento demográfico. La consecuencia es un modelo que corre el riesgo de volverse insuficiente y obsoleto frente a los desafíos que ya son evidentes.
Más que un problema de cobertura estadística, lo que está en juego es la legitimidad de la protección social como parte esencial del contrato social en la región. Su carácter regresivo en algunos componentes, su vulnerabilidad a la captura política y la persistencia de la corrupción limitan su capacidad para generar confianza ciudadana y cohesión democrática. En este sentido, la modernización estatal no es una opción técnica, sino una condición de supervivencia para los propios sistemas.
América Latina y el Caribe se encuentran así ante un dilema histórico que obliga a mantener una arquitectura de protección social que administra la pobreza sin resolverla, o dar el salto hacia un pilar estructural capaz de articular redistribución, resiliencia y sostenibilidad. El desenlace dependerá de si la región logra superar la paradoja que hoy la define; esto es, haber avanzado en extensión sin hacerlo en efectividad. Solo entonces la protección social podrá dejar de ser un paliativo transitorio para convertirse en el motor de un desarrollo inclusivo y sostenible.
Referencias
- Banco Mundial. (2025). State of Social Protection Report 2025: The 2-Billion-Person Challenge. Washington, DC: World Bank. https://hdl.handle.net/10986/42841
- Cecchini, S., & Martínez, R. (2012). Inclusive social protection in Latin America: A comprehensive, rights-based approach. CEPAL.
- Cecchini, S., Filgueira, F., & Robles, C. (2014). Social protection systems in Latin America and the Caribbean: A comparative view. CEPAL.
- Cornia, G. A. (2021). Falling inequality in Latin America: Policy changes and lessons. Oxford University Press.
- Fiszbein, A., & Schady, N. (2009). Conditional cash transfers: Reducing present and future poverty. World Bank.
- Gasparini, L., & Tornarolli, L. (2009). Labor informality in Latin America and the Caribbean: Patterns and trends from household survey microdata. Revista de Economía del Rosario, 12(2), 1–30.
- Gentilini, U., Almenfi, M., & Dale, P. (2020). Social protection and jobs responses to COVID-19: A real-time review of country measures. World Bank.
- Levy, S. (2018). Under-rewarded efforts: The elusive quest for prosperity in Mexico. Inter-American Development Bank.
- Lustig, N. (2018). Fiscal policy, inequality, and poverty in Latin America. Brookings Institution Press.
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