Propuestas para una Seguridad Social Digna (III)

En su artículo 3, que enlista los principios, la actual Ley 87-01 de Seguridad Social contiene una expresión absolutamente limitada de la “solidaridad”, vista como caridad y asistencialismo de mínimos, y a cargo del Estado, es decir, de todos, mientras los recursos de y beneficios se van a las administradoras privadas.

Lo valioso que está escrito (acceso a servicios de salud y riesgos laborales sin tomar en cuenta el aporte individual) queda como quimera cuando lo que hay es un carnet y la seguridad depende de la capacidad de pago y el plan que puedes comprar.

Así como el concepto de solidaridad ha sido intoxicado, la Ley vigente eleva a nivel de “principios” los dogmas del mercado que se implantaron en salud y pensiones a favor de los grupos financieros e intermediarios. Con palabras simpáticas como “libre elección”, “pluralidad” y “separación de funciones”, ponen los servicios públicos a competir como vendedores de feria y no garantes de un derecho, y por supuesto los deja en la desprotección y el desfinanciamiento actual.

Han convertido a los ciudadanos en clientes cuya “libertad” no es estar saludables, protegidos y con pensiones suficientes, sino seleccionar qué agente del mercado negocia con sus cotizaciones. Hicieron del Estado un mero actor más, incluso deudor de privados como pasa con las AFP, y pusieron su “rectoría” en manos de gerencias y superintendencias capturadas, colaboracionistas, que actúan como islas de poder de los regulados.

Con otras palabras inocuas como “flexibilidad”, “participación”, “gradualidad” y “equilibrio financiero”, se instaura que todas las coberturas que se niegan dependen del bolsillo de cada quien según los planes complementarios; que actores privados-empresariales puedan “participar” como agentes “neutrales” con idéntica legitimidad que el Estado y la ciudadanía; que los derechos estén sujetos al “según se pueda” y después de 25 años esperando siga rigiendo el “no te cubre”; y que el financiamiento equivalga a que las ARS y AFP y demás incrustaciones consideren que sus expectativas de ganancias ya están cubiertas y sobra algo para alguna nueva protección, siempre después de negociar su respectivo aumento de ingresos.

Por eso, la propuesta de modificación integral para una Seguridad Social Digna propone como primer principio la Garantía y ejercicio pleno de los derechos fundamentales, tal y como constan en la Constitución y de los cuales el Estado debe ser garante explícito.

En ese mismo sentido, los demás principios serán el compromiso social y los beneficios definidos para la ciudadanía; el acceso y cobertura universal, sin notas al pie, y la máxima satisfacción de la población bajo el máximo sentido de solidaridad.

Para que esto sea posible, y los intereses y ganancias privadas no sigan reinando, no basta con decir que el Estado tiene algún rol. El proyecto de modificación le reconoce, en virtud de la Constitución, una función garantista exclusiva, es decir, que no puede delegar ni tercerizar, ni que puede ser a medias tintas. El Estado debe garantizar en todo, para todos, con todos los derechos, ejerciendo la soberanía del pueblo y la nación.

Otros principios claves, por tanto, son el compromiso financiero gubernamental y el reconocimiento de la seguridad social como bien público y derecho humano, porque los recursos y medios siempre serán insuficientes, pero deben estar al servicio de la salud, las pensiones y la protección de las personas.

Finalmente, tres principios deben imperar donde priman la discrecionalidad, los privilegios y la impunidad: estos son el derecho a la información, comunicación y participación; la actuación con transparencia y rendición de cuentas; y el desarrollo de un régimen de consecuencias.