La sostenibilidad institucional y financiera de SeNaSa pasa por una racionalización urgente del uso de los recursos públicos. Esto implica suspender contratos no esenciales, establecer techos de gasto en las áreas críticas y concentrar los fondos en los servicios más sensibles para los afiliados. Sin un control riguroso y eficiente del gasto médico y administrativo, cualquier otro esfuerzo de reforma resultará insuficiente.
Es importante recordar que SeNaSa no es un fondo de salud como el FONASA en Chile. Es una Administradora de Riesgos de Salud (ARS) pública, regida por la Ley 87-01, con el mandato de gestionar riesgos y garantizar la cobertura del Plan de Servicios de Salud (PDSS). Esta diferencia es fundamental. Mientras un fondo como FONASA actúa como recaudador y pagador central, SeNaSa administra riesgos, gestiona recursos bajo criterios actuariales y tiene la responsabilidad de garantizar eficiencia en el uso de la cápita asignada. Esta condición obliga a ser especialmente rigurosos en los controles internos, en la gestión de servicios y en la sostenibilidad financiera, evitando que SeNaSa derive en un simple pagador de facturas.
El gobierno, por su parte, debe respetar esta naturaleza jurídica y evitar convertirla, en la práctica, en un fondo estatal de subsidios que desdibuje su rol como ARS. Ignorar este mandato no solo contradice el marco legal vigente, sino que agrava el riesgo de desfinanciamiento y pone en peligro la continuidad del seguro público de salud.
La clave para la sostenibilidad está en anticipar y prevenir. Identificar con precisión a los grupos de alta siniestralidad, establecer rutas de atención diferenciadas, implementar herramientas de análisis predictivo y articular estrategias preventivas desde un enfoque territorial es indispensable. Sin una gestión efectiva del riesgo, no hay sostenibilidad posible.
Fortalecer los mecanismos de supervisión es otra tarea inaplazable. Se necesitan auditorías internas y externas robustas, sistemas de monitoreo en tiempo real y evaluaciones sistemáticas que garanticen que las desviaciones sean corregidas de manera oportuna y efectiva.
Es necesario recordar que SeNaSa no es solo una ARS pública: es un compromiso del Estado con la equidad y la justicia social. Defender su carácter público no es un acto ideológico; es un deber democrático.
La credibilidad institucional se construye con resultados verificables y con transparencia. SeNaSa debe publicar periódicamente sus informes financieros y operativos, facilitar el acceso ciudadano a la información y actuar bajo principios de ética pública y responsabilidad social.
La relación con los prestadores privados también debe ser replanteada. Esta alianza debe basarse en criterios de calidad, eficiencia y transparencia, evitando privilegios o abusos que distorsionen el sistema. Los mecanismos de pago deben centrarse en resultados, penalizando prácticas fraudulentas o abusivas y promoviendo una real complementariedad con la red pública.
Reequilibrar el modelo de atención requiere revitalizar la red pública de salud. Establecer convenios eficientes con el Servicio Nacional de Salud (SNS), fortalecer la atención primaria y reducir la dependencia de clínicas privadas son pasos cruciales para lograrlo.
Conocer el perfil de consumo de los afiliados es fundamental. Saber quiénes consumen más, por qué y cómo permite focalizar acciones preventivas, garantizar equidad y optimizar el uso del presupuesto.
El actual esquema de pago por volumen ha demostrado ser insostenible. Es urgente adoptar modelos que premien resultados en salud, fortalezcan el seguimiento clínico y desalienten la sobreutilización injustificada de los servicios.
La profesionalización de la gestión debe sustituir la lógica política. La dirección de SeNaSa debe estar en manos de equipos calificados, con formación técnica, experiencia comprobada y compromiso ético. La formación continua y el reclutamiento por mérito deben ser principios innegociables.
Es necesario recordar que SeNaSa no es solo una ARS pública: es un compromiso del Estado con la equidad y la justicia social. Defender su carácter público no es un acto ideológico; es un deber democrático. Lo que está en juego no es solo su balance financiero, sino el derecho a la salud de millones de personas.
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