Más que una o varias materias de formación cívica, moral o ética, llenas de teorizaciones aburridas y de escasa efectividad, abogamos desde hace años por un programa nacional de carácter permanente a cargo del sistema educativo, enfocado en el aprendizaje y la práctica de una selección de virtudes y valores que respondan a las más urgentes necesidades nacionales y locales.

El sistema educativo es la institución que está en mayor capacidad de movilizar al país alrededor de una causa social. Entre estudiantes, docentes, personal administrativo y autoridades sobrepasa los 3 millones y si a éstos sumamos las familias, son muchos los millones de personas que pueden activarse. Pongamos un ejemplo muy simple para mostrar que esa movilización de que hablamos no tiene que costar más que el entusiasmo y la creatividad de todos. El país celebra el mes de la patria y en especial el 26 de enero y el 27 de febrero. En esas fechas se destacan los símbolos patrios y los próceres, pero se ha comprobado que son muchos los estudiantes y ciudadanos que no pueden describir esos símbolos, ni su significado, ni destacar una virtud especifica de los personajes que se honran.

Una movilización nacional para relevar estas conmemoraciones y crear conciencia sobre lo que ellas simbolizan puede lograrse sin gasto alguno, a través del sistema educativo. Si cada uno de los estudiantes, maestros, empleados o funcionarios elabora con sus propios medios, no importa lo modestos que sean, una bandera nacional y la ponen en su casa y en el frente de la escuela, millones de casas se engalanarían y la participación directa en su elaboración garantizaría un mayor conocimiento.  La abundante propaganda oficial podría apoyar.

Si a esto se agrega la elaboración colectiva en las escuelas de una lista de las virtudes que adornaron a nuestros próceres, la discusión en las aulas de cuales acciones en la vida de nuestros próceres muestran esas virtudes, si se desata la creatividad y competitividad popular para que, en cada casa, esquina, frente de la escuela, comercio, etc. se ponga un letrero elaborado por los mismos alumnos, maestros y familiares destacando alguna de esas cualidades e invitando a emularlas y elevarlas. Si nos trasladáramos por caminos, calles y parques y nos encontráramos con esos letreros, dibujos o estructuras de nuestros símbolos patrios. Si se estimulara con reconocimientos a las escuelas que hagan el mayor esfuerzo, si se celebraran estas fechas, no descansando cada uno por su lado, sino con ferias y actividades de integración que destaquen el significado de las mismas.

Un plan nacional bien elaborado por el ministerio, con participación de diferentes instancias, puede hacer una selección de los problemas prioritarios en los que se quiere un cambio de actitud, cosas concretas que se pueden hacer para elevar la conciencia colectiva. Algunas prioridades podrían ser: el orden, la limpieza, el voluntariado solidario, la fraternidad, el respeto de las leyes de tránsito, entre otras. Un plan nacional puede disponer que cada año, cada escuela escoja un objetivo nacional o local y lo trabaje a fondo, de manera creativa, práctica, incluyendo la parte conceptual y el análisis de los beneficios que resultarían de resolverlos, con acciones que involucren comunidades, autoridades municipales, familia y, sobre todo a los maestros, no a uno de cívica sino a todos. La evaluación de la cívica debería ser por la realización y logros de esas actividades en lugar de test individuales.

La apuesta por una pedagogía para el civismo y la ciudadanía está ganando espacio en muchos países en momentos en que el mundo vive un pronunciado deterioro de la democracia, por el desencanto y falta de apoyo de los ciudadanos. En resumen, más que otra carga curricular, la educación cívica y la moral deben aprenderse con acciones colectivas.

Miriam Díaz Santana

Maestra en Educación

Maestría en Educación. Docente, investigadora, activista social y especialista en educación y planificación. Integrante del Consejo del Consejo Nacional de Participación Ciudadana. Fue miembro del Consejo Nacional de Educación Superior en el periodo 2002/2004. Miembro-fundadora de PC, coordinadora general en el 2003 y 2018, e integrante activa de las comisiones de Transparencia y de Análisis Político de la organización. Ha realizado más de 15 investigaciones en el campo de la educación, la sociología y la democracia.

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