Ante las exposiciones de voceros de los partidos de oposición con relación al aumento de los precios de los bienes y servicios, en particular los de productos de primera necesidad de la canasta alimenticia como el caso del arroz y el pollo, el director de Proconsumidor, Eddy Alcántara, ha declarado que los mismos presentan informaciones engañosas sobre este tema, atribuyéndole a esas informaciones el empeño que tienen dichos partidos para sacarle capital político a la luz de próximas elecciones.
Pero resulta que los consumidores, ya sea que pertenezcan o no a partidos políticos y que a diario compran esos productos de la canasta básica, sienten a través del tiempo cómo los mismos han ido en aumento sucesivo, desde el año 2020 hasta la fecha.
Los consumidores, sin ser políticos de oposición, saben que compraban para el mes de julio del año 2020 el arroz súper selecto a 26 pesos la libra y el pollo a 50 pesos la libra. Ya para febrero del presente año 2025, esos mismos consumidores compraban arroz súper selecto entre 40 y 50 pesos la libra. En el caso de los pollos, para esa misma fecha se vendían a 75 pesos la libra y ya para el pasado mes de agosto, en promedio, estaban entre 85 y 90 pesos la libra y en algunos lugares ha sobrepasado los 100 pesos por una libra de pollo.
Significa entonces que el precio del arroz ha aumentado, entre el año 2020 y agosto del presente año 2025, aproximadamente un 35%. En el caso del pollo, el mismo ha aumentado, entre el año 2020 y agosto del presente año 2025, un 70%.
Pero esto es solo en el caso del arroz y el pollo; pues si comenzamos a señalar otros productos de la canasta básica alimenticia, la situación tiende a ser aún más dramática, como en el caso de la libra de carne de cerdo regular que pasó de un promedio de 60 pesos en el año 2019 a 130 pesos en el año 2025, en otras palabras, un aumento de 177%.
El costo de la canasta básica, que debe ser una preocupación de Proconsumidor, debe trabajar en estrategias para influir en acciones del gobierno, para que los consumidores no se vean tan afectados por los aumentos de los precios que laceran las condiciones de vida de los hogares dominicanos.
En vez de acusar a la oposición de las fallas en términos del costo de la canasta familiar y particularmente el costo de la canasta básica, lo que debe hacer Proconsumidor es, además de dar seguimiento al comercio para que no se excedan en los precios a como deben vender los productos esenciales a los consumidores, promover en las instancias del gobierno responsables de diseñar y ejecutar políticas públicas que contribuyan a mantener la estabilidad de los precios de los bienes y servicios.
Proconsumidor se estableció como mandato de la Ley General No. 358-05 de Protección de los Derechos al Consumidor o Usuario, la cual establece en su artículo 1 que: "Las disposiciones de la presente ley tienen por objeto establecer un régimen de defensa de los derechos del consumidor y usuario que garantice la equidad y la seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores, consumidores de bienes y usuarios de servicios, sean de derecho público o privado, nacionales o extranjeros, en armonía con las disposiciones al efecto contenidas en las leyes sectoriales. En caso de duda, las disposiciones de la presente ley serán siempre interpretadas de la forma más favorable para el consumidor".
Además, según lo establece su misión, como referente del plan estratégico institucional, que enuncia: "Proteger los derechos de los consumidores y usuarios de bienes y servicios, garantizando la equidad, imparcialidad y la seguridad jurídica en relaciones de consumo mediante el cumplimiento de la normativa vigente con los más altos niveles de profesionalidad, eficiencia y eficacia".
Entonces está bien claro cuál es el rol de Proconsumidor como entidad de carácter público y que lo de ser vocero del gobierno para responder a situaciones con relación a los niveles de precios en la economía no le corresponde a esta entidad, sino que es competencia de otras instituciones públicas, llámese Ministerio de Industria y Comercio, Banco Central u otras entidades responsables de diseñar y ejecutar políticas públicas.
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