Las cuencas hidrográficas de los 97 ríos principales del país son víctimas de la acción degradante de factores naturales, eventos extremos incrementados por el cambio climático (sequías, huracanes y otros) y de factores antropogénicos asociados a la voracidad destructiva de la explotación minera, metálica y no metálica, la deforestación, el conuquismo y, sobre todo, del abandono olímpico y cómplice de las responsabilidades rectora y reguladora del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARENA) y del INDRHI, respectivamente, entidades que han fracasado en esta materia y que deben ser cuestionadas por las instancias correspondientes.
En el caso particular de la Cuenca del Río Yaque del Sur-CRYS, entre los principales problemas que la afectan podemos citar los siguientes:
1) Deforestación, conuquismo y erosión. En su cuenca alta y laderas, la expansión de la agricultura migratoria y la quema y tala de árboles han degradado extensas áreas boscosas. La pérdida de cobertura vegetal incrementa la escorrentía superficial, disminuye la infiltración, acelera la erosión de los suelos y aumenta la sedimentación en ríos, afluentes y presas, dando como resultado una cuenca más frágil, caudales más irregulares y mayor riesgo de inundaciones.
2) Degradación de humedales y ecosistemas asociados. El Refugio de Vida Silvestre Laguna Cabral, uno de los humedales de mayor importancia ecológica y social del país (Sitio Ramsar), acaba de sufrir una reducción dramática de su espejo de agua y calidad ecológica, debido al cierre intencional de su principal canal de alimentación y la captura del mayor volumen de agua del RVS, incluyendo su caudal ecológico y de la laguna, por el Consorcio Azucarero Central-CAC, arrendatario del Ingenio Barahona, para el riego de sus cañaverales, en franca violación del orden legal de prelación en los usos del agua. La pérdida de la laguna como ecosistema afecta la biodiversidad, las actividades pesqueras tradicionales, la capacidad de la cuenca para regular el ciclo hidrológico y las condiciones de vida, de por sí deplorables, de las comunidades aledañas.
3) Minería metálica y no metálica. La presencia de proyectos de minería metálica y no metálica en áreas de montaña y de recarga hídrica, por encima del nacimiento de ríos, como el caso del proyecto Romero, de la GoldQuest, en San Juan, y del proyecto INCOA, de la Belfond Enterprise, en Barahona, plantea riesgos significativos de contaminación del agua, destrucción de ecosistemas frágiles y afectación de las fuentes de agua de las comunidades. La extracción intensiva de agregados (arena, grava, materiales) en cauces y terrazas fluviales del RYS y sus afluentes altera su morfología, debilita sus márgenes, aumenta la vulnerabilidad de las infraestructuras y reduce la resiliencia de la cuenca frente a eventos extremos.
4) Atrasado y pésimo modelo de gestión del agua en la cuenca. Una gran parte de los sistemas de riego en los valles de la cuenca se basa todavía en riego por gravedad con canales abiertos, con filtraciones, grandes pérdidas y baja eficiencia en el uso del agua, una gran parte de ella bajo control y usufructo privado, como en la cuenca baja del valle de Neiba. Esto genera inequidad y una demanda hídrica mayor de la necesaria, presiona sobre las fuentes y reduce la disponibilidad de agua para otros usos prioritarios, como el del medio ambiente y las poblaciones humanas.
5) Cambio climático y estrés hídrico creciente. El CC, que viene incidiendo en forma significativa, se manifiesta en sequías más frecuentes y prolongadas, lluvias más intensas en períodos cortos, aumento de la temperatura media y mayor evapotranspiración, superior a la pluviometría media anual en el valle. Esto hace más difícil mantener los caudales ecológicos mínimos, sostener los sistemas de riego y garantizar la seguridad hídrica de las comunidades.
6) Fragmentación institucional y débil gobernanza. El modelo institucional de gestión del agua y del territorio es fragmentado, obsoleto y no responde ya a las exigencias de la dinámica socioeconómica del país. El MARENA, el INDRHI, los ayuntamientos, las Juntas de Regantes y las comunidades actúan, casi siempre, sin una articulación efectiva y, cuando no, son capturados por grandes terratenientes o empresarios y puestos a su servicio. Falta una Autoridad Nacional del Agua (ANAGUA) y una autoridad real en la CRYS (el Comité) que regulen, planifiquen, coordinen y garanticen la participación social y el respeto del orden legal y normativo. La ausencia de una gobernanza hídrica sólida favorece el desorden, la inequidad y la captura privada de un recurso que es bien común y público.
Ante este panorama, la pregunta clave es: ¿Qué enfoque de gestión necesitamos para que la CRYS pueda seguir siendo fuente de vida, biodiversidad y desarrollo?
Aquí es donde entran en juego los conceptos complementarios de conservación y preservación ecológica y de gestión integral de cuencas:
- La conservación ecológica se refiere a un conjunto de prácticas de manejo que permiten el uso racional de los recursos naturales, garantizando que dicho uso no comprometa la integridad de los ecosistemas ni la disponibilidad futura de esos recursos. Implica manejo forestal sostenible, agricultura responsable, control de la erosión, restauración de áreas degradadas, protección de riberas y humedales y reducción de la contaminación.
- La preservación ecológica, por su parte, propone proteger de manera estricta determinadas áreas –como las cabeceras de cuenca, las zonas de recarga hídrica, los bosques nublados, las reservas de biodiversidad–, evitando o limitando las intervenciones humanas que puedan alterar su estructura y funcionamiento.
En un ecosistema, como la CRYS, no se trata de elegir entre conservación o preservación, sino de aplicar inteligentemente ambos enfoques, según las características y la sensibilidad de cada zona:
– En las cabeceras y zonas de recarga, la prioridad debería ser la preservación: protección estricta, reforestación, exclusión de actividades altamente degradantes como la minería metálica o la agricultura en laderas muy frágiles.
– En los valles y zonas agrícolas, la prioridad es la conservación productiva: agricultura sostenible, riego tecnificado, recuperación de suelos, uso eficiente del agua y manejo integrado de cuencas.
El error histórico ha sido ignorar estas distinciones, permitiendo usos intensivos en áreas que deberían ser preservadas y prácticas destructivas en áreas que deberían ser conservadas bajo criterios de sostenibilidad.
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