El Consejo de Ministros aprobó el proyecto de Presupuesto General del Estado para 2027. Por primera vez, las erogaciones superan los RD$2 billones: RD$2,036,844.2 millones. El techo de gasto asciende a RD$1,837,856 millones, el 19.2 % del PIB; los ingresos estimados, a RD$1,510,574.5 millones, el 15.7 %.

La diferencia entre ingresos y gastos arroja un déficit de RD$327,281.5 millones, cerca del 3.4 % del PIB. Las erogaciones totales incluyen, además, unos RD$199,000 millones en aplicaciones financieras. Una cosa es cuánto gastará el Gobierno y otra cuánto necesitará para cubrir el déficit, amortizar vencimientos y atender sus demás obligaciones.

El marco asume crecimiento real de 4.75 % e inflación promedio de 4.5 %. El Gobierno destaca que el gasto de capital aumentaría 19.7 % respecto al presupuesto inicial de 2026, por encima del 12.3 % proyectado para el gasto corriente.

Que la inversión crezca más que el corriente merece reconocimiento. Pero presentar ese 12.3 % como prueba de moderación merece otra lectura. Descontando la inflación, el corriente subiría cerca de 7.5 % en términos reales. Como el PIB nominal crecería alrededor de 9.4 %, el gasto corriente avanzaría casi tres puntos por encima de la economía y podría ganar peso relativo.

No se trata de recortar educación, salud, seguridad o protección social. Se trata de reducir la tasa de crecimiento del corriente, revisar el gasto administrativo, la publicidad, contener la nómina, eliminar duplicidades y separar el gasto social indispensable del burocrático prescindible. Con ingresos de RD$1.51 billones, un déficit superior a RD$327,000 millones e intereses que absorben casi una cuarta parte de lo recaudado, un corriente creciendo 12.3 % no encaja con la sostenibilidad proclamada.

Una economía que crece, con reservas, remesas, turismo y exportaciones en terreno positivo, tiene fortalezas que debemos reconocer. El problema no es que el presupuesto sea pequeño, sino que ya no manda sobre lo que más importa. Mandan los intereses, el petróleo, la ineficiencia de las EDES y las tasas.

Soberanía presupuestaria es la capacidad de asignar recursos a las prioridades de la Estrategia Nacional de Desarrollo —capital humano, infraestructura productiva, salud e innovación— después de pagar lo ineludible. Cuando esa capacidad se estrecha, el país deja de elegir: ejecuta lo rígido e improvisa lo estratégico.

En 2026, intereses y comisiones de la deuda fueron presupuestados en cerca del 22.3 % del gasto del Gobierno Central: unos RD$362,550 millones. Honrar la deuda llegó a demandar más que la asignación presupuestaria de educación.

Las proyecciones preliminares para 2027 sitúan los intereses cerca de RD$351,327 millones: 19.1 % del techo de gasto y 23.3 % de los ingresos. De cada RD$100 recaudados, más de RD$23 estarían comprometidos con intereses antes de decidir el resto.

Ese es el primer peaje. El segundo es energético, y es doble.

En 2026 el Estado ha ejecutado más de RD$33,807 millones en subsidios a combustibles, frente a una programación inicial de unos RD$13,500 millones. Solo en la semana del 19 al 25 de septiembre el esfuerzo anunciado se acerca a RD$1,986 millones, aun con alzas de RD$9 en la gasolina prémium y el gasoil óptimo, y de RD$5 en los regulares.

En el primer semestre, las pérdidas de las EDES rozaron el 39.1 % de la energía comprada. Edeeste llegó al 55.9 %: de cada 100 kWh adquiridos, casi 56 no se cobraron. El subsidio eléctrico superó RD$68,744 millones, 38 % más que un año antes.

Cada peso usado en contener el precio semanal o cubrir pérdidas técnicas y comerciales es un peso que no llega a aulas, formación técnico-profesional, transmisión, acueductos ni productividad. El gasto de capital, aun con el salto anunciado, permanece entre 2.6 % y 2.7 % del PIB. Crece en pesos, pero todavía no despega como palanca de desarrollo.

La cadena es externa; la factura, doméstica. El conflicto en Medio Oriente devolvió el crudo a unos US$100. República Dominicana importa principalmente combustibles terminados. Por eso no paga solo el barril, sino también el margen de refinación. Cuando las refinerías internacionales operan bajo presión, ese margen se ensancha y el diésel, el combustible de aviación y las gasolinas suben más que el crudo. El sobrecosto llega al muelle y se transmite a fletes, pasajes, agroquímicos, alimentos y generación. La inflación local no copia el WTI: copia el precio del producto terminado.

Esa misma cadena devolvió a la Reserva Federal al terreno restrictivo: elevó 25 puntos básicos su tasa, al rango de 3.75 % a 4.00 %. El Banco Central dominicano mantiene la suya en 5.25 %. No tiene que copiar a la Fed, pero si el diferencial se comprime aparecen riesgos de salida de capitales de corto plazo, presión cambiaria y desanclaje de expectativas.

Un sendero gradual hacia 6 % no es destino, sino posibilidad. Encarecería el crédito y el refinanciamiento del Gobierno. Más tasa mañana es más interés pasado mañana; más interés es menos inversión. Y menos inversión, con EDES que pierden casi cuatro de cada diez kWh comprados, es crecer sin transformar la estructura. El 4.75 % previsto para 2027 supone que el choque energético se modera. Si petróleo y tasas permanecen altos, ese crecimiento puede ser techo, no piso.

Nadie serio pide dejar de honrar la deuda ni trasladar de golpe todo el precio internacional al hogar. La tarea es recomponer el gasto: reducir el corriente; focalizar subsidios en quienes no pueden pagar; atacar las pérdidas de las EDES con medición, cobranza, combate al fraude y mejores redes; y medir el retorno de cada peso de deuda nueva. Si el crédito no deja un activo que produzca más de lo que cuesta, no es desarrollo: es diferir el ajuste. También debemos proteger un piso de inversión en capital humano e infraestructura productiva, aunque el entorno se endurezca.

Eso es Estrategia Nacional de Desarrollo. Lo otro es administrar la emergencia con el lenguaje del desarrollo.

Un presupuesto de RD$2 billones puede ser una buena noticia o una foto grande de un margen pequeño. La diferencia está en si el país recupera la capacidad de decidir. Mientras manden los intereses, el petróleo, las EDES, las tasas y un gasto corriente que crece por encima de la economía, el Estado seguirá grande en el papel y estrecho en lo que construye país.

Juan Ramón Mejía Betances

Economista

Analista Político y Financiero, cursó estudios de Economía en la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU), laboró en la banca por 19 años, en el Chase Manhattan Bank, el Baninter y el Banco Mercantil, alcanzó el cargo de VP de Sucursales. Se especializa en la preparación y evaluación de proyectos, así como a las consultorías financieras y gestiones de ventas para empresas locales e internacionales.

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