En esta semana, en República Dominicana se inició el año escolar 2026-2027, en el sector público, tanto en escuelas, como en liceos y politécnicos. Nuestra Constitución establece que la educación tiene por objeto la formación integralmente al ser humano a lo largo de toda su vida, y buscar el acceso a la ciencia, a la técnica, a la cultura a la formación moral, intelectual y física. Que la familia es responsable de la educación de sus integrantes y tiene derecho a escoger la modalidad de sus hijos menores. El Estado, por su parte, debe garantizar la educación pública gratuita y obligatoria, y crear las condiciones para que el proceso enseñanza- aprendizaje sea de calidad.
Aplaudo que el llamado a clases incluya a niños desde los tres años; y no a partir de los siete años, como ocurría hace unas décadas. Este avance, contribuye a reducir la brecha intelectual entre los niños de los centros públicos y los privados. Las evidencias que aporta la ciencia confirman la importancia de los primeros años de vida para el desarrollo cerebral, intelectual y social de los niños. Ellos deben aprender a ser educados, justos, convivir con las personas y el mundo real, a controlar sus impulsos, respetar normas disciplinarias y morales. Además, deben adquirir los conocimientos científico-técnicos, y las destrezas que se cultivan mediante la práctica de deportes.
En cuanto al docente, este debería orientar, inspirar y dejar huellas en sus estudiantes, como lo hicieron nuestras emblemáticas maestras Salomé Ureña de Henríquez y Ercilia Pepín, quienes, con su ejemplo y sabiduría, iluminaron las consciencias de generaciones de dominicanos.
Sin embargo, en las últimas décadas se ha fortalecido la tendencia a priorizar el bienestar de los profesores por encima de la enseñanza de los alumnos. Predominan los reclamos por sueldos, incentivos, y mejores ambientes de trabajo para ellos, y hablan poco de la enseñanza, las bibliotecas y los laboratorios. Estamos de acuerdo con que los profesores merecen y necesitan trabajar y vivir en condiciones dignas, sin afectar el aprendizaje de los alumnos.
La conquista de la democracia y las libertades en la sociedad dominicana trajo enormes oportunidades de progreso y bienestar. Sin embargo, los estudios y la práctica han que la educación dominicana enfrenta serias deficiencias a nivel intelectual. Existen fallas en comprensión, expresión, en lectura, escritura, matemática, cultura general, especialmente en el sector público. Recordamos que en décadas atrás quienes estudiamos la secundaria en colegios privados sentíamos respeto – y hasta cierto temor – ante el prestigio, preparación y la severidad de los profesores de los liceos públicos, quienes nos evaluaban. Hoy no, desgraciadamente la situación ha cambiado para mal. A pesar de las tandas extendidas y otros beneficios de las escuelas públicas; muchos padres prefieren enviar a sus hijos a centros privados, porque consideran que les ofrecen mejor educación.
Concluyo, con estas preguntas incómodas pero necesarias: ¿Qué responsabilidad le corresponde al Estado, a las autoridades del sistema educativo, a las familias y a los propios estudiantes por las deficiencias de nuestra educación pública? ¿Cómo el aumento del 4 % a la educación ha impactado en la calidad de la enseñanza y en el bienestar de los profesores? ¿Qué aportes han realizado los gremios de estudiantes y profesores, en particular la Asociación Dominicana de Profesores, en beneficio de la educación pública? ¿Cómo la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), mi querida alma mater, ahora que recibe más recursos es, sin embargo, menos crítica y participativa en la defensa de los intereses populares y nacionales?
*Este artículo puede ser escuchado en audio en Spotify en el podcast Diario de una Pandemia por William Galván
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