PISA son las siglas en inglés de Programme for International Student Assessment, el Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). No mide simplemente cuánto memoriza un estudiante, sino qué tan bien puede aplicar lo aprendido en lectura, matemáticas y ciencias a problemas de la vida real.
La edición 2025, divulgada el 8 de septiembre de 2026, fue la más grande hasta ahora: participaron más de 760,000 jóvenes de 15 años en 91 países y economías, representativos de unos 33 millones de estudiantes. El estudio es diseñado y coordinado por la OCDE y financiado mediante contribuciones directas de los gobiernos participantes, normalmente sus ministerios de Educación; cada país asume además los costos de su aplicación nacional.
En la República Dominicana participaron 7,080 estudiantes de 257 centros, una muestra representativa de unos 127,900 jóvenes de 15 años, alrededor del 68% de la población de esa edad. Los resultados deben leerse sin maquillaje. El país obtuvo 339 puntos en matemáticas, frente a 463 del promedio OCDE; 346 en lectura, frente a 461; y 361 en ciencias, frente a 482. En la comparación oficial disponible de la OCDE, República Dominicana quedó 83 de 89 sistemas con datos comparables en matemáticas y 80 de 89 en lectura. En ciencias se encuentra igualmente en el tramo inferior de la clasificación.
Más importante que el puesto es lo que los estudiantes saben hacer. El 90.6% de los dominicanos evaluados quedó por debajo del Nivel 2 en matemáticas, el umbral que PISA considera básico para desenvolverse en situaciones sencillas. Solo 23% alcanzó ese nivel en lectura y 26% en ciencias. Y 69.3% quedó por debajo del nivel básico simultáneamente en las tres materias. Es difícil imaginar una señal más clara de una crisis de capital humano.
Hay una precisión importante: PISA no dice que la República Dominicana haya empeorado abruptamente entre 2022 y 2025. Los resultados de 2025 fueron estadísticamente similares a los de 2022 en las tres materias; matemáticas y ciencias siguen por encima de 2015 y 2018, mientras lectura se ha mantenido básicamente estable desde 2018. Eso es mejor que un retroceso. Pero estabilizarse cerca del fondo no puede confundirse con éxito. Cuando nueve de cada diez alumnos siguen por debajo del umbral básico en matemáticas, la discusión debe pasar de “¿mejoramos un poco?” a “¿qué políticas cambiarán el resultado a escala?”.
También conviene destacar que, a diferencia de algunos participantes cuyas estimaciones requieren cautela, la OCDE informó que todos los datos dominicanos cumplieron sus estándares de calidad y son aptos para comparación. No es razonable descartar el resultado como una anomalía metodológica. La fotografía puede ser incómoda, pero es suficientemente robusta para exigir una respuesta de política pública.
La pregunta correcta, entonces, no es si aumentó el presupuesto educativo, si se construyeron aulas o si se repartieron dispositivos. Todo eso puede ser útil. La pregunta es más incómoda:
¿Están aprendiendo los niños?
Ahí Estados Unidos ofrece una advertencia especialmente pertinente. Es una nación que gasta muchísimo en educación pública. En el año fiscal 2024, sus sistemas públicos de primaria y secundaria desembolsaron US$983,700 millones; el gasto corriente por estudiante alcanzó US$17,619. Sin embargo, esos recursos no evitaron un deterioro serio del rendimiento académico. Dinero y aprendizaje no son sinónimos.
Durante la administración de Joe Biden, la magnitud del problema quedó expuesta. Sería incorrecto atribuirle a Biden los cierres escolares que comenzaron en 2020 ni toda la pérdida causada por la pandemia. Pero también sería incorrecto decir que el sistema se recuperó durante sus cuatro años. En NAEP 2022 —la “libreta de calificaciones” nacional— matemáticas cayó cinco puntos en cuarto grado y ocho en octavo frente a 2019, las mayores caídas registradas desde el inicio de esas series. En lectura también hubo retroceso.
Para 2024 hubo una recuperación parcial en matemáticas de cuarto grado, pero el resultado seguía por debajo de 2019. En lectura, en cambio, cuarto grado cayó otros dos puntos respecto de 2022 y solo 31% alcanzó o superó el nivel Proficient. Es decir, al terminar la administración Biden, la recuperación académica seguía incompleta y en lectura el deterioro continuaba.
Los datos más recientes confirman que el problema no terminó con la pandemia. PISA 2025 encontró que Estados Unidos se mantuvo cerca del promedio OCDE en matemáticas y por encima en lectura y ciencias. Pero lectura cayó 14 puntos desde 2022; matemáticas y lectura quedaron por debajo de 2018 y entre los resultados estadounidenses más bajos registrados por PISA. La evaluación se realizó en 2025 y, por definición, refleja muchos años anteriores de escolarización, incluida prácticamente toda la presidencia de Biden.
Este fracaso alimenta una crítica central del actual movimiento republicano: el sistema educativo estadounidense se volvió demasiado protector de sus instituciones y demasiado poco responsable ante las familias. En esa crítica, los grandes sindicatos docentes ocupan un lugar central.
Conviene ser preciso. La mayoría de los maestros no son activistas partidistas; muchos realizan un trabajo extraordinario en condiciones difíciles. Pero la dirigencia nacional de los dos grandes sindicatos —la National Education Association (NEA) y la American Federation of Teachers (AFT)— se ha alineado abiertamente con el Partido Demócrata. La AFT respaldó a Biden en 2020 y nuevamente la candidatura Biden-Harris para 2024; después apoyó a Kamala Harris. La NEA también respaldó a Harris y llegó a describir a Biden como el presidente más favorable a la educación pública y a los sindicatos de la historia moderna.
Desde una perspectiva republicana, el problema no es que un sindicato tenga preferencias políticas. El problema aparece cuando esa fuerza política se utiliza para resistir mecanismos que permitirían a padres y contribuyentes exigir resultados.
La NEA se opone formalmente a utilizar pruebas estandarizadas como indicador del éxito de una escuela y a tomar decisiones significativas sobre escuelas o educadores basadas en los resultados de los alumnos. La AFT sostiene que la rendición de cuentas basada excesivamente en pruebas se ha vuelto “punitiva” y rechaza estrategias que utilicen esos resultados como fundamento principal para cerrar escuelas o despedir docentes. Sus argumentos —que un examen no mide todo y que pobreza, discapacidad o dominio del idioma también afectan el rendimiento— merecen consideración.
Pero la objeción conservadora sigue en pie:
si los resultados no producen consecuencias, ¿quién responde por una escuela que fracasa año tras año?
El mismo choque aparece en la elección escolar. La NEA se opone expresamente a los vouchers o vales educativos y a programas federales de school choice. En julio de 2026, la AFT aprobó una resolución titulada, sin ambigüedad, Keep Public Funds for Public Schools: Oppose Vouchers. Su argumento es que los vales desvían recursos, pueden beneficiar a familias que ya utilizan escuelas privadas y no siempre someten a esas escuelas a las mismas reglas.
La respuesta republicana parte de otra pregunta: si el dinero público existe para educar al niño, ¿por qué debe pertenecer obligatoriamente a la escuela asignada por su código postal?
La administración de Donald Trump ha llevado esa idea mucho más lejos. En enero de 2025 ordenó a las agencias federales ampliar la “libertad educativa” y favorecer alternativas públicas, charter, privadas y religiosas. En 2025 se creó además el primer programa federal de crédito tributario para becas K-12, que entrará en vigor en 2027. El mecanismo permite créditos de hasta US$1,700 por aportes a organizaciones que conceden becas para matrícula, tutorías y otros gastos educativos en los estados participantes.
Para sus defensores, esto rompe el monopolio de la escuela asignada. Para los sindicatos, amenaza el financiamiento público.
Aquí aparece una lección directa para la República Dominicana. La familia dominicana de altos ingresos ya tiene elección escolar. Puede pagar un colegio privado, mudarse o contratar tutores. La familia pobre, en cambio, suele tener una sola opción: aceptar la escuela que le corresponde, aun cuando durante años no produzca aprendizaje suficiente. Hablar de igualdad mientras se niega movilidad a quien no puede pagarla es una contradicción.
Eso no significa copiar mecánicamente el voucher estadounidense. República Dominicana podría experimentar con becas focalizadas para familias de bajos ingresos, convenios de gestión, centros públicos con mayor autonomía, apoyo a escuelas comunitarias o religiosas que cumplan estándares, y financiamiento que siga parcialmente al estudiante.
Pero toda alternativa debe venir acompañada de evaluación, auditoría y publicación de resultados.
Elección sin calidad no sirve; monopolio sin rendición de cuentas tampoco.
Estados Unidos también ofrece una lección positiva. Mississippi, durante décadas uno de los estados más pobres y académicamente rezagados, cambió su trayectoria después de 2013 mediante alfabetización temprana, enseñanza explícita de fonética, evaluación frecuente y apoyo intensivo a estudiantes rezagados. Entre 2013 y 2024, el porcentaje de alumnos de cuarto grado en Proficient o Advanced subió de 21% a 32% en lectura y de 26% a 38% en matemáticas.
La gran innovación de Mississippi no fue una teoría sofisticada. Fue volver a lo básico y medir si funcionaba.
Esa debería ser también la prioridad dominicana. Antes de discutir inteligencia artificial, nuevas plataformas o grandes reformas curriculares, el país debería fijarse metas sencillas y verificables: que todo niño lea con comprensión al terminar tercer grado; que domine aritmética antes de llegar al álgebra; que las escuelas publiquen resultados comprensibles; que los padres sepan si sus hijos avanzan; que los centros persistentemente deficientes sean intervenidos; y que las familias tengan alternativas cuando una escuela no mejora.
PISA 2025 ofrece además una señal de alerta sobre disciplina y asistencia. La mitad de los estudiantes dominicanos reportó haber faltado al menos un día de clases en las dos semanas anteriores a la prueba; 45% dijo haber faltado a una clase. El 40% reportó ruido y desorden en la mayoría o totalidad de sus clases de ciencias. No existe currículo capaz de compensar horas de aprendizaje que nunca ocurrieron.
Tampoco existe reforma sostenible sin los padres. Una de las ideas más sensatas surgidas del debate estadounidense es que los padres deben defender la educación de sus hijos con la misma intensidad con que defenderían su salud. Las asociaciones de padres no deberían ser ornamentales. Deberían preguntar cuánto aprendió el estudiante, cuánto tiempo efectivo recibió de clase y qué hará la escuela si está rezagado.
República Dominicana hizo bien al comprometer el 4% del PIB con educación. Pero después de años de inversión, el debate debe madurar.
El dinero es un insumo; el aprendizaje es el resultado.
Ningún ministerio, sindicato, partido o proveedor debe tener derecho a protegerse del escrutinio cuando nueve de cada diez jóvenes no alcanzan el nivel básico en matemáticas.
La lección estadounidense no es que los republicanos tengan todas las respuestas ni que los sindicatos sean responsables de todo. Es que un sistema puede gastar muchísimo, desarrollar una poderosa burocracia y seguir fallando a sus alumnos si pierde de vista quién es el verdadero cliente de la educación.
No es el ministerio.
No es el sindicato.
No es el partido.
Es el niño.
Y la prueba final sigue siendo una sola:
¿Están aprendiendo nuestros hijos?
Si la respuesta es no, el sistema es el que debe cambiar.
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