La paz también necesita mantenimiento

Una sociedad no necesita estar en guerra para comenzar a perder las condiciones que hacen posible la convivencia.

Cuando era niño, pasaba muchas tardes en la granja avícola de mi papá en San Víctor, dedicada a la producción de huevos. De aquellas tardes no recuerdo tanto la producción como el hecho de que siempre había algo que reparar. Un día se arreglaban los comederos, otro día los bebederos. Se cambiaban columnas, se reponían techos. Y en época de sequía se cavaban pozos para garantizar que hubiera agua durante todo el año.

Nadie esperaba a que un techo se cayera para cambiarlo.

En aquel momento no lo veía así, pero ahí aprendí algo que hoy me parece válido mucho más allá de una granja: lo que funciona bien sigue funcionando gracias a que alguien lo cuida antes de que falle.

Pienso en esto cuando hablamos de la paz en República Dominicana. Con todas sus dificultades, el país no vive un conflicto armado interno y ha mantenido una estabilidad nacional importante. Eso no significa que estemos libres de violencia ni que todos experimentemos la misma seguridad. Pero sí contamos con una condición valiosa que solemos dar por sentada: la posibilidad de gestionar nuestras diferencias sin que estas desemboquen en un conflicto armado generalizado. Esa realidad debería llevarnos a una pregunta menos habitual: ¿qué estamos haciendo para conservarla?

El mundo ha aprendido a reconstruir sociedades después de los conflictos. Existen programas de reconciliación, misiones internacionales y cuantiosos recursos para restablecer la convivencia donde esta se ha fracturado. Dedicamos mucha menos atención a fortalecer los vínculos sociales antes de que comiencen a deteriorarse. Aceptamos sin discusión que una carretera o un puente necesitan mantenimiento, pero rara vez aplicamos ese razonamiento a la confianza y a las relaciones entre ciudadanos.

La paz también necesita mantenimiento.

En nuestro país convivimos con diferencias económicas y sociales profundas. Hay ciudadanos que comparten una misma ciudad, e incluso un mismo barrio, pero habitan realidades prácticamente desconocidas entre sí. Sus oportunidades educativas, sus condiciones de vida y hasta su relación con las instituciones pueden ser radicalmente distintas.

La desigualdad, por sí sola, no lleva a una sociedad al conflicto. Pero cuando se combina con la falta de oportunidades, la discriminación, la desconfianza institucional y la ausencia de espacios de encuentro, puede alimentar sentimientos de exclusión y debilitar el sentido de pertenencia a un proyecto común. Una sociedad puede permanecer en calma mientras sus vínculos internos se van desgastando, como una columna que sigue en pie aunque ya no resiste lo mismo.

Por eso conviene distinguir entre la ausencia de un conflicto abierto y una paz sostenible. La primera puede existir sin enfrentamientos generalizados. La segunda exige más: confianza entre las personas, instituciones legítimas, mecanismos para resolver diferencias, oportunidades de participación y la convicción compartida de que todos tenemos un lugar en la sociedad.

Aquí aparece un concepto al que deberíamos prestar mayor atención: el capital social, entendido como el conjunto de relaciones de confianza, redes de cooperación y normas de reciprocidad que permiten a las personas actuar juntas. No elimina las desigualdades ni sustituye las responsabilidades del Estado, pero ayuda a que nuestras diferencias no se conviertan en divisiones irreconciliables.

Hemos desarrollado una cultura de respuesta ante los conflictos. Necesitamos también una cultura de prevención. Así como la salud pública no se limita a tratar enfermedades, la construcción de paz no debería limitarse a intervenir cuando la convivencia ya se ha deteriorado. Preservar la paz exige identificar y atender las condiciones que permiten sostenerla.

Y el capital social tiene una característica extraordinaria: se construye mediante experiencias cotidianas.

Cuando jóvenes de distintos entornos participan juntos en un proyecto comunitario, cuando vecinos se organizan para resolver un problema común, cuando personas de diferentes generaciones, nacionalidades o condiciones económicas colaboran como voluntarios, ocurre algo que trasciende el resultado inmediato. Personas que quizás nunca habrían coincidido empiezan a reconocerse. Descubren preocupaciones compartidas y comprueban que pueden alcanzar objetivos comunes sin pensar ni vivir de la misma manera.

No siempre habrá acuerdo, y tampoco tiene que haberlo. La convivencia democrática no exige uniformidad. Exige la capacidad de gestionar las diferencias sin deshumanizar a quienes las representan.

Nada de esto sustituye las políticas públicas que amplían oportunidades, protegen derechos y fortalecen la justicia. La cohesión social tampoco puede convertirse en una manera elegante de pedir a quienes enfrentan mayores dificultades que acepten su situación y convivan en silencio con ella. Ni se trata de ignorar las tensiones de clase, las brechas entre generaciones o los prejuicios que pueden afectar la convivencia entre personas de diferentes nacionalidades y orígenes. Preservar la paz exige atender las causas materiales de la desigualdad y, al mismo tiempo, construir deliberadamente vínculos entre personas y comunidades.

Ese segundo trabajo empieza por algo muy concreto: cambiar lo que medimos.

Hoy evaluamos el voluntariado y la participación comunitaria contando participantes, horas de servicio o personas beneficiadas. Son indicadores necesarios, pero insuficientes. Un proyecto puede rehabilitar un parque y, al mismo tiempo, reconstruir relaciones entre vecinos que antes apenas se conocían. Si solo contamos los metros cuadrados recuperados, dejamos fuera una parte fundamental de su impacto.

Propongo que financiadores, gobiernos locales, empresas y las propias organizaciones sociales incorporen preguntas distintas en sus evaluaciones: cuántos vínculos nuevos se crearon, qué prejuicios fueron cuestionados, si aumentó la confianza entre grupos y si la comunidad quedó con mayor capacidad para resolver problemas por sí misma. Es el mismo espíritu de la propuesta que presenté en mi columna “Un índice nacional de capital social para la República Dominicana”: lo que no aprendemos a mirar difícilmente aprendemos a cuidar.

Esta tarea no corresponde solo a las escuelas, aunque su papel sea fundamental. Universidades, comunidades religiosas, empresas, ayuntamientos e instituciones públicas pueden crear espacios donde personas de realidades distintas se encuentren y actúen juntas. Y podríamos dar un paso más: incorporar la preservación de la paz como objetivo explícito del desarrollo comunitario y del voluntariado. No porque estemos al borde de un conflicto, sino precisamente porque tenemos la oportunidad de actuar antes.

Durante años hemos entendido el desarrollo a través de inversiones, infraestructura y crecimiento económico. Todo eso es indispensable. Pero existe otra infraestructura, menos visible, que sostiene a las demás: la confianza, la cooperación y el sentido de pertenencia. Cuando se debilita, incluso los logros materiales se vuelven frágiles.

En la granja de mi papá no bastaba con tener agua ese día: había que garantizar que tampoco faltara mañana. Por eso se cavaban pozos, se reparaban los equipos y se reforzaban las estructuras mientras todavía cumplían su función. Con la paz ocurre algo parecido. No se hereda automáticamente de una generación a otra. Se cuida con prácticas, instituciones y experiencias compartidas que enseñan a convivir.

Preservar la paz no significa conservar intacto el estado actual de las cosas. Significa construir una sociedad más justa, más incluyente y más capaz de procesar sus diferencias sin recurrir a la violencia.

La paz no comienza a necesitar nuestra atención cuando desaparece. La necesita, sobre todo, mientras todavía la tenemos.