La Ley 147-02 de Gestión de Riesgos de Desastres es, innegablemente, una de las leyes que más interés llama la atención. Es un marco legal que estimula a sectores del área de planificación y, aún mucho más, empieza a despertar interés en otros sectores que ven en ella la posibilidad de crear una portentosa entidad nacional de prevención y reducción de riesgos de desastres.
He tenido la oportunidad de leer más de cinco anteproyectos de ley que proponen una modificación para la prevención, mitigación y respuesta de desastres en el país. Cabe indicar que soy de los que piensan que es necesaria una reforma de la Ley 147-02; sin embargo, concibo una modificación con la participación de todos los actores, no de un sector en particular.
También, considero que, mientras llega una modificación, debemos cumplir con la ley que tenemos en la actualidad. Y es por eso por lo que caminamos por las provincias del país trabajando con las gobernadoras, alcaldes, autoridades, comunidades y empresariado. Todos con ese vestido legal con el que contamos para que se aplique la ley e identifiquemos posibles mejoras para el futuro.
Sigamos fortaleciendo a los CPMR como estructuras creadas en la actual ley de gestión de riesgos de desastres
Por ejemplo, son muy pocos los municipios de nuestro país que en algún momento no han pasado por una situación difícil, quizás debido a un evento natural o humano que ha ocasionado pérdidas materiales y humanas.
Incluso, a algunas comunidades no les gusta dar un paso adelante en materia de prevención de desastres. Prefieren esperar que desde el nivel nacional se comuniquen la formación y amenaza de fenómenos naturales.
Pero no todos los líderes de provincias y municipios suelen quedarse de brazos cruzados, esperando que un fenómeno de lluvias y vientos les anegue su entorno, o un temblor de tierra derrumbe sus infraestructuras básicas de servicios.
El ser pasivo frente a la realidad de riesgos que amenacen a nuestras poblaciones ubicadas en zonas vulnerables pone en peligro a los “fuertes” y “débiles” sin que estos se enteren. Sin embargo, el cumplir con el mandato de la Ley 147-02 nos pone en el camino.
Desde hace varias semanas, las gobernadoras y algunos alcaldes están atendiendo el llamado que desde la Defensa Civil y la Comisión Nacional de Emergencias se les ha hecho para activar las mesas sectoriales de actualización y preparación de los comités de prevención, mitigación y respuesta (CPMR).
La estructura de los CPMR está definida en la ley 147-02 de gestión de riesgos de desastres y es el espacio ideal para un abordaje concreto y sistémico de las emergencias. Las gobernaciones y las alcaldías están llamadas a velar en el territorio bajo su dirección por la seguridad de la gente y los medios de producción que sustentan a la población y su desarrollo. De hecho, cuando se creó la ley de gestión de riesgos de desastres, las comunidades, en sentido general, tuvieron una representación en el Congreso Nacional.
Es por esto que cualquiera de las reformas que se presenten sobre la ley 147-02, si es una iniciativa hecha al margen de la Comisión Nacional de Emergencias y el Congreso, no tendría cabida. El refrán que dice: “Una golondrina no hace verano” encierra una sabiduría que trasciende. Expresa que una persona o grupo en particular no define una realidad completa.
Sigamos fortaleciendo a los CPMR como estructuras creadas en la actual ley de gestión de riesgos de desastres, en el territorio, espacio compuesto por las gobernadoras, alcaldes, instituciones estatales, empresarios y comunidades, hasta llegar a un proceso real de reforma.
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