Hace pocos días se anunció que el presidente de la República enviará un proyecto de "reforma" a la Ley n.º 87-01 que regula el Sistema Dominicano de Seguridad Social, el cual será presentado para discusión en el Consejo Económico y Social (CES).
La noticia causa, primeramente, sorpresa. Durante todo 2022 los actores empresariales, sindicales, partidarios, sociales y el Gobierno sesionaron en una Mesa de Diálogo del CES, en el marco del conocido proceso de las "trece reformas". De los debates, informes y resultados de aquella Mesa no se supo nunca más, y nadie ha explicado, cuatro años después, si todo aquel trabajo acaso fue en vano.
Asimismo, entre 2020 y 2026 han estado funcionando dos Comisiones Bicamerales del Congreso Nacional, con el mandato de la Ley n.º 13-20 para conocer, estudiar y proponer una modificación integral de la norma sobre Seguridad Social.
Dichas comisiones han realizado vistas públicas en todo el país, a las cuales se han movilizado todos los sectores. Asimismo, han recogido todas las propuestas existentes e incluso proyectos concretos de reforma a la ley, como el de la Coalición por la Seguridad Social Digna. Incluso, la primera Comisión Bicameral emitió su informe para ser conocido en el Congreso, aunque todo indica que terminó engavetado.
¿Acaso también todo ese esfuerzo institucional, ciudadano y los recursos implicados habrán caído en saco roto?
Pero la noticia también causa alarma, sobre todo al filtrarse la propuesta de reforma a la ley que, según figura, habrían redactado la Superintendencia de Pensiones (SIPEN) y la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL).
Según se lee en ese proyecto de 160 páginas, se propone aumentar la cotización total de un 20,1 % actual a casi 29 %; se aumentan los años de cotización y la edad de retiro; se crea la figura de "compra de cotizaciones"; añaden cotizaciones complementarias obligatorias; permitirían a las AFP invertir los fondos de los dominicanos en el extranjero; y se mantendría el régimen de que las personas coticen de forma forzosa sin contar con ninguna pensión ni tasa de reemplazo definida, dejando pensiones de miseria para las personas con discapacidad o para las que no pudieron cumplir los requisitos mínimos (que será la mayoría). Además, se pone en entredicho la vigencia y autonomía de los sistemas de pensiones de los servidores públicos y los médicos del país.
En el ámbito de la salud, el proyecto plantea un Seguro de Enfermedades Catastróficas, descargando a las ARS privadas de esta "preocupación", engrosando las cotizaciones y haciendo cargo al Estado con aquello que a los privados no es rentable. Asimismo, mantienen el plan o catálogo "básico" que impone la ley del "no te cubre" en contra de la salud de las personas.
Para rematar, se le quita a SENASA la afiliación obligatoria de los empleados públicos (como manda la ley y ratificó el TC en 2018) y se legaliza la mercantilización abierta de las contrataciones y recursos públicos que ponemos todos en SENASA (que hasta ahora se ha hecho de facto), hundiendo definitivamente a los servicios públicos de salud en el abandono y la desfinanciación.
En conclusión, lo que menos necesita el sistema de Seguridad Social es un pie en el acelerador con la palanca en reversa, y eso es lo que sería un intento de reforma que descarte seis años de debate, aportes y propuestas de la sociedad, y que consagre más poder empresarial, mercado, privatización y ganancias a costa de los derechos fundamentales de las personas.
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