Oro o agua

El tema de la minería metálica a cielo abierto o subterránea ha movilizado la sociedad dominicana. El caso de la empresa canadiense Goldquest, y su proyecto aurífero en Romero, en la provincia de San Juan, enclavado en la cordillera Central, ha hecho crisis en amplias capas de la sociedad dominicana. Pero hay varios territorios más a la espera de permisos de explotación. Unigold, subsidiaria de Barrick Gold, espera la licencia ambiental y el correspondiente contrato de explotación con el Estado, para desmontar un área más grande que el contenido en la reserva fiscal de Sánchez Ramírez.

¿Oro o agua? El proyecto en cuestión pone en entredicho las aguas de la cuenca del río San Juan, tributario de la cuenca del Yaque del Sur. Con las evidencias de la contaminación producida por la Barrick Pueblo Viejo en la provincia de Sánchez Ramírez, y la cantidad de metales pesados que son vertidos a la presa de Hatillo que recoge las aguas del río Yuna, este proyecto de Romero pone las alertas en rojo. La población de San Juan se movilizó masivamente, como también lo hizo la población de Monte Plata y el país contra otra «presa de colas», que era un depósito de veneno.

La cuenca de la presa de Hatillo es el embalse de agua dulce más grande del Caribe insular. Inaugurada en 1984, es una infraestructura clave para la regulación de las inundaciones, la generación de electricidad (8 MW) y el riego agrícola de unas 2200 hectáreas del Valle de San Juan. Todo el sur dominicano, en las provincias de Barahona, Azua, Bahoruco, Elías Piña e Independencia, depende de esa agua para el uso humano y el riego.

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La isla de Santo Domingo tiene unos sistemas de producción de agua y valles intramontanos de una riqueza única. Una isla de unos 77 000 kilómetros cuadrados, y con 23 millones de habitantes entre las dos repúblicas que en ella habitan, el uso de la tierra es fundamentalmente para fines agrícolas y ganaderos, con una presión demográfica de casi 300 habitantes por kilómetro cuadrado. Las dos naciones que conforman la isla de Santo Domingo o isla de Haití tienen unos 11 millones y medio de habitantes cada una, aproximadamente. Con cuatro cadenas montañosas —la cordillera Septentrional, con la que chocan los vientos alisios venidos del Atlántico; la cordillera Central; la sierra de Neiba, y la sierra de Bahoruco—, y los vientos alisios que controlan y afectan el clima, las cordilleras y sierras son literalmente fábricas de agua de las lluvias. Particularmente la cordillera Central, que delimita los valles del Cibao y de San Juan, la preservación de esos ecosistemas es fundamental para el agua, la agricultura y la autosuficiencia agrícola y pecuaria de la población. Entonces, la pregunta se vuelve pertinente: ¿oro o agua?

El valle del Cibao y el valle de San Juan son los ecosistemas más importantes para la producción agrícola. A mediados de la década de los años 1960, la cobertura boscosa de la parte dominicana de la isla (unos dos tercios) apenas llegaba al 11 % de la superficie total, según el PNUMA, con una vocación morfológica del 70 % de la superficie que debería estar dedicada a bosques. La política de prohibición de la tala, la quema y los aserraderos, más el programa de masificación del uso del gas licuado de petróleo (GLP), permitió a la parte dominicana de la isla aumentar la superficie boscosa de sus cordilleras. Según las informaciones actuales, la República Dominicana tiene más de un 50 % de su superficie cubierta por bosques tropicales, parques nacionales, áreas protegidas y reservas científicas. La cifra oficial del Ministerio de Medio Ambiente es del 43 %.

A pesar de todos los aspectos negativos de los gobiernos del expresidente Joaquín Balaguer —violación de los derechos humanos, persecución política, fraudes electorales, crímenes abominables como el de Amín Abel Hasbún, Amaury Germán Aristy y el coronel Francisco Caamaño Deño, entre los más relevantes, y entrega de la soberanía nacional a los intereses de Washington—, el aspecto de preservación de bosques y cambio de la matriz energética de hogares, de carbón vegetal a GLP, ha permitido que más de 60 años después sea visible el cambio.

Por ello, el país debe preservar como algo esencial sus bosques y sus ríos, incluso llevarlos al 60 % de la cobertura total del país, verdaderas fábricas de agua para la vida y la preservación de la agricultura y la seguridad agroalimentaria. Los valles intramontanos que tenemos hay que preservarlos. Por ello somos partidarios de la prohibición total de la minería metálica en el país. Varios países la han adoptado. El Salvador, Costa Rica y Portugal han prohibido la minería metálica como forma de preservar la tierra y los ecosistemas. La República Dominicana, como una nación de apenas 48 000 kilómetros cuadrados, con un aumento creciente de la población y un uso creciente también de suelos con vocación agrícola hacia usos urbanos o industriales, requiere urgentemente un plan nacional de ordenamiento territorial. No podemos seguir tragándonos tierras agrícolas para ciudades o proyectos mineros. Mucho más vale el agua y los ríos que destruir ecosistemas para sacar por unos años oro, plata o cobre. No somos Chile, que tiene cientos de miles de kilómetros cuadrados, ni Perú, Argentina o Bolivia. El ratio tierra/población es demasiado alto en la isla, tanto del lado dominicano como del lado haitiano. Por ello debemos pensar con equidad en la prohibición de la minería en nuestro país, como han hecho otros países con territorio limitado y alta población.