Un total de ocho musulmanes acaban de conseguir escaños en el Congreso de Estados Unidos: cuatro recién elegidos —entre ellos Darializa Ávila Chevalier, una destacada joven dominicana convertida al islam— y otros cuatro que fueron reelegidos. Se trata de un avance histórico para la representación política de esta comunidad, tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes.
Todos ellos son personas calificadas que han bregado por avanzar en una sociedad democrática y pluralista, donde en la práctica ambos conceptos tienen sus límites. El predominio de un sistema bipartidista y la gran influencia del financiamiento privado en las campañas limitan la participación de las minorías étnicas y los sectores desfavorecidos; a su vez, la discriminación racial se erige en barrera para su movilidad social y política.
Pero esto no ha impedido que estos hijos de la inmigración, a fuerza de batallar, hayan conquistado espacios en esa sociedad, incluyendo las altas esferas del poder político.
Quienes han logrado llegar hasta allí no solo tienen la responsabilidad de obrar en beneficio de sus comunidades, sino también de apoyar a las personas y grupos que en sus respectivos países se baten a diario por el respeto de los derechos humanos, casi siempre poniendo en peligro sus vidas.
De entrada, aclaro que el tema de los derechos humanos en el mundo arábigo-musulmán y en los países donde el islam es religión de Estado es sumamente complejo. Mientras en Occidente los derechos de la persona reposan sobre una concepción individualista, en el islam estos derechos fundamentales emanan de Alá.
No obstante, el mundo musulmán dista mucho de ser homogéneo; la situación varía considerablemente de un Estado a otro.
En algunos casos, la legislación reposa en un complejo equilibrio entre los sistemas jurídicos modernos —principalmente inspirados en el common law— y la sharia (ley islámica).
Se tiene también el caso de Túnez, que ha realizado reformas progresistas; Marruecos, con una reforma dirigida a conciliar los principios constitucionales de igualdad y las referencias al islam; y otros donde se mantiene una aplicación estricta de la jurisdicción tradicional.
En estos últimos países, la legislación islámica lo regula todo: los matrimonios, la guarda de los niños, las herencias… Es precisamente allí donde las tensiones entre las convenciones internacionales —como la Declaración Universal de los Derechos Humanos— y las legislaciones nacionales inspiradas en la sharia son más marcadas.
En estos lugares, juristas, teólogos progresistas, feministas y militantes por los derechos humanos luchan a diario por impulsar reformas que concilien la ética musulmana con los estándares internacionales de libertad e igualdad.
Todas estas personas y grupos deberían ser los aliados naturales de los musulmanes que ocupan un asiento en el Congreso de los Estados Unidos; su causa debería ser asumida como propia.
Dos de los factores que más han contribuido a alimentar la xenofobia contra los musulmanes, tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo no islámico, son precisamente la lamentable situación de los derechos humanos en el mundo islámico y los desafueros de grupos extremistas que se proclaman fieles seguidores del islam.
Combatir estas dos desgracias desde las más altas esferas del poder de la primera potencia mundial contribuiría a hacer avanzar su caus
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