Movilidad responsable y asegurada

Por más de dos décadas, las transformaciones digitales han prometido un nuevo orden urbano. No obstante, en países como la República Dominicana la movilidad permanece atrapada entre tecnologías que avanzan más rápido que la regulación y una institucionalidad que aún no aprende a trabajar con la iniciativa privada como aliada y no como espectadora.

La conversación sobre la movilidad responsable —esa que no se reduce a flujos vehiculares, sino que integra aseguramiento, trazabilidad, prevención y equidad— ha estado ausente de las prioridades nacionales. A pesar de avances fragmentados, el resultado sigue siendo el mismo: sistemas desconectados, baja cobertura de seguros obligatorios, informalidad estructural, y una ciudadanía que, entre el caos y la costumbre, sobrevive al tránsito como si fuera una batalla diaria.

Ya en 2015 advertíamos que la innovación antecede a la regulación. Las plataformas digitales de transporte como Uber o DiDi optaron por “pedir perdón y no permiso”, catalizando el marco jurídico sin tener que esperar a que el Estado comprendiera del todo el proceso de transformación, pero tampoco encontrando una respuesta clara que acompañara su irrupción. En lugar de repensar el sistema, se insistió en regulaciones técnicas que agravaron la confusión. El problema no fue la tecnología, sino la ausencia de una visión común y de un lenguaje compartido entre quienes diseñan políticas y quienes ejecutan soluciones.

En ese contexto, las alianzas público-privadas (APP) se han invocado con entusiasmo, pero aplicadas con timidez. La experiencia internacional muestra que cuando el Estado permite que lo privado co-construya, se acelera la transformación. Estonia lo demostró con su sistema de identidad digital interoperable, donde bancos y empresas son parte activa de la arquitectura estatal. Aquí, en cambio, las APP suelen convertirse en fórmulas cerradas, gestionadas entre los mismos actores de siempre, con beneficios concentrados y resultados limitados.

No es un problema de capacidad técnica. La digitalización del sector asegurador, por ejemplo, ha sido eficiente gracias a procesos bien definidos y a su capacidad de adaptación frente a nuevos modelos. El problema radica en la falta de una gobernanza compartida, donde la tecnología no solo se implemente, sino que se integre bajo principios de trazabilidad, equidad y responsabilidad social.

En este contexto de fragmentación institucional, emerge una arquitectura regulatoria robusta que puede transformar radicalmente el ecosistema de movilidad. La convergencia de la Ley 247-12, Orgánica de la Administración Pública, con el Marco Nacional de Interoperabilidad Gubernamental (Decreto No. 92-22) y las actualizaciones de la NORTIC A4:2024, configura un entorno institucional sin precedentes para la integración sistémica.

El sector asegurador se encuentra en una posición estratégica privilegiada para liderar esta transformación. La Plataforma Única de Interoperabilidad, basada en tecnologías API y X-Road, permitirá el intercambio automatizado de datos entre aseguradoras, DGTT, DIGESETT y Superintendencia de Seguros, implementando el “principio de una sola vez” que elimina la reiteración de documentos ciudadanos. La certificación obligatoria bajo NORTIC A4:2024 —con validez de dos años— establece estándares técnicos (APIs RESTful, protocolos Zero Trust) que garantizan intercambio seguro y eficiente.

Cualquier solución digital, sea pública o mixta, debe asegurar su integración con el ecosistema de datos estatal para evitar fragmentación y fortalecer la confianza ciudadana. De lo contrario, se corre el riesgo de multiplicar los silos digitales, generando experiencias contradictorias para el ciudadano y debilitando los esfuerzos de transformación estructural.

Esto puede provocar una tensión estructural importante entre dos lógicas que coexisten en el diseño institucional actual: la lógica de la interoperabilidad centralizada desde el Estado y la lógica de proyectos APP (Alianzas Público-Privadas) con componentes tecnológicos. Gestionar esa tensión con criterios de eficiencia, equidad y sostenibilidad será uno de los grandes desafíos de los próximos años.

Para el sector asegurador, esta arquitectura significa capacidades transformacionales concretas: verificación instantánea de registros vehiculares, validación automática de licencias de conducir, intercambio de historial de siniestralidad en tiempo real y coordinación preventiva con autoridades de tránsito. La Resolución No. 073-2025 del MAP profundiza esta arquitectura mediante comités interinstitucionales que definirán dominios específicos de interoperabilidad, creando un ecosistema donde la trazabilidad, la prevención y la respuesta coordinada dejan de ser aspiraciones para convertirse en capacidades operativas verificables.

Esta convergencia normativa posiciona a la República Dominicana en la vanguardia regional del gobierno digital aplicado al sector movilidad, transformando fundamentalmente la relación entre aseguramiento, regulación y experiencia ciudadana.

Hoy, hablar de aseguramiento vehicular no puede limitarse a exigir un papel. Debe tratarse como un sistema de protección financiera que se activa antes del siniestro, que previene, que educa, que se conecta con plataformas de control y datos en tiempo real. Requiere voluntad política, interoperabilidad, y una nueva lógica de corresponsabilidad: si los riesgos son compartidos, también deben serlo las soluciones.

Sin articulación entre quienes diseñan las leyes, quienes fiscalizan, quienes aseguran y quienes educan, la movilidad seguirá siendo un conjunto de esfuerzos aislados que apenas logran contener el desorden. Es necesario construir un marco común que integre la educación vial, la innovación tecnológica, la regulación efectiva y el aseguramiento obligatorio, no como piezas sueltas, sino como parte de un ecosistema coherente, enfocado en el ciudadano.

La educación no puede seguir siendo una tarea secundaria. La fiscalización no puede quedarse atrás de la tecnología. La regulación no puede operar con lógicas del siglo pasado. Y el seguro no puede verse como un simple requisito legal, sino como un mecanismo de estabilización económica y protección social que da respaldo al sistema en su conjunto.

Es momento de dejar atrás las conversaciones en paralelo. La experiencia acumulada —tanto en el sector público como en el privado— ya no puede desperdiciarse en diagnósticos repetidos. Lo que se necesita es la disposición a convertir esa experiencia en decisiones compartidas, con voluntad de ejecución y visión de futuro.

Porque la movilidad segura y responsable no depende de una sola institución, ni de una industria en particular. Requiere de todos los actores que inciden en el tránsito, en la seguridad vial, en el cumplimiento legal y en la protección financiera. Y más que mesas de trabajo, se necesitan compromisos que se traduzcan en acciones viables. No para dentro de un año. Para construir el mañana.