La reforma fiscal camuflajeada y soterrada, que sometió al Congreso Nacional el presidente de la República, Luis Abinader, bautizada como «Medidas procrecimiento económico y mitigación de la crisis internacional», la cual procuraba obtener un ingreso extraordinario entre cuarenta y cincuenta mil millones de pesos, fue sometida y aprobada de urgencia, al vapor, en dos lecturas consecutivas por ambas cámaras legislativas (senadores y diputados), sin que se consideraran las sugerencias y recomendaciones de los partidos de oposición y de los distintos sectores sociales. Se espera que la suma que se recaudará será mucho mayor que lo anunciado.
La ley fue promulgada por el Poder Ejecutivo con el número 30-26, en tiempo récord, en menos tiempo que lo que duraría una cucaracha en un gallinero, pues la misma era esperada con ansiedad, por lo que ya era la crónica de una muerte anunciada.
Este proyecto de reforma fiscal ha sido cuestionado por los partidos de oposición, por el hecho de que la administración del presidente Abinader ha sido la que más dinero ha manejado, pero que lo ha dilapidado en gastos corrientes (nóminas y publicidad excesivas, pensiones exorbitantes inmerecidas, en un festival de subsidios sociales, viajes y en pagos de los intereses de la deuda externa).
Dichos partidos consideran que el propio gobierno ha manifestado en varias oportunidades que ahora los recursos les rinden mucho, porque en su gobierno han aumentado las exportaciones, las recaudaciones de la Dirección General de Aduanas (DGA), de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), el flujo de turistas, el envío de remesas, la producción agrícola, entre otras, por lo que, siendo así, la aprobación de esta reforma fiscal no tenía razón de ser.
Además, la misma fue sometida cuando el barril de petróleo está bajando de precio, debido al acuerdo de paz firmado entre los Estados Unidos, Irán e Israel, lo que ha permitido la reapertura del Estrecho de Ormuz, que es la vía por donde se transporta el 20 % del petróleo global. Sin embargo, los precios de los combustibles, al mismo tiempo que fueron aumentados, fueron congelados por tres meses, siempre que el barril del petróleo se sitúe por encima de los 95 dólares.
En la actualidad, el barril West Texas se encuentra en 80 dólares y el Brent, a 75, por lo que dicha reforma debió esperar, ser modificada y realizar una rebaja a los precios de los combustibles, pues ya las razones que la originaron no se corresponden.
Desde el inicio del conflicto bélico en el Medio Oriente, el gobierno ha aumentado los precios de los combustibles por encima de los 50 pesos. Se espera que, cuando entre en vigor la presente ley, el gas licuado de petróleo (GLP) aumentará de precio en los próximos días, con lo que, una vez más, el costo del sacrificio y el peso de la crisis económica recaerán, como siempre, sobre los sectores menos pudientes, los más empobrecidos, ya que los impuestos que se aprueban son transferidos al consumidor.
Según los expertos en economía, la administración de Luis Abinader, en apenas seis años, ha endeudado más al país que todos los gobiernos juntos, desde la fundación de la República Dominicana en el año 1844 hasta nuestros días. En la actualidad, la deuda externa de nuestro país sobrepasa los 82 mil millones de dólares. En lo que va de año, el gobierno ha tenido que desembolsar más de 180 mil millones de pesos en pagos de intereses por dicha deuda.
Aunque supuestamente, varios de los impuestos aprobados son de manera provisional, la práctica ha demostrado que todos se mantienen para siempre, como ocurrió con el 0.15 % sobre las transferencias bancarias, el anticipo del impuesto sobre la renta, el 1 % sobre el valor de los activos de las empresas, el 10 % sobre las operaciones bancarias (intereses de los certificados), entre otros.
El gobierno pudo haber obtenido muchos más ingresos si hubiese gravado las más de 80 mil bancas de loterías y apuestas existentes, muchas de ellas ilegales; sin embargo, les redujo el pago de los impuestos que se tenían previstos, de 120 mil pesos por banca a 85 mil, una diferencia de 35 mil pesos.
En nuestro país se juegan 400 millones de pesos diariamente; al mes, 12 mil millones; al año, 144 mil millones de pesos. Además, si se hubiesen gravado las placas de todos los vehículos de lujo de alta gama, lo que significa una gran injusticia, que un vehículo utilitario, sencillo, de bajo cilindraje, pague igual que uno de lujo, de alto cilindraje, de uso exclusivo; estimar los impuestos de los negocios informales, reconocidos como difíciles de gravar, a través de las compras a proveedores formales; perseguir la evasión fiscal, la cual ronda el 45 % del PIB, según la propia DGII; obligar la devolución de los recursos distraídos por los funcionarios condenados por actos de corrupción, entre otras medidas.
Desgraciadamente, todas las reformas fiscales, llámese como se llame, por más sencillas que parezcan, terminan siempre aumentando el costo de la inflación y de los productos de la canasta familiar. Que Dios nos tome confesados.
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