Cuando se establece, a partir de estudios especializados, que la explotación de una mina o de algún recurso natural no renovable es económicamente rentable, lo primero que motiva dicha explotación es la cantidad de divisas que puede generar. Estas provienen tanto de los impuestos pagados al Estado por la empresa operadora —generalmente extranjera— como de los ingresos futuros por la exportación de dichos recursos.

Si observamos cómo ha sido la explotación minera en la República Dominicana, que se inicia en el período precolombino antes de 1492 y continúa hasta 1525 —cuando se extraía oro aluvial de los ríos de forma natural—, encontramos que resurge nuevamente a mediados del siglo XX, ya con nuevas tecnologías. En un apretado resumen, desde la llegada de los españoles a nuestra isla, entonces denominada La Española, se puede observar lo siguiente:

Mineral Principal Ubicación Histórica/Actual Período de Mayor Explotación
Oro y Plata Pueblo Viejo (Cotui), ríos aluviales Colonial (1495-1525), Moderno Rosario Dominicana,  partir 1975 y hasta 1999, año 2012 Barry Gold
Níquel (Ferroníquel) Bonao (Falconbridge/Falcondo) Década de 1970 – Presente
Bauxita Pedernales (Alcoa Exploration Company, Dovenco) Mediados del Siglo XX – Presente
Cobre Pueblo Viejo, Cerro de Maimón Moderno (Siglo XXI)

Fuente: El oro en la historia dominicana. Frank Moya Pons, año 2016.

Desde el punto de vista económico, uno de los aspectos más destacados de la explotación minera es su aporte al Producto Interno Bruto, que en los períodos de mayor auge ha representado entre el 1% y el 3% del PIB, con un pago del 25% por concepto de Impuesto sobre la Renta (ISR). También se suele mencionar como punto positivo la generación de empleo, sobre todo para ingenieros, técnicos y obreros especializados, así como para actividades relacionadas con el transporte y las obras de infraestructura en las comunidades donde operan las empresas transnacionales.

Sin embargo, a pesar de los aportes económicos que la minería ha generado tanto al Estado como a las comunidades donde se instala, estos beneficios suelen ser de corto y mediano plazo. Una vez agotado el mineral, desaparecen.

El caso más evidente es el de la mina de bauxita en Pedernales, explotada por la empresa estadounidense Alcoa Exploration Company entre 1959 y 1982/83. Durante esos años (1960-1970), la actividad minera generó divisas, cientos de empleos para la provincia de Pedernales y zonas aledañas, así como un incremento en los niveles salariales. Además, se habilitó el puerto de Cabo Rojo, se construyeron 33 kilómetros de carreteras, plantas de energía y viviendas, principalmente para responder a las necesidades logísticas de la mina.

Pero, una vez agotados los yacimientos y concluida la producción, Pedernales volvió a ser una de las provincias con mayor nivel de pobreza de la República Dominicana. Junto a Elías Piña e Independencia —que conforman la subregión Enriquillo— mantienen en 2024 niveles de pobreza superiores al 30%, frente a un promedio nacional del 19%. A ello se suma un impacto ambiental negativo: deterioro del paisaje, erosión del suelo por los cráteres dejados por la explotación a cielo abierto, contaminación de costas, polvo que afectaba la calidad del aire y la vegetación, así como un pasivo ambiental debido a la deforestación. Todo ello persiste pese a las inversiones realizadas por el Estado durante casi cuatro décadas desde el cierre de la mina. Un efecto adicional ha sido la degradación de la sierra de Bahoruco, que ha afectado significativamente el ecosistema de la zona.

En el caso de la mina de oro en Sánchez Ramírez, primero bajo la operación de Rosario Dominicana y luego de Barrick Gold, los beneficios económicos de mediano plazo se han visto acompañados de problemas ambientales, como la contaminación hídrica y el drenaje ácido de roca. Este proceso libera ácido sulfúrico que llega al aire y a las aguas, afectando las tierras agrícolas que requieren de suelos no contaminados para los cultivos y el consumo. Las presas de colas, que almacenan material contaminante, también representan una amenaza para la salud y la producción agrícola.

Jairo Sánchez, en un artículo publicado en el periódico El Dinero, describe así la situación de Sánchez Ramírez:

“La pobreza está por doquier. Los barrios de Cotuí, con excepción de los llamados ‘ensanches’, están llenos de pobreza, con calles en mal estado, basura, aguas residuales sin canalizar y un cúmulo de obras por realizar que generan cuestionamientos sobre la forma en que se utilizan los recursos que genera la minería”.

Por todo lo anterior, se plantea la necesidad de hablar de "minería responsable", que beneficie económicamente al país y, en particular, a las comunidades donde opera, pero que al mismo tiempo sea sostenible ambientalmente a mediano y largo plazo.

Juan E. Taveras Vargas

Juan E. Taveras Vargas Economista y profesor universitario UASD. Masters en negocios y relaciones económicas internacionales, masters en políticas publicas y globalización, especialidad en docencia virtual Especialista en planificación estratégica y formulación de proyectos. Promotor cultural.

Ver más