En República Dominicana, el debate sobre la explotación minera se ha reavivado con el Proyecto Minero Romero, en la provincia de San Juan de la Maguana, promovido por GoldQuest Dominicana. A diferencia de proyectos ya operativos como Pueblo Viejo (Barrick Gold), Romero se encuentra en etapa de exploración avanzada y estudio de impacto ambiental. Sin embargo, las persistentes denuncias de comunidades rurales y urbanas afectadas por la minería nos enfrentan a una pregunta central: ¿puede una tecnología extractiva ser compatible con el desarrollo sostenible y la conservación ambiental, especialmente en una zona de vocación agrícola e hídrica sensible?
Según la empresa GoldQuest Dominicana, el Proyecto Romero se manejará bajo un enfoque responsable: no utilizará cianuro ni mercurio en el proceso de extracción y procesamiento del material. Los relaves —residuos del procesamiento— serán filtrados, secados y depositados en una instalación de almacenamiento en seco. No obstante, estas afirmaciones pertenecen aún al plano teórico o de diseño preliminar. Un estudio de impacto ambiental integral, riguroso e independiente debería revelar cuáles serían los impactos reales sobre el agua, el suelo, la biodiversidad y la salud humana, así como su ubicación exacta y magnitud. Pero lo cierto es que, pese a los contactos de la empresa con las comunidades afectadas, estas no parecen convencerse de las bondades y beneficios que el proyecto supuestamente generará. La desconfianza crece ante la ausencia de información vinculante y de mecanismos claros de participación ciudadana.
El libro La compleja existencia de la tecnología (Cuello, C., 2012: Banco Central de la República Dominicana) ofrece herramientas para responder sin caer en simplismos. En su enfoque nos recuerda que ninguna tecnología es neutral, como vienen alegando algunos apologetas del proyecto. Cada máquina, cada proceso químico de lixiviación (incluso sin cianuro), cada presa de relaves —aunque sea en seco—, cada perforación, cada concesión minera lleva consigo un ethos: una forma de ver el mundo y de valorar lo que se gana frente a lo que se sacrifica.
En el caso dominicano, los sacrificios están a la vista. Comunidades cercanas a proyectos mineros activos denuncian afectación de ríos y acuíferos, pérdida de suelos fértiles para la agricultura y enfermedades asociadas a metales pesados. En el contexto del Proyecto Romero, la preocupación se centra en que San Juan de la Maguana es una zona de alta producción agrícola (habichuelas, maíz, guandul, café) y de recarga hídrica para presas como la de Sabaneta. La tecnología minera moderna, incluso sin cianuro ni mercurio, puede ser eficiente para extraer oro, cobre y plata, pero también genera pasivos ambientales que durarán siglos: drenaje ácido de roca, consumo intensivo de agua, compactación de suelos, ruido, polvo y fragmentación del territorio.
El libro citado advierte sobre el "inmediatismo remedial": la tendencia a resolver un problema inmediato (ingresos fiscales, empleo, divisas) sin evaluar consecuencias de largo plazo. Desde esta perspectiva, el Proyecto Romero se presenta como "la solución" al subdesarrollo de San Juan, pero oculta que podría destruir la base misma de otros sectores productivos: el agua y el suelo. ¿De qué sirve el oro si después no hay agua para regar ni tierra para sembrar?
¿Qué dice la ética ambiental? Que el desarrollo económico no puede sostenerse sobre territorios envenenados o degradados. La agricultura familiar campesina, los acuíferos que abastecen a San Juan de la Maguana y comunidades aledañas, los ecosistemas que regulan el clima y el ciclo del agua no son externalidades: son condiciones de posibilidad de la vida y de cualquier economía duradera. Tecnologías que los destruyen no son sostenibles, por más oro o cobre que extraigan.
Frente a esto, surge una lección fundamental: la tecnología no es un destino, sino una mediación y, por último, una decisión. Existen tecnologías más limpias de extracción —aunque ninguna es inocua—, normas más rigurosas, monitoreo participativo, auditorías independientes y mecanismos de reparación previa y continua. El problema no es la minería en abstracto, sino: ¿qué tipo de minería, bajo qué reglas, con qué participación ciudadana, y con qué mecanismos de reparación efectiva?
República Dominicana —y en particular San Juan de la Maguana— enfrenta un dilema ético profundo: elegir entre un modelo extractivista de corto plazo, representado por el Proyecto Romero tal como está planteado hoy, o una transición hacia tecnologías y economías que regeneren, no destruyan. El agua y el suelo no tienen precio. En entornos insulares como el dominicano, ya hace tiempo que dejaron de ser recursos renovables. Sin ellos, no hay agricultura, ni turismo, ni vida posible.
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