Para entender la situación de los bosques o montes en el siglo XIX en nuestras islas caribeñas, hay que reconocer que España, como estado, era desde siglos antes una consumidora extrema de madera; debido al uso de la biomasa del bosque como combustible para la minería, su arquitectura real-monumentalista e industria naval, entre otros factores. Por ejemplo, un buque de la armada que tuviera entre 70 y 80 cañones, para la época, requería entre 2,574 y 3,516 árboles[i], citando Al Dr. Gaspar Aranda y Antón, constituyendo así lo que este estudioso de la industria naval de la Real Armada española, llamó auténticos “bosques flotantes”.
Según el cálculo de Ramón de la Sagra en 1831, la demanda tradicional de carbón fue de 2,318,040 sacos. Y señala también que solo La Habana, para el año 1819, consumió 421,460 sacos[ii], una situación que República Dominicana no vivió en la misma magnitud que Cuba.
Recordemos que la presencia de Fernando Layunta en tierra dominicana en 1861, como se indicó en la tercera entrega de esta serie, parecía ser un indicador de que España buscaba nuestros bosques, aprovechando la ocupación tras la traición a la patria liderada por Pedro Santana.
Los países colonialistas, que se disputaron el Caribe desde 1492, impusieron un régimen de producción devastador en sus islas con la producción agrícola, especialmente de caña, café y cacao, cuyo mercado se orientaba al ámbito internacional, lo que conllevó a la tala de montes, esenciales para los servicios de agua, clima o ambiente y suelos, fragmentando el equilibrio entre la población, producción y naturaleza; y aceleró la descomposición comunitaria inherente a este tipo de relaciones productivas precapitalistas tanto de poblaciones originarias y del campesino criollo.
En Santo Domingo predominaron las relaciones de producción oligárquicas patriarcales tras el fracaso de la industria azucarera del siglo XVI y durante la segunda mitad del siglo XVIII, tal como señaló Juan Bosch en su libro Composición Social Dominicana; relaciones patriarcales que perduraron por siglos y que, a nuestro entender, permitieron un mayor nivel de sostenibilidad ambiental durante las primeras seis décadas del siglo XIX, en comparación con otras islas caribeñas cuyas formas de producción orientadas al mercado internacional agotaron sus montes y suelos.
La obra del padre Jean Baptiste Labat (1663-1738), resalta que, a principios de 1700, las posesiones francesas insulares habían perdido todos sus montes, destacando únicamente la abundancia forestal después de cruzar el Artibonito hacia el este de la isla La Española[iii].
Las posesiones inglesas en el Caribe lograron mantener la productividad de los suelos empobrecidos mediante el uso de guano (estiércol de aves marinas) como abono natural, el cual obtenían de Perú; en cambio, Estados Unidos, tras haber perdido la fertilidad de sus predios por el desmonte y la erosión que practicaban los agricultores (Farmer), buscó guano en la República Dominicana y otras “islas abandonadas” para transportarlo al continente americano. Dicha práctica, en la década de 1860, generó grandes trastornos ambientales en el bosque isleño de Alto Velo (territorio dominicano) y provocó una significativa crisis política y diplomática entre ambos países[iv].
Las islas caribeñas, junto con las pequeñas posesiones de Inglaterra y Francia, así como España, sufrieron los embates de un sistema enfocado en generar riquezas para sus respectivas clases emergentes a costa de los suelos fértiles, los bosques y las aguas interiores que cubrían el Caribe insular. Esto ocurrió sin considerar el componente de explotación inhumana de la fuerza de trabajo, dejando como resultado la deforestación más patética y una mínima recuperación de la biodiversidad de los ecosistemas forestales del Caribe, a tal punto que, a algunos países, como por ejemplo Haití, casi 200 años después, se les ha hecho difícil de revertir el daño a su foresta.
La Española (Dominicana y Haití), Puerto Rico y Cuba fueron perdiendo sus bosques, y no siempre fue por falta de normativas o voluntades políticas, ya que estas existieron. Sin embargo, los conflictos de intereses de sectores socioeconómicos emergentes, como la sacarocracia u oligarquía esclavista capitalista (Bosch), documentada por historiadores como Roberto Cassá, Moreno Fraginals y otros, prevalecieron beneficiándose los particulares en detrimento de naciones enteras.
El surgimiento temprano de Provisiones reales, leyes de carácter general; Reales Cédulas, que tuvieron un carácter particular con los montes; Instrucciones, leyes que regulaban los funcionarios relacionados con la gestión los montes; Reales Ordenanzas que regulan a las instituciones y su relación con los bosques, indica que hubo base jurídica y hasta voluntad, pero no una vocación de sostenibilidad para gestionar los recursos forestales[v].
Las restricciones impuestas en Cuba para el aprovechamiento de los bosques, lejos de garantizar su protección, terminaron descuajándolos. Las estrictas leyes forestales generaron conflictos entre los propietarios de tierras que dependían de la explotación de los recursos naturales y aquellos que buscaban su conservación. Sin embargo, la población campesina y los pequeños propietarios fueron los más afectados, pues sufrieron abusos por parte de las autoridades de la Junta de Madera, que penalizaba severamente la tala de árboles sin permiso. Mientras tanto, otros actores, bajo el amparo del Real Consulado, lograban deforestar miles de hectáreas, respaldados por la idea de que los bosques no se agotarían a pesar del desmonte[vi] impulsado por las nuevas fuerzas socioeconómicas emergentes.
Santo Domingo, por voluntad de España quedó abandonado y, aunque se explotó el bosque de forma desordenada, no vivió un cambio cuantitativo en el uso del suelo para la agropecuaria intensiva y extensivas, lo que permitió que en esta parte de la isla La Española los bosques sobrevivieran hasta el siglo XIX sin grandes pérdidas fuera de las llanuras y galerías de ríos, propiciando esto una gran regeneración natural del ecosistema forestal; no obstante, de haberse incrementado la deforestación en las últimas décadas de ese siglo, como veremos en la próxima entrega.
[i] Martínez González, A. (2014). La Elaboración de la Ordenanza de Montes de Marina, de 31 de enero de 1748, base de la política oceánica de la monarquía española durante el siglo XVIII). (https://estudiosamericanos.revistas.csic.es/index.php/estudiosamericanos/article/view/633/636)
[ii] De La Sagra, R. (1838). Historia Física Política y Natural de la isla de Cuba. Tomo I. en la Librería de Arthus Bertrand. Librero de la Sociedad de Geografía. Pág. 299. Se puede leer en https://bibdigital.rjb.csic.es/idurl/1/9988.
[iii] Labat, J. Viajes a las Islas de América. (1979). Antología de escritos del científico y aventurero francés sobre el Caribe insular. Casa de Las Américas, Habana.
[iv] (Tansill, C. (1977). LOS ESTADOS UNIDOS Y SANTO DOMINGO 1798-1873. UN CAPITULO EN LA DIPLOMACIA DEL CARIBE. Prestar atención al capítulo VIII: JERMIAH BLANK APRENDE QUE LA DIPLOMACIA ES EL “OFICIO SINIESTRO”. Editora Santo Domingo, S.A. Santo Domingo. Del autor de estas entregas recomiendo “Te hablo de Alto velo”: https://chinchilina.blogspot.com/2011/04/te-hablo-de-alto-velo-3-de-3.html
[v] Martínez González, A. (2014) https://estudiosamericanos.revistas.csic.es/index.php/estudiosamericanos/article/view/633/636
[vi] La Sagra, R. (1861:66 y 67). Historia Física Política y Natural de la isla de Cuba. Suplemento a la sección Económica-política. En Cuba 1860 (1861:69), cita a varios propietarios que vieron con asombro como se destruía el recurso bosque. Librería de L. Hachette, París. (https://bibdigital.rjb.csic.es/idurl/1/9988)
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