La educación es la inversión más estratégica que puede hacer un país. De ella depende que las próximas generaciones cuenten con las herramientas necesarias para construir un futuro con más oportunidades, menos desigualdad y mayor competitividad. Sin embargo, en la República Dominicana, esa inversión histórica de los últimos cinco años ha sido gestionada sin visión ni impacto, desperdiciando recursos y dejando sin respuesta los problemas estructurales del sistema educativo.
Aunque el presupuesto para educación ha crecido un 82% respecto a 2019, los resultados muestran una realidad preocupante: menos estudiantes en las aulas, más deserción, mayor repitencia y un costo por alumno cada vez más alto, sin que esto se traduzca en mejoras sustantivas en la calidad del aprendizaje.
En 2024, el 91.48% del gasto educativo se destinó a cubrir gastos corrientes, dejando apenas un 6.54% para inversión en infraestructura y equipamiento. La inversión física —fundamental para ampliar y mantener los planteles escolares— se desplomó de RD$29,184 millones en 2013 a solo RD$10,102 millones en 2024.
Mientras tanto, las partidas para contratación de servicios y transferencias corrientes casi se duplicaron desde 2019, sin que exista evidencia de que este incremento haya mejorado la enseñanza, reducido la deserción o elevado los niveles de aprendizaje.
El presupuesto del INABIE pasó de RD$21,274 millones en 2019 a RD$35,581 millones en 2024, un incremento del 67%, pese a la reducción de la matrícula escolar. En el Programa de Alimentación Escolar, el gasto por estudiante aumentó un 45%, pero este incremento no se ha traducido en mejoras comprobables en la nutrición, la asistencia ni el rendimiento académico de los estudiantes.
Esta combinación de presupuestos crecientes y gestión deficiente tiene un reflejo directo en los indicadores educativos. Comparando el bienio prepandemia (2019-2020) con el período 2023-2024, la fotografía es preocupante:
- Promoción escolar: de 94.8% a 90.98%.
- Reprobación: de 2.65% a 4.52%.
- Abandono escolar: de 2.55% a 4.50%.
En cobertura, el panorama no es mejor:
- Inicial: de 57.11% a 59.90% (avance mínimo).
- Primario: de 94.88% a 92.60% (retroceso).
- Secundaria: de 72.14% a 70.70% (retroceso).
Incluso la Jornada Escolar Extendida, que debió completarse a nivel nacional, permanece inconclusa y con fuertes desigualdades territoriales: en 2024, Santiago alcanza 73.9%, mientras el Distrito Nacional apenas llega a 53.3%. Estos datos confirman que el aumento de recursos no ha resuelto los problemas estructurales que estaban en camino de solución y que se sigue sin alcanzar las metas que justificaron la inversión y lo que es peor, muchos padres y madres que reclaman la falta de cupos para sus hijos e hijas.
A esta falta de resultados se suman fallas graves en la gestión del recurso más determinante para la calidad educativa: el docente. La evaluación docente, prevista cada tres años en el Pacto Educativo y acordada con las autoridades, no se realiza desde 2017, privando al sistema de una herramienta clave para identificar necesidades, fortalecer competencias y elevar los estándares de enseñanza.
La falta de planificación estratégica quedó en evidencia en el concurso docente 2024-2025. El sistema necesitaba 8,024 docentes, pero terminó contratando 9,698 —1,674 más de lo requerido—, lo que equivale a un 121% de cobertura general. El desorden en la asignación es evidente: en Nivel Inicial, se requerían 915 maestros y se contrataron 2,763 (302% de cobertura); en Ciencias de la Naturaleza, 81 plazas fueron cubiertas con 352 docentes (435%); y en Educación Física, 446 plazas se cubrieron con 891 maestros (200%). Mientras tanto, áreas críticas quedaron prácticamente desiertas: en Educación Especial se necesitaban 413 docentes y solo se contrataron 0; en Formación Integral, Humana y Religiosa, 388 plazas recibieron apenas 19 docentes; y en Modalidad en Artes, 641 plazas fueron cubiertas con apenas 52 contrataciones. Este desequilibrio refleja una gestión ineficiente y desarticulada, incapaz de responder a las verdaderas prioridades del sistema educativo.
El problema no radica en la cantidad del presupuesto, sino en su mala asignación y deficiente ejecución. Los recursos no están orientados a generar cambios medibles en el aprendizaje, la equidad ni la permanencia escolar. En lugar de convertirse en una herramienta de transformación, el gasto educativo se ha reducido a un mecanismo para inercia administrativa y decisiones desconectadas de las necesidades reales.
Esperamos que las autoridades prioricen los acuerdos del Pacto Educativo, y realicen una rendición de cuentas real y pública sobre cada peso invertido, con indicadores de impacto claros y accesibles para la ciudadanía, revisen la inversión y destinen más fondos a infraestructura, mantenimiento y recursos directamente vinculados al aprendizaje, apliquen las evaluaciones docentes y de desempeño como herramienta de mejora continua y realicen una verdadera planificación basada en datos y evidencias, no en discursos, para cubrir vacantes críticas y cerrar las brechas de cobertura que hoy frenan el desarrollo educativo.
Con cinco años de gobierno y tres cambios de autoridades educativas, el país no puede seguir perdiendo tiempo ni recursos. La educación dominicana necesita gerencia, visión y voluntad política real para romper el círculo de la ineficiencia. Porque cada peso mal gastado es una oportunidad que se esfuma, y cada año perdido es una generación que queda atrás.
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